Después de agotar toda instancia judicial en la Argentina, el equipo de Cristina Kirchner formalizó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la condena en la causa Vialidad. La presentación no habla de un fallo aislado: apunta a los nueve magistrados que, en tres tribunales distintos, avalaron la sentencia que la condenó a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua. ¿Puede un organismo internacional torcer lo que ya sentenció la Justicia argentina?
La carta se publicó ayer, miércoles, en simultáneo con una conferencia de prensa y con columnas de opinión en medios como El País y Libération. El texto, titulado «El costo democrático de la politización de la Justicia», lleva la firma de Cristina Fernández de Kirchner y anuncia lo que su defensa ya había empezado a preparar desde hacía meses: una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentada al amparo del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que la Argentina ratificó.
El planteo llega después de que la Corte Suprema dejara firme la condena en 2025 y rechazara los recursos de la defensa, y después de que el máximo tribunal confirmara también el decomiso de casi 685 mil millones de pesos contra la expresidenta y los demás condenados en la causa. Según trascendió, la presentación no se queda en tres cuestionamientos genéricos: enumera ocho violaciones puntuales al Pacto. Invoca el artículo 25 por la proscripción electoral que habría perseguido la condena; el artículo 14 por atribuirle actos administrativos ajenos a su competencia, con eje en el Decreto 54/2009; el 14.1 por un supuesto mecanismo irregular de asignación de causas y vínculos entre jueces, fiscales y la oposición; el 14.2 por una presunción de culpabilidad previa al fallo, agravada según la defensa por declaraciones del propio Presidente; el 14.3 por la incorporación de prueba de otros expedientes sin posibilidad real de contradicción; el 14.5 porque la Cámara de Casación no habría examinado realmente los agravios; el 14.7 porque 49 de las 51 obras públicas investigadas ya habían sido archivadas o sobreseídas antes; y el 2.3, derecho a un recurso efectivo, por la actual composición de una Corte Suprema reducida a tres miembros. Como medidas cautelares urgentes, la defensa pidió tres cosas: suspender la inhabilitación perpetua, restituir la integración plena de la Corte y modificar el régimen de prisión domiciliaria, con el retiro de la tobillera electrónica y el fin de las restricciones de visitas entre los puntos centrales.
En su carta abierta, la expresidenta no se guarda matices. Habla de «machismo estructural» en el Poder Judicial, sostiene que la privación de la libertad es apenas la pena accesoria y que la verdadera condena es la proscripción perpetua, y llama a convocar a dos abogados internacionales, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, para que el caso «sea examinado con el rigor jurídico que merece». Ahí aparece la frase que más repercutió: que todos los jueces que participaron en su juzgamiento «serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos».
¿Qué significa eso en términos concretos? La causa Vialidad pasó, en rigor, por tres instancias. El juicio oral estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. La revisión posterior recayó en la Cámara Federal de Casación Penal, con Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Y el cierre, con el rechazo de los recursos extraordinarios, quedó en manos de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Son los nueve nombres que circularon estos días asociados a la denuncia, aunque vale la aclaración: la carta de Kirchner no los menciona uno por uno, habla de «todos los jueces argentinos» de manera genérica. La lista nominal es una construcción posterior, que surge de cruzar quiénes firmaron cada fallo.
La pregunta de fondo es qué margen real tiene un organismo como el Comité de Derechos Humanos de la ONU para torcer una sentencia que ya pasó tres veces por la Justicia argentina y que la Corte Suprema, la última palabra posible en el ordenamiento interno, dio por firme. El Comité no tiene poder para anular fallos ni para forzar su cumplimiento; sus dictámenes son recomendaciones, no sentencias ejecutables. Eso no le quita valor político al gesto, pero sí lo relativiza en términos estrictamente jurídicos.
Del otro lado del mostrador, la lectura es distinta. Para buena parte del arco judicial y de la oposición a Kirchner, la maniobra se lee como una estrategia de relato más que de derecho: llevar al plano internacional una batalla que ya se dio en todas las instancias domésticas disponibles. Para el kirchnerismo, en cambio, la apelación a la ONU confirma lo que vienen sosteniendo desde el fallo: que hubo lawfare, que la condena tuvo un objetivo político antes que judicial, y que la inhabilitación perpetua busca sacarla del tablero de 2027.
Lo que queda planteado, entonces, no es solo si la ONU va a intervenir o cómo. Es si esta jugada logra instalar en la agenda pública una discusión sobre las garantías del proceso, o si termina funcionando como un capítulo más de la batalla comunicacional entre Kirchner y el sistema judicial que la condenó.
