El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) fijó la fecha de inicio del juicio contra Máximo y Cristina Kirchner por lavado de dinero. La decisión fue separar los casos Los Sauces y Hotesur que iban a juzgarse juntos. Así, el primero de los casos concentrado en las operaciones de la inmobiliaria, arrancará a debatirse el 23 de octubre, mientras que las maniobras de blanqueo alrededor del hotel Alto Calafate, iniciará en marzo de 2027.
Después de recibir los listados con los testigos que se deberán citar para el debate oral y público, el TOF 5 integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Pallioti fijó la fecha de inicio para juzgar las operaciones de lavado de activos que se concretaron, dice la acusación, a través de las dos empresas de la familia Kirchner: Hotesur SA y Los Sauces SA.
Durante la etapa de instrucción estos casos tramitaron por separado, sin embargo cuando fueron elevados a la instancia de juicio oral, se resolvió unificarlos. En aquel momento, con otra conformación, el TOF 5 entendió que el objeto procesal era el mismo y que había, al menos, 16 imputados compartidos en ambos expedientes.
Bajo la premisa de que se debe garantizar la economía procesal y no prolongar el proceso del debate de manera innecesaria, los magistrados resolvieron separar los casos.
El 23 de octubre se dará inicio al debate por los hechos investigados alrededor de Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner que tuvo como clientes mayoritarios a Lázaro Báez y Cristóbal López. Los contratistas del Estado, representaron el 86% de la facturación de la empresa que no contaba con sede comercial y siempre, desde su creación, mantuvo la misma cantidad de inmuebles en alquiler.
En consecuencia, será la primera vez que Máximo Kirchner se siente en el banquillo de los acusados. Deberá responder por los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador y por lavado de dinero.
La separación de los casos
El Tribunal explicó que el Código Procesal Penal de la Nación establece que no se debe proceder con la acumulación, cuando esto pueda representar un retraso para alguna de las causas. Es decir: la conexidad de los casos es una herramienta de organización y no puede atentar contra la celeridad del proceso.
En función de ese criterio, los jueces resolvieron que era pertinente separar los casos y realizar dos debates. Según pudo saber Clarín, la decisión también se tomó al momento de comparar los requerimientos de elevación a juicio que -entienden los magistrados-, demuestra que las causas poseen objetos procesales diferentes, pese a tener un marco histórico común, algunos imputados que coinciden y varios puntos de contacto en cuanto a la prueba que sustenta las acusaciones.
En la causa cuyo debate oral y público iniciará el 23 de octubre, conocida como Los Sauces, se investigaron como delitos la asociación ilícita y el lavado de activos. A diferencia del caso Hotesur, donde se identificaron dos fuentes principales de fondos: empresas del Grupo Báez, vinculadas con la obra pública vial en Santa Cruz, y empresas del Grupo Indalo, cuyos pagos fueron relacionados con beneficios, contratos, concesiones, licencias y ventajas impositivas que habrían recibido durante el período investigado.
Según la acusación, Los Sauces S.A. -creada el 7 de noviembre de 2006- que en teoría se dedicaba a la actividad inmobiliaria y hotelera, se utilizó para canalizar fondos de los grupos Báez e Indalo.
La ventana de tiempo corresponde a operaciones realizadas entre 2009 y 2016, Los Sauces S.A. habría facturado a esas empresas $25.968.042,30 en concepto de alquileres, cifra que, de acuerdo con el requerimiento, representaba aproximadamente el 88 % de su facturación.
La acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, sostuvo que algunos contratos recaían sobre propiedades que no resultaban necesarias para la actividad de las locatarias o establecían valores superiores a los de mercado.
Se indicó en otro tramo que, una vez ingresado el dinero a la sociedad, sus accionistas habrían retirado más de $ 10 millones mediante distintos conceptos y utilizado gratuitamente algunos inmuebles sociales.
Los Sauces, consignó el TOF 5, acusa a los imputados del presunto empleo de esa sociedad y de sus bienes inmobiliarios y hoteleros para recibir fondos mediante contratos de locación y otras operaciones con empresas de los grupos Báez e Indalo, darles apariencia legítima y finalmente incorporarlos al patrimonio de sus accionistas.
Se recordó que en el caso Hotesur SA, dueña del hotel Alto Calafate explotado hasta 2013 por Lázaro Báez, a través de la empresa Valle Mitre SRL, el fiscal federal Gerardo Pollicita atribuyó las operaciones de blanqueo a los fondos que habrían provenido de la adjudicación irregular de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a empresas del Grupo Austral.
Cabe recordar que fue Austral Construcciones -firma insignia de Báez- la que a través de préstamos intercompany, inyectó 70 millones de pesos a Valle Mitre que no poseía capital financiero, para que a través de la misma, se garantice -mes a mes-, el pago de locación a Néstor y Cristina Kirchner.
Aquel requerimiento de elevación a juicio sostiene que una porción de esos fondos habría sido canalizada mediante la explotación hotelera. Nestor Kirchner y su grupo familiar habría incorporado a su patrimonio los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, además de La Aldea, vinculada con Los Sauces, y los habría dado en locación a Valle Mitre.
No sólo eso: distintas empresas del Grupo Báez también hicieron transferencias monetarias a la gerenciadora del hotel Alto Calafate, a través de contrataciones de habitaciones, servicios y otras operaciones; luego, esa firma habría abonado los cánones correspondientes a los hoteles.
El requerimiento firmado por el fiscal Pollicita y su par Ignacio Mahiques, sostiene que Valle Mitre abonó a Hotesur más de $ 28 millones durante la relación comercial y atribuyó, respecto de Las Dunas (otro de los hoteles), la canalización de aproximadamente $ 6,9 millones, entre marzo de 2010 y mayo de 2013.
También sostuvo que sus accionistas retiraron fondos de Hotesur S.A. bajo la forma de créditos, sin recurrir al mecanismo de distribución de dividendos. La acusación calificó los hechos como lavado de activos y para determinados imputados postuló, además, la agravante relativa a la intervención de una organización destinada a la comisión continuada de esa clase de hechos.
De esta manera, se explicó, el objeto procesal de Hotesur, se concentra en el presunto retorno de fondos de empresas vinculadas con Lázaro Báez -condenado junto a Cristina Kirchner en Vialidad-, hacia la firma Hotesur SA mediante la explotación y locación de establecimientos hoteleros, con especial intervención de Valle Mitre como intermediaria
