Hablar de financiamiento universitario es mucho más que discutir números. Es debatir qué país queremos construir y cuáles son las oportunidades que estamos dispuestos a garantizar a las próximas generaciones. La educación superior pública, gratuita y accesible no constituye una concesión del Estado, sino un derecho reconocido por nuestra Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a ella.
Cuando hablamos de acceso a la educación universitaria solemos pensar únicamente en la existencia de universidades. Sin embargo, el verdadero acceso implica mucho más: que los estudiantes puedan llegar a ellas, permanecer en el sistema y graduarse. Para ello son indispensables políticas públicas que contemplen la realidad social y territorial de la Argentina.
En provincias extensas y con profundas asimetrías internas, como ocurre en el Chaco, la presencia de universidades en puntos estratégicos del territorio representa una herramienta concreta de federalización. Durante décadas, miles de jóvenes debieron abandonar sus comunidades para continuar estudios superiores. La expansión universitaria permitió acercar oportunidades, generar arraigo y promover el desarrollo local. Allí radica una de las principales funciones de la universidad pública: igualar posibilidades donde antes existían desigualdades estructurales.
En este contexto, el financiamiento universitario adquiere una dimensión central. No se trata únicamente del sostenimiento edilicio o administrativo de las instituciones. También involucra salarios docentes y no docentes, programas de investigación, extensión universitaria, infraestructura tecnológica y, especialmente, sistemas de becas que permiten a estudiantes de menores recursos económicos acceder y permanecer en la universidad.
La reducción de programas de apoyo estudiantil impacta directamente sobre el acceso real a la educación superior. Las becas constituyen instrumentos destinados a compensar desigualdades económicas preexistentes y garantizar que las condiciones socioeconómicas de una persona no determinen su futuro académico. Sin estas herramientas, el derecho formal puede transformarse en una posibilidad inaccesible para miles de jóvenes.
Por otra parte, el debate reciente sobre la Ley de Financiamiento Universitario también plantea una cuestión institucional de enorme relevancia. En una república, las leyes aprobadas por los mecanismos constitucionales correspondientes deben ser respetadas y cumplidas. Más allá de las posiciones políticas circunstanciales, el fortalecimiento de las instituciones exige preservar el equilibrio entre los poderes del Estado y garantizar seguridad jurídica en las decisiones públicas.
La universidad pública argentina ha sido históricamente una de las grandes políticas de movilidad social ascendente del país. Ha permitido que generaciones enteras de estudiantes se conviertan en profesionales, investigadores, docentes, emprendedores y líderes comunitarios. Constituye una de las herramientas más poderosas para construir ciudadanía, desarrollo económico y cohesión social.
Por eso, defender el financiamiento universitario no significa defender a una institución en particular. Significa defender la posibilidad de que cualquier joven argentino, independientemente de dónde haya nacido o cuál sea su situación económica, pueda acceder a una formación superior de calidad. En definitiva, significa defender uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye una sociedad más justa, más democrática y más federal.
Recientemente, el CIN y el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, suscribieron un acta acuerdo que establece un aumento salarial del 21,3%, más un 3% en octubre, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento y un aumento del 50% en las becas estudiantiles. Si bien estas cifras no alcanzan a compensar el deterioro acumulado de los salarios ni a revertir integralmente las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema universitario durante los últimos 29 meses, evidencian una voluntad de diálogo entre las partes orientada a mejorar la situación del sector y avanzar hacia el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ya aprobada por el Congreso.
El acuerdo alcanzado constituye un alivio concreto para docentes, no docentes y estudiantes que durante los últimos meses sostuvieron el funcionamiento de las universidades en un contexto crítico. No obstante, las medidas acordadas resultan insuficientes para revertir completamente las pérdidas acumuladas y los desafíos que aún enfrenta el sistema. Por ello, este avance debe ser valorado como un punto de partida para continuar trabajando a fin de garantizar una universidad pública fuerte, accesible y con un financiamiento acorde a su función estratégica para el desarrollo del país.
Por Germán Oestmann
Rector de Uncaus.
