La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un recurso de amparo contra la reforma laboral que fue promulgada este mismo viernes por el Gobierno en el Boletín Oficial.
El organismo realizó la presentación ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y por sorteo recayó ante el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico, el mismo juez que en su momento había frenado el decreto de desregulación impulsado por el presidente Javier Milei a comienzos de 2024
La presentación fue firmada por el triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo, junto con dirigentes de los distintos sindicatos que integran la central obrera.
El recurso llegó a la Justicia luego de la movilización que la CGT realizó el lunes pasado hacia los tribunales de la calle Talcahuano, donde formalizó un pedido para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, expresó ante la prensa Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar en la puerta de los tribunales.
“La mal llamada ‘modernización’ implica una grave afectación de derechos colectivos e individuales que vulneran de forma expresa principios constitucionales”, sostuvo el documento difundido por la central obrera.
Entre los argumentos, la CGT advirtió que la nueva legislación desconoce el principio de progresividad o de no regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que impliquen retrocesos en los derechos laborales ya conquistados.
Además, el planteo que hicieron desde la CGT menciona la posible vulneración del principio protector del derecho laboral, basado en la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores y orientado a equilibrar esa relación para evitar abusos contra la parte más débil.
En esa línea, el escrito señala que podrían verse afectados derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección frente al despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical, la libre agremiación y el acceso a la seguridad social.
La central sindical también cuestionó aspectos puntuales de la reforma. Según indicaron, la normativa habilitaría jornadas laborales de hasta 12 horas, eliminaría el pago de horas extras, lo que implicaría una reducción salarial y suprimiría sanciones para empleadores que incumplan con aportes o vulneren la legislación laboral.
Asimismo, la CGT objetó la posibilidad de que las indemnizaciones por despido puedan pagarse en cuotas y mediante el denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
