La Cámara Federal porteña resolvió en las últimas horas que el Juzgado Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, continúe interviniendo en todas las causas vinculadas a los millonarios créditos que el Banco Nación le otorgó a funcionarios nacionales, en una disputa de competencia que mantenía con el Juzgado Federal 4 de Ariel Lijo.
La decisión fue firmada por el camarista Eduardo Farah, quien señaló que las distintas denuncias presentadas investigaban «los aspectos fácticos de un mismo suceso» y, por lo tanto, correspondía aplicar las reglas de conexidad previstas en la Acordada 4/2017 de la Cámara Federal.
En ese marco, el fallo determinó que la totalidad de las causas sobre este tema debía quedar radicada en el juzgado que recibió la primera «denuncia válida», en referencia al expediente 1364/2026 que tramita en el juzgado de Capuchetti.
En la resolución, Farah detalló que las cuatro denuncias fueron enviadas por correo electrónico entre el pasado 2 y el 13 de abril y enumeró sus autores: Daniel Sarwer, Mónica Frade, Alejandro Díaz Pascual y Fernando Miguez.
De acuerdo con la resolución firmada por Farah, la denuncia inicial fue presentada el 2 de abril por la mañana y quedó radicada en el Juzgado Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo. En tanto, una segunda presentación realizada ese mismo día por la diputada nacional Mónica Frade, integrante de la Coalición Cívica, ingresó cerca de las 18 y fue enviada al juzgado de María Eugenia Capuchetti.
En tanto, el camarista sostuvo que, si bien bajo los criterios establecidos en la acordada correspondiente las actuaciones deberían haber quedado en manos de Lijo, la primera denuncia, presentada por Daniel Sarwer, no reunía condiciones mínimas para avanzar. Según argumentó, el escrito carecía de «un mínimo de lógica, no exclusivamente jurídica».
«Ante los defectos que se observan en el escrito del nombrado, los que no fueron saneados luego por una ratificación, escrito complementario u otro acto de entidad similar, la adjudicación debe resolverse por la primera denuncia válida», indicó Farah en la resolución. Al considerar la presentación de Frade como la primera denuncia válida, la competencia de todas las causas vinculadas a la asignación de créditos del Banco Nación quedó concentrada en el juzgado de Capuchetti.
La diputada por la Coalición Cívica reclamaba una pesquisa judicial para determinar si hubo irregularidades que pudieran configurar delitos como «tráfico de influencias» y «administración fraudulenta», luego que se conoció el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a miembros del equipo económico del gobierno de Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza, a quienes se les otorgaron el equivalente de hasta US$ 350.000.
En su presentación, Frade advirtió que varios de los créditos otorgados no guardarían relación con los ingresos declarados por sus beneficiarios y cuestionó que el Banco Nación haya evaluado adecuadamente la capacidad de repago de quienes accedieron a esos préstamos. «El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora», sentenció.
«Se hace necesario que la Justicia determine si los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y legisladores, con fondos del Banco Nación, son resultado de la aplicación estricta de su manual interno de procedimiento o, por el contrario se han otorgado relajando los celosos requisitos que se aplican para cualquier ciudadano», había indicado la diputada en declaraciones a Clarín.
En la lista de funcionarios que sacaron préstamos hipotecarios en el Banco Nación hay integrantes del equipo económico. Los dos con créditos más altos son el de Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del BCRA, y Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
En los dos casos, el crédito es equivalente a unos US$ 350.000 en el momento en que fueron adjudicados. Para Inchauspe fueron $510 millones en diciembre pasado y, para Núñez, $373 millones en febrero del año pasado.
En la denuncia, Frade detalló que «algunos de los funcionarios beneficiados, habían sido: Juan Pablo Carreira, quien dirige las milicias digitales, a cargo de la reciente Oficina de Respuesta Oficial (113 millones); Pedro Inchauspe (director del central $ 510 millones), Felipe Nuñez (Director del BICE, préstamos de 510 millones de pesos), asesor de Santiago Caputo, Federico Furiase, Secretario de Finanzas (376 millones de pesos), Juan Pedro Inchauspe (integrante del directorio del BCRA) , Emiliano José Mongilardi (Director de YPF, en 309 millones de pesos), los diputados Mariano Campero, Santiago Santurio ( 340 millones en julio del 2025), Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni».
