La libertad de prensa en Guatemala está sometida a una presión judicial constante que responde a una estructura antidemocrática profundamente arraigada, según revela el informe “Libertad de Expresión y Periodismo en Centroamérica” elaborado por la Universidad de Costa Rica.
El documento señala que, pese al relevo presidencial y a los discursos oficiales en favor de los derechos periodísticos, el sistema judicial actúa con autonomía y mantiene prácticas que afectan directamente a quienes ejercen el periodismo independiente en el país.
El panorama fue analizado Johanna Rodríguez, profesora de la Universidad de Costa Rica, investigadora y coautora del informe, describió los mecanismos de represión judicial que persisten en Guatemala. Rodríguez destacó que el principal punto de conflicto se encuentra entre el periodismo independiente y un sistema judicial cooptado, que utiliza los resortes legales para presionar y controlar a la prensa, más allá de la voluntad del Ejecutivo.
El informe documenta que la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia supuso una ruptura política con las administraciones previas, marcadas por corrupción y control sobre el espacio cívico.
No obstante, las acciones del gobierno no han conseguido frenar la ofensiva judicial que parte del Ministerio Público y ciertos sectores del Poder Judicial. Esta resistencia institucional, identificada como el “Pacto de Corruptos”, continúa operando y ejerciendo presión sobre el ecosistema mediático.
Uno de los casos más emblemáticos es el del periodista José Rubén Zamora, cuya situación procesal se ha convertido en símbolo de las dificultades que enfrentan los comunicadores en el país.
El informe advierte que, lejos de resolverse, el proceso judicial contra Zamora se ha caracterizado por una serie de medidas cautelares, suspensiones y recursos legales que refuerzan un mensaje disuasorio: la persecución puede sostenerse sin necesidad de sentencias definitivas.
“La amenaza constante de retorno a prisión y el desgaste personal, económico y profesional transmiten al resto de periodistas la vulnerabilidad permanente ante el aparato judicial”, detalla el informe en el que retoma las denuncias y hechos contra la prensa entre 2024 a 2025.
El documento también registra otros hechos recientes que muestran una tendencia de criminalización del disenso.
En febrero de 2025, los tribunales impulsaron acciones legales contra el abogado Ramón Cadena por su apoyo a la resistencia universitaria en la Universidad de San Carlos, situación señalada como un intento de restringir derechos de protesta y resistencia cívica.
En abril de ese año, el Ministerio Público ordenó la detención del viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, y del líder indígena Héctor Chaclán, acusados de terrorismo por su participación en la defensa del proceso electoral de 2023.
Estos episodios forman parte de lo que el informe califica como una represión judicial sistemática, que afecta no solo al periodismo sino también a operadores jurídicos, liderazgos sociales y defensores de derechos humanos.
Johanna Rodríguez explicó en la entrevista que este patrón genera “vulnerabilidad jurídica, autocensura e incluso exilio forzado” entre periodistas guatemaltecos, quienes enfrentan riesgos personales y familiares derivados de la criminalización y la instrumentalización del sistema penal.
Durante 2026, Guatemala tuvo procesos clave que podrían definir el futuro de la libertad de prensa: la elección de la nueva autoridad del Ministerio Público, la designación de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad.
El informe subraya que estas decisiones tendrán un impacto directo sobre el equilibrio institucional así como la capacidad de la prensa para operar de forma independiente y segura.
En el análisis de Rodríguez, recogido en la entrevista radial de YSUCA, enfatiza que la persistencia de estructuras judiciales cooptadas limita la efectividad de cualquier avance político logrado a través de las urnas.
Este contexto mantiene vigente el llamado “pacto antidemocrático”, que opera como núcleo de resistencia frente a los intentos de democratización y protección de la libertad de expresión en el país.
El informe también advierte que la continuidad de la persecución judicial, pese a los cuestionamientos nacionales e internacionales, expone los límites reales del poder presidencial frente a instituciones profundamente intervenidas.
