El juez de Garantías de La Plata, Agustín Crispo, se declaró incompetente y mandó la causa del Patronato de Liberados de la Plata por el juego ilegal en la provincia de Buenos Aires al juez federal de turno de La Plata.
Pero por coincidencias en los imputados y las maniobras esta causa podría terminar en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte. Y si eventualmente se fusionan se constituirá el más grande expediente sobre el juego clandestino on line –sobre todo el vinculado a las apuestas de fútbol- con ramificaciones aún desconocidas y por montos que superan los 2 billones de pesos en total.
Crispo avaló, hasta la semana pasada, la investigación de la fiscal Betina Lacki quien había logrado la detención de una funcionaria del Patronato donde conseguí los datos biométricos de ex presos a cambio de 80 mil pesos lo que permitió movilizar más de 27 mil millones de pesos.
Pero consideró que el delito era de competencia de la Justicia Federal y se declaró incompetente en la causa que pasará a un juez federal de La Plata. A su vez, Rodríguez Ponte, determinó que la financiera Sur Finanzas de Ariel Vallejo movió en una sola cuenta 1,73 billones de pesos (unos mil millones de dólares) luego de una serie de maniobras supuestamente relacionadas con el dólar blue, la evasión de impuestos y el juego ilegal.
En el procesamiento de 250 páginas de Vallejo y otras 17 personas y 9 empresas por asociación ilícita, lavado y evasión fiscal, Rodríguez Ponte y citó la causa de La Plata, como un punto central a investigar.
Mientras, con la visita del Papa León XIV crece la presión al Senado por la Ley de Ludopatía, que fue aprobada por Diputados en 2024 pero la Cámara Alta nunca la trató pese a que la impulsa la Iglesia Católica. Si no lo hacen antes del 30 de noviembre el proyecto perderá estado parlamentario y la discusión tendría que empezar otra vez de cero.
Por su parte, el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia Gonzalo Atanasof admitió que “el 80 por ciento del juego ilegal se realiza en sitios ilegales” de Internet, en una defensa de las empresas de apuestas legales como Bet365, Betano, Betsson, Betwarrior, Bplay, Sportbet y Stake, lo que habla de la magnitud del problema.
En el procesamiento de Vallejo, el juez Rodríguez Ponte citó parte del dictamen de la fiscal Cecilia Incardona que atribuyó parte de los fondos que circularon por la plataforma de Sur Finanzas PSP S.A. Están relacionados con la explotación de un casino online clandestino”. En particular, se refiere a “fondos que habrían ingresado a través de las billeteras de Ignacio Leonel Marchioni, Catriel Taubenschlag y Juan Ignacio Campoli Sillero”, entre otros, quienes también están siendo investigados por la Justicia federal de La Plata.
Y Rodríguez Ponte también puso la lupa sobre giros de Sur Finanzas a “Pagos Dica S.A., que totalizan $14.898.126.922 entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025 y de las cuales $2.160.563.306 corresponden al mismo día de los allanamientos”.
Por su parte, el fiscal bonaerense Alejandro Musso investiga, en una tercera causa, a una organización vinculada con casinos online presuntamente ilegales donde “Pagos Dica aparece como receptora de fondos” sospechosos. Y por una cuestión de economía procesal, es esperable que se unifiquen estas causas, en algún momento.
Las billones que manejó Sur Finanzas
La financiera Sur Finanzas de Adrogué, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, montó una estructura de empresas que movió sumas multimillonarias entre 2020 y 2025, mientras los organismos de control no lograban frenar sus operaciones sospechosas.
Solo una billetera virtual de Sur Finanzas recibió 1,73 billones de pesos, equivalentes a unos 1.102 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual del Banco Nación, entre enero de 2024 y octubre de 2025.
El magistrado también le dictó la prisión preventiva y ordenó embargos por más de 215.000 millones de pesos. Pero la investigación, impulsada por la fiscal federal Incardona, está lejos de terminar.
Ahora la Justicia deberá profundizar el rastreo del origen de semejante cantidad de dinero. Entre las hipótesis aparecen las ganancias del «rulo financiero» (comprar dólares al gobierno al valor oficial y venderlo al valor del blue»), del juego clandestino, los préstamos a clubes de fútbol, y la evasión de impuestos.
Sin embargo, el tamaño de las operaciones plantea un interrogante central: ¿cómo pudo funcionar durante años semejante circuito financiero sin que los organismos estatales detectaran y detuvieran a tiempo las presuntas irregularidades?
La historia comenzó en agosto de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cuando Vallejo, su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y una socia adquirieron Centro de Inversiones Concordia SRL, una agencia de cambios de Entre Ríos.
Esa empresa se convirtió en el punto de partida de un conglomerado de aproximadamente quince sociedades que terminaría operando bajo el nombre comercial de Sur Finanzas.
Vallejo tenía una definición particular para explicar su negocio. Lo llamaba “Banco No Banco” (BNB), porque ofrecía distintos servicios financieros mediante empresas separadas, sin contar con una licencia bancaria tradicional.
En una publicación de Instagram, reproducida por la fiscalía, explicó que había organizado tres mostradores: uno para administrar cajeros, otro para otorgar créditos y un tercero para comprar y vender divisas.
“El Banco Central al (Sur Finanzas) no ser Banco, no te deja objetivamente tener un solo CUIT de todas las actividades”, sostuvo Vallejo, en su indagatoria.
Para los investigadores, esa explicación resulta reveladora. Sostienen que el empresario reunió actividades propias de un banco mediante sociedades formalmente independientes, pero sometidas a una misma conducción.
