El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya descargó y analiza el contenido de un teléfono y una computadora de un exdirectivo de la AFA que fue clave en la estrategia comercial de la entidad que presidente Claudio «Chiqui» Tapia. La información fue revelada este miércoles por La Nación.
Se trata de Leandro Petersen, quien fue director Comercial y de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino desde 2017 y días atrás confirmó su decisión de dar un paso al costado al tiempo que avanza en Estados Unidos una investigación sobre el circuito por el que habrían sido desviados millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio de la selección argentina.
En ese recorrido, según investigan fiscales de Florida, aparecen sociedades radicadas en Estados Unidos y España, empresas intermediarias, contratos con plataformas de criptomonedas y una serie de operaciones financieras que hoy son analizadas por el FBI y por fiscales federales de Miami y Washington.
Petersen no explicó los motivos de su salida, aunque en un acto realizado en Ezeiza sostuvo que la decisión ya había sido conversada con Tapia incluso antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Licenciado en Comercialización y especializado en marketing deportivo, Petersen desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol argentino antes de desembarcar en la AFA. Trabajó en las áreas comerciales y de marketing de Vélez y Rosario Central, club en el que consolidó una estrecha relación con Gonzalo Belloso. En 2017 asumió como responsable comercial de la AFA y encabezó el proceso de expansión internacional de la marca, con la incorporación de decenas de patrocinadores y acuerdos comerciales en distintos mercados.
Como informó Clarín, fuentes judiciales señalaron que Petersen es el testigo que no se presentó ante el Gran Jurado de Miami que investiga los movimientos financieros sospechoso de TourProdEnter en bancos de EE.UU.
Petersen, que fue apuntado como un presunto testigo clave en la investigación, se encuentran en lo que en EE.UU. denominan “negociación judicial” con el fiscal, lo que le podría permitir quedar en una mejor posición.
La investigación en Estados Unidos intenta determinar si parte de los más de 300 millones de dólares que recaudó TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni con sede en Miami, fue derivada mediante sociedades vinculadas hacia terceros sin una justificación económica aparente.
Según información incorporada a la causa, patrocinadores como Adidas y Warner depositaron fondos en cuentas abiertas por TourProdEnter en Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. Desde allí, aproximadamente 40 millones de dólares habrían sido transferidos a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC, empresas que los investigadores intentan determinar si desarrollaban una actividad económica real o si actuaban únicamente como vehículos para redistribuir fondos.
El uso del sistema bancario estadounidense es uno de los aspectos que explica la competencia de la Justicia federal de ese país. Para los fiscales, cualquier maniobra que utilice bancos radicados en Estados Unidos puede constituir una afectación de su sistema financiero, criterio similar al utilizado durante la investigación del FIFA Gate.
Casación define la competencia del juez que investiga la causa por la mansión de Pilar atribuida a Toviggino
En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky reciben este miércoles en audiencia a Luciano Pantano y su madre jubilada, apuntados como testaferros de Toviggino, quienes, por segunda vez, reclaman que la causa de la mansión de 17 millones de dólares vuelva al juez de Zárate-Campana, Adrián Gonzalez Charvay –a quien la AFA considera un magistrado amigo- y se la saquen a la juez porteña Verónica Charvay.
Barroetaveña y Borinsky tendrán cinco días hábiles para votar. Hace dos meses atrás, Casación ya había decidido dejar en la Cámara en lo penal económico la determinación de la competencia de la causa y se votó a favor de la jueza porteña Verónica Straccia porque los hechos de lavado ocurrieron en la CABA, aunque la mansión tenga domicilio en Pilar.
Como precisó Clarín, trata de un pedido clave porque un sector de la justicia y el kirchnerismo quieren proteger a Tapia y Toviggino reenviando la causa penal a Gonzalez Charvay y el control administrativo en la dirección de empresas jurídicas del gobierno de Axel Kicillof y no la Inspección General de Justicia de la Nación.
Este martes, en un jugada táctica, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió pidió que Barroetaveña se inhiba de decidir en la causa por haber integrado el tribunal de ética de la AFA.
