“Todo comenzó el sábado 27 de junio: un montón de chicas empezaron a subir historias explicando lo que pasaba, indignadas”. La estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) que habló con Clarín intentaba recuperar el momento en que se destapó, entre los propios chicos, que existía un grupo de WhatsApp en el que varias decenas de varones de distintas instituciones, principalmente dos de los secundarios de la UBA, la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” (ESCCP) y el CNBA, hacían circular, para su comercialización, videos y fotos alterados con inteligencia artificial, en los que alumnas de esas instituciones aparecían sexualmente vulneradas: por artilugio digital, lucían casi sin ropa o incluso desnudas.
A última hora de este miércoles arrancaron oficialmente dos investigaciones del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, en base a una serie de actuaciones de oficio de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), a cargo de Daniela Dupuy.
Fuentes reservadas señalaron que habrían participado también alumnos de la Escuela Normal Nº1 en Lenguas Vivas “Presidente Roque Sáenz Peña”. Al cierre de esta nota, Clarín no había logrado confirmar oficialmente la información.
El dato, no obstante, está en sintonía con una apreciación de la alumna citada arriba, que sabiamente dimensiona la cuestión: “Más allá de que sí había más víctimas y victimarios del ‘Pelle’, y algunos del Buenos Aires, todo va más allá. El tema no es de ningún colegio en particular porque es un grupo de WhatsApp”.
Una de las inquietudes que transmiten familias de estas instituciones es por la seriedad y la celeridad con que las autoridades de los establecimientos actuaron frente a la problemática. Familias de la ESCCP reclamaban el martes que, además de que la escuela «no hizo nada» y que no hay Educación Sexual Integral (ESI), quedaba expuesto un problema de “tiempos”.
Tenían entendido que la escuela no había denunciado formalmente el tema, cosa que Ana Barral, rectora del Pellegrini, desmintió esa misma tarde, en diálogo con Clarín. La denuncia ingresó en la Justicia el jueves 8 de julio, una semana y media después de la explosión del escándalo.
Circula como trascendidos que una de las investigaciones se enfoca en la difusión de imágenes íntimas retocadas, que habrían sido en principio capturadas de los perfiles online, o sea de las redes sociales de las víctimas. La otra investigación se centraría en presuntas amenazas de compañeros, que empezaron a armar lo que algunos califican como “listas negras” de los posibles responsables.
Una particularidad de este caso, que representará un verdadero desafío para la primera de esas investigaciones, es que la finalidad de trastocar, con inteligencia artificial, las fotos para virtualmente desvestir y desnudar a las nenas y adolescentes (trascendió que los involucrados no superarían los 14 años o 15 años), tenía como finalidad la venta de esos materiales. Una fuente reservada apuntó que ese aspecto se da de frente con un vacío legal.
Más allá de ese desafío jurídico (¿agrava legalmente la cuestión que, además de exponer y vulnerar la intimidad de las adolescentes, se quisiera hacer dinero con las imágenes?), sobresale, sin dudas, un descomunal desafío social: (1) menores de edad que utilizan las herramientas de la IA para generar y difundir información falsa; para lo que (2) vulneran la intimidad -con un ensañamiento de género- de otras menores de edad; para lo que a su vez (3) promueven la actividad con la confianza de que así generarán “dinero rápido”, síntoma irremediable de lo más grotesco de la Argentina actual.
Ciberdelito, género y listas negras
En cuanto al CNBA (o como dicen sus alumnos, “el Nacional”), el vicerrector Gustavo Romero confirmó este jueves que no hicieron una denuncia porque tampoco recibieron ellos mismos un reclamo al interior de su comunidad escolar. No obstante, el tema está presente: entre los miembros del grupo de WhatsApp señalado había varones y -aseguraron otras fuentes consultadas- también víctimas de esa institución escolar.
Al igual que el Pellegrini, en el Buenos Aires aplicaron los respectivos protocolos obligatorios para las secundarias de la UBA correspondientes a violencia digital y de género. Además, enviaron una carta a los padres por la vía formal de comunicación, en donde informan la situación y aseguran estar tomando medidas al respecto.
En palabras de un alumno que habló con Clarín, en estos días se generó “un clima muy malo” en estas escuelas. “Todos querían a cagar a trompadas” a los presuntos responsables, dijo, y sumó: “Obvio que lo más inteligente no sería cagar a trompadas a nadie. En el enojo del momento te puede pasar, pero podés dejar a algún otro como víctima”.
A propósito de esto, la rectora de la ESCCP compartió este jueves una página en la que el colegio comunicó las acciones adoptadas. Son cuatro. Las primeras son “acciones de contención y abordaje legal”. La descripción aclara que “se generó información clave que permitió orientar y acompañar las denuncias realizadas en la Línea 102 con la existencia de un expediente referido a esta situación. Además, la escuela ha presentado un informe general de la situación y solicitado la intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA”.
Suman que “el objetivo prioritario ha sido sustentar el accionar de los organismos de protección correspondientes, garantizar el acceso a la justicia y resguardar a los menores ante la posible vulneración de sus derechos” y que, “si bien los hechos referidos se desarrollaron en espacios virtuales ajenos a la institución, al haber tenido lugar en redes con epicentro en el estudiantado y afectar los marcos de convivencia escolar”, activaron los “protocolos correspondientes” y desplegaron “actividades de contención y reflexión sobre la situación, tanto de forma directa con los participantes como con toda la comunidad».
El segundo es el de “fortalecimiento integral del equipo docente y pedagógico”; en tanto que el tercero se enfoca en la “convivencia, sanciones y nuevas normativas”. De lo aclarado ahí es relevante que la escuela asegura haber generado “espacios de conversación con estudiantes y familias en busca de marcos de revinculación para la convivencia escolar”.
El cuarto punto se centra en el “compromiso y solicitud a las familias”, a las que les piden “canalización institucional”, es decir, “comunicar a través de los ámbitos formales de la Escuela aquellas situaciones que consideren que requieren de nuestra intervención”; “responsabilidad digital”, o sea, “evitar encarecidamente la réplica de imágenes o mensajes referidos a estos temas, con el fin de preservar la convivencia de la comunidad y prevenir conflictos entre las familias”.
Y por fin, la parte más complicada quizás, “control parental activo”. Implica “supervisar los dispositivos y los espacios digitales en los que participan sus hijas e hijos. Esto es fundamental para protegerlos del mal uso de sus imágenes, las cuales muchas veces quedan expuestas en plataformas controladas por adultos y bajo una escasa regulación”.
AS
