Una de las reglas elementales de la política internacional consiste en identificar correctamente la naturaleza de cada controversia y reconocer quiénes son sus verdaderos protagonistas. Cuando las diferencias se desplazan de su lugar, los países pueden terminar convirtiendo en conflictos bilaterales asuntos que no lo son y favoreciendo, sin proponérselo, los intereses de terceros.
En las últimas semanas, el debate público en la Argentina y en Chile se alimentó de dos episodios diferentes. Por un lado, declaraciones de autoridades argentinas sobre el Estrecho de Magallanes fueron interpretadas en Chile como un cuestionamiento a su soberanía. Por otro, la anunciada apertura de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas generó preocupación en la Argentina porque esa conexión podría contribuir a consolidar la situación de hecho que el Reino Unido mantiene en el Atlántico Sur. Dos asuntos de distinta naturaleza comenzaron así a entrelazarse como agravios recíprocos.
Precisamente por eso resulta necesario ubicarlos correctamente. La Argentina y Chile no mantienen una controversia de soberanía sobre el Estrecho de Magallanes. La Cuestión Malvinas, en cambio, constituye una disputa pendiente entre la Argentina y el Reino Unido, reconocida como tal por las Naciones Unidas. Confundir ambos asuntos hasta convertirlos en una fuente de desconfianza entre Buenos Aires y Santiago sería un grave error estratégico.
La Argentina y Chile saben cuánto cuesta superar una historia de recelos. También saben el valor de haber transformado una extensa frontera —alguna vez percibida como una línea de separación y potencial conflicto— en un espacio de paz, cooperación e integración. Esa experiencia constituye uno de los logros más importantes de la democracia sudamericana y un patrimonio político que ambos países deben cuidar.
El primero de esos episodios tuvo su origen en recientes declaraciones de autoridades argentinas que, por su formulación ambigua, fueron interpretadas en Chile como un cuestionamiento a la soberanía de ese país sobre el Estrecho de Magallanes. Esa lectura no se corresponde con la posición del Estado argentino ni con los tratados vigentes, que establecen el régimen jurídico del Estrecho, garantizan su libre navegación y reconocen inequívocamente la soberanía chilena.
A esas declaraciones se suma un antecedente escrito que contribuye a alimentar aquella interpretación y que la Argentina debe corregir. El Decreto 457 de 2021, originado en el Ministerio de Defensa, propuso la “exploración, estudio y control conjunto” del Estrecho y el mar de Hoces. La cooperación entre ambos países es deseable, pero la expresión “control conjunto”, aplicada al Estrecho, fue un error. Mantenerla vigente solo favorece interpretaciones equivocadas. Sustituirla formalmente no supondría una concesión, sino un acto de coherencia jurídica y claridad política.
El segundo episodio plantea un problema de otra naturaleza. La anunciada apertura de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las islas constituye una decisión que Chile puede adoptar en ejercicio de su soberanía. Pero una iniciativa de esa naturaleza trasciende el plano comercial y debe ser analizada también a la luz de sus consecuencias políticas e internacionales.
De ninguna manera la cuestión no pasa por pretender indicar a Chile con quién puede comerciar. La preocupación argentina es de otra naturaleza: una conexión regular contribuiría a integrar económicamente las islas ocupadas con el continente e, inevitablemente, facilitaría las actividades unilaterales británicas de exploración y explotación de recursos naturales en los espacios marítimos en disputa. Terminaría así ayudando a consolidar la situación de hecho que el Reino Unido procura convertir en permanente.
Allí aparece una tensión que Chile deberá resolver entre el ejercicio de su soberanía comercial y la posición clara que sostiene desde hace décadas en respaldo de los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Señalar esa tensión no implica desconocer la autonomía chilena, sino confiar en que las decisiones concretas puedan guardar correspondencia con una política que Chile ha defendido consistentemente en las Naciones Unidas y en los foros regionales.
La integración no exige que los países renuncien a sus intereses nacionales. Exige comprender que, en determinadas materias, esos intereses se protegen mejor mediante la coordinación que a través de decisiones aisladas. La energía, los puertos, la infraestructura, la proyección antártica, las rutas oceánicas y los recursos del Atlántico Sur y el Pacífico Sur conforman una agenda que reclama más cooperación entre la Argentina y Chile, no nuevas sospechas.
El Reino Unido no necesita generar una ruptura entre ambos países para beneficiarse. Le basta con que nuestras diferencias absorban la atención política, debiliten la solidaridad regional y desplacen el centro del debate. Cada discusión que enfrenta a Buenos Aires con Santiago aleja la mirada de la verdadera controversia: la persistente negativa británica a reanudar las negociaciones de soberanía reclamadas por las Naciones Unidas.
La respuesta no debería limitarse a desmentir declaraciones o intercambiar recriminaciones. La Argentina debe corregir el error contenido en el Decreto 457 de 2021. Ambos gobiernos, por su parte, deberían utilizar los mecanismos bilaterales existentes para conversar anticipadamente sobre las consecuencias estratégicas de las decisiones que adopten en el extremo austral. La confianza se preserva mediante reglas claras, consultas oportunas y una comprensión compartida del escenario regional.
La sensatez no consiste en minimizar las diferencias, sino en ubicarlas correctamente. El Estrecho de Magallanes no es una cuestión de soberanía pendiente entre la Argentina y Chile. Las Malvinas sí son una disputa pendiente entre la Argentina y el Reino Unido. Evitar que ambos asuntos se mezclen hasta enfrentar a Buenos Aires con Santiago es una responsabilidad compartida. También es una manera concreta de defender la integración regional e impedir que la disputa equivocada beneficie al único actor interesado en que nada cambie.
Jorge Argüello. Presidente Fundación Embajada Abierta. Ex Embajador ante ONU, Estados Unidos, Portugal y Cabo Verde