Las primeras alarmas
Los movimientos sospechosos comenzaron a aparecer en Centro de Inversiones Concordia, la agencia de cambios adquirida por Vallejo y su madre.
Según la investigación, el Banco Central detectó excesos de tenencia de moneda extranjera por más de 103,5 millones de dólares respecto de los límites autorizados, durante el gobierno de Alberto Fernàndez y Cristina Kirchner.
En 2022, las cuentas de la agencia recibieron más de 4.040 millones de pesos, mientras sus ventas declaradas alcanzaron aproximadamente 2.440 millones.
La diferencia entre ambas cifras llamó la atención de los investigadores. En 2023, las acreditaciones llegaron a casi 16.000 millones de pesos, sin que la empresa presentara la correspondiente declaración jurada sobre el origen de los fondos.
El 3 de octubre de 2023, el Banco Central abrió el sumario cambiario 8130, mediante la Resolución 359, por haber incrementado sus tenencias de moneda extranjera sin autorización previa.
Es decir, el organismo había advertido al menos una irregularidad cambiaria. Sin embargo, esa actuación no impidió que el grupo continuara expandiendo sus negocios financieros mediante otras sociedades.
Cuando Centro de Inversiones Concordia solicitó su baja como operadora cambiaria, a fines de 2022, parte de sus fondos había comenzado a trasladarse hacia cuentas personales de los socios y empresas vinculadas.
Según la hipótesis judicial, ese dinero fue utilizado posteriormente para financiar nuevas sociedades y adquirir bienes. Los investigadores buscan reconstruir el recorrido completo de esos fondos.
La cuenta que recibió 1,73 billones de pesos
El capítulo más llamativo del procesamiento aparece en el análisis de los extractos bancarios entregados por el Banco Industrial en la causa.
La cuenta número 656682/8, utilizada por Sur Finanzas PSP SA, registró entre enero de 2024 y octubre de 2025 acreditaciones por exactamente 1.732.232.091.778 pesos.
El dinero ingresó mediante unos 16,4 millones de acreditaciones. No se trataba de una billetera individual, sino de una cuenta bancaria vinculada con la plataforma de pagos del grupo. En un comunicado, el Banco Industrial informó que «desde el primer momento, activó los protocolos correspondientes y se encuentra colaborando con las autoridades judiciales competentes para brindar la información solicitada en tiempo y forma.»
El crecimiento fue extraordinario. En enero de 2024, la cuenta recibió 8.693 millones de pesos. En junio de 2025, las acreditaciones mensuales ya alcanzaban los 216.567 millones.
El juez también analizó información de ARCA sobre 1.563 contribuyentes vinculados con acreditaciones por aproximadamente 818.000 millones de pesos.
Entre ellos aparecieron monotributistas de categorías bajas y personas sin inscripción tributaria compatible con el volumen de dinero que circulaba por sus cuentas.
También se identificaron cuentas asociadas a empleados del grupo y direcciones de correo electrónico creadas en serie, una circunstancia que despertó sospechas sobre la verdadera identidad de quienes operaban.
Otra parte del dinero ingresaba en efectivo. Los portavalores de Sur Finanzas trasladaban billetes hasta las entidades bancarias para depositarlos en cuentas de las sociedades.
Uno de esos empleados -que cobraba una asignación universal por hijo- depositó personalmente más de 1.846 millones de pesos, según la documentación analizada por el juzgado.
Además, una certificación presentada por Vallejo para justificar el origen de los fondos omitió aproximadamente 19.938 millones de pesos acreditados durante enero de 2025.
Para Rodríguez Ponte, estos movimientos constituyen indicios de un mecanismo destinado a recibir, mezclar y distribuir fondos de presunto origen ilícito.
El fútbol y el juego clandestino
Uno de los próximos desafíos de la investigación será determinar qué proporción del dinero procedía de actividades legales y cuál pudo tener origen delictivo.
Los investigadores pusieron bajo la lupa los préstamos y operaciones financieras con clubes de fútbol, entre ellos Banfield, San Lorenzo y Argentinos Juniors.
Sur Finanzas había desarrollado vínculos comerciales con distintas instituciones deportivas mediante créditos, descuento de cheques y acuerdos de patrocinio.
El juez deberá profundizar si esas operaciones respondían a negocios financieros genuinos o si algunas fueron utilizadas para justificar movimientos de dinero de procedencia irregular.
Los millones que no llegaron al Estado
El procesamiento también incluye presuntas maniobras de evasión tributaria que habrían permitido a las empresas conservar fondos que debían ingresar al Estado.
Según el fallo, la evasión del IVA y del impuesto a las ganancias de la billetera virtual superó los 12.200 millones de pesos.
A eso se agregan más de 9.850 millones correspondientes a percepciones del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios que la empresa habría dejado de practicar entre 2023 y 2025.
El magistrado también examinó irregularidades tributarias de otras sociedades, la situación fiscal de la madre de Vallejo y la presunta apropiación de aportes previsionales retenidos a empleados.
Parte de las ganancias investigadas habría terminado convertida en inmuebles, automóviles de lujo y participaciones en nuevas sociedades.
Entre las operaciones aparecen una propiedad en un country de Canning por 500.000 dólares, seis unidades en Adrogué por 600.000 dólares y un lote en San Vicente por 400.000 dólares.
También figura la famosa Ferrari California negra utilizada por Vallejo, que fue vendida pocos días después de los allanamientos de diciembre de 2025 a una jubilada cuya capacidad económica fue cuestionada por los investigadores y que se convirtió en un símbolo del caso.
