Mientras Cristina Kirchner y sus hijos buscan detener ante la Corte Suprema el proceso de ejecución patrimonial por la causa Vialidad, en Comodoro Py avanza el proceso para decomisar 141 bienes entre los que figuran los US$ 5 millones de Florencia Kirchner secuestrados en la causa Hotesur. Sobre esos fondos, el Tribunal aguarda los últimos informes del Banco Galicia para decomisarlos.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso es el responsable de ejecutar -hace un año-, la pena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado que pesa sobre Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti, entre otros.
Una de las consecuencias inmediatas de la sentencia efectiva, tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2025, no es sólo la privación de la libertad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, sino también el decomiso de bienes. Este último, es el camino a través del cual se busca recuperar los 685.000 millones de pesos que se fijó como monto del fraude ocasionado a través de las 51 licitaciones direccionadas, plagadas de irregularidades, con sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.
Hace veinte días, la Cámara de Casación dejó firme la orden que el TOF 2 había tomado en noviembre pasado: avanzar en el decomiso de 111 bienes muebles e inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. La ex presidenta y sus hijos, fueron en queja ante el máximo tribunal para suspender esa ejecución patrimonial, sin embargo en Comodoro Py sostienen que ese recurso interpuesto no suspende la decisión ya ratificada: comenzar a ejecutar bienes de los nueve condenados para comenzar a cubrir el fraude multimillonario.
En tanto, el juez Rodrigo Giménez Uriburu en su carácter de presidente del TOF 2 y responsable de la ejecución de la pena, exigió a los diversos organismos correspondientes como el Registro de la Propiedad Inmueble, los informes de 141 propiedades, que -en su mayoría- pertenecen a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez.
El Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores.
Junto a un exhaustivo detalle de propiedades, los fiscales Luciani y Mola reclaman como parte del decomiso los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y 53.280,24 pesos.
Ese dinero corresponde a las divisas que, según la justicia federal, la familia Kirchner “nunca logró justificar” en cuanto a su origen lícito. Pertenece secuestrado en el marco de la causa Hotesur donde Cristina y Máximo Kirchner se encuentran procesados y enviados a juicio oral por el delito de asociación ilícita y lavado de activos.
Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales las medidas que se impulsaron son para “proveer sobre los bienes que el Ministerio Público identificó como susceptibles de decomiso”. A esta fecha y con un importante fallo por parte de la Cámara de Casación que allana el camino, en su amplia mayoría, esas medidas están cumplidas.
Eso incluye la respuestas que ya ingresó al TOF 2 por parte de los organismos oficiales correspondientes. Sin embargo, faltan algunas cosas puntuales, entre las que se destaca la información que debe remitir el Banco Galicia sobre el dinero embargado en la causa Hotesur, es decir: los U$S 5 millones que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad.
¿Por qué se avanza sobre ese dinero? El TOF 2 cuando en noviembre pasado ordenó ejecutar la primera tanda de bienes como parte del decomiso, estableció un criterio central: todo aquellos que los condenados incorporaron a sus respectivos patrimonios entre los años 2003 y 2015, que fue cuando se desarrolló la maniobra defraudatoria, será factible de ser ejecutado.
En esta segunda tanda de bienes identificados por el Ministerio Público se sumó el hotel Alto Calafate de los cuales también se aguarda documentación, el departamento de San José 1111 que es propiedad de la inmobiliaria Los Sauces SA (la firma de la familia Kirchner investigada por lavado de dinero), como así también, la residencia de Río Gallegos ubicada en la costanera local y la casa de El Calafate, entre otros.
El listado incluye los dólares que Cristina Kirchner dejó bajo la titularidad de su hija Florencia y que para la justicia son producto de las maniobras de lavado de activos.
El objetivo central es cubrir la cifra que los peritos contables de la Corte fijaron en 684.990.350.139,86 pesos, algo que el fiscal Luciani en su pedido de decomiso calificó como “la defraudación colosal a la Administración pública”.
A criterio del representante del Ministerio Público, muchos de los condenados “registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”.
Como el TOF 2 ordenó avanzar sobre todos los bienes incorporados al patrimonio de los acusados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, se ordenó que en la primera tanda por la cual la ex Presidenta fue en queja a la Corte, se avance sobre 19 inmuebles que Cristina Kirchner le heredó a sus hijos en 2016, a título gratuito y en partes iguales. Para la justicia, fueron incorporados a la fortuna de la ex mandataria mientras se produjo la administración fraudulenta.
Al momento de impulsar un segundo pedido de decomiso, el fiscal Diego Luciani lo argumentó de la siguiente manera: “Para la sociedad argentina —cuyos intereses generales este Ministerio Público Fiscal representa—, es fundamental que la Justicia exija el acatamiento estricto de la ley a todas las personas por igual. En otras palabras, para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a recuperar los activos provenientes de los delitos”.
En especial, dijo Diego Luciani, “de la gran corrupción”. Y añadió a su explicación: “Se trata, ni más ni menos, de reparar los daños que se le provocaron a la sociedad y de restaurar la confianza en las instituciones públicas luego de 12 años de un sistema de corrupción que socavó la democracia y los derechos humanos de las personas más vulnerables”.
El máximo tribunal penal afirmó que carece de sentido que el Estado imponga una condena penal y “permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”. Esa premisa estuvo acompañada de otro concepto: si bien el decomiso es una consecuencia patrimonial accesoria, “forma parte de la reacción estatal frente al delito y cumple la función institucional clave de reafirmar la vigencia de la norma vulnerada y el consenso social sobre la ilicitud de los hechos”.
Así, la Cámara de Casación al ordenar la ejecución patrimonial de 111 inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal, fue determinante al sostener que el decomiso “no sólo busca recuperar activos, sino también expresar de manera clara que quienes se beneficiaron de una maniobra ilícita no pueden conservar, ni directa ni indirectamente, las ventajas económicas obtenidas”.
La ejecución efectiva del decomiso que consideraron los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky se fijó bajo los argumentos correctos por parte del Tribunal que ejecuta la pena del caso Vialidad, allana el camino para una nueva decisión que se debe tomar sobre más propiedades de Cristina Kirchner, principal condenada en este expediente.
