la patria se vende
El Senado de la Nación tiene previsto tratar la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», un paquete de reformas de Javier Milei que incluye obstáculos para las expropiaciones estatales, mecanismos para agilizar desalojos y la derogación del tope del 15% que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros en cada distrito. El proyecto estaba bloqueado por la impugnación de Manuel Adorni; su salida abrió el camino y Diego Santilli negoció con los gobernadores para garantizar su tratamiento. El Grupo Benetton —ya uno de los mayores productores de lana de oveja del país— y fondos soberanos de países árabes están entre los más interesados en que caiga el límite.
La ley que el Senado de Milei quiere aprobar para abrir la tierra argentina al capital extranjero sin límites.
En Orsai // Miercoles 15 de julio de 2026 | 09:27
Análisis basado en la columna de Jairo Straccia en Urbana Play
Los tres puntos clave de la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada»:
- Mayores obstáculos legales para que el Estado expropie terrenos privados.
- Mecanismos que facilitan y agilizan los desalojos.
- Derogación del tope del 15% que limitaba la compra de tierras por extranjeros en cada distrito del país.
El Senado de la Nación tiene previsto tratar un proyecto de ley enviado por el Gobierno de Javier Milei que, en nombre de la protección de la propiedad privada, altera las reglas que históricamente regularon la compra de suelo en Argentina. La norma se llama «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» y su punto más sensible es también el que más silenciosamente se menciona en los debates oficiales: la eliminación del límite que impedía que extranjeros adquirieran más del 15% del territorio de cada distrito.
¿Qué dice la ley?
El proyecto es un paquete unificado de reformas orientadas, según la narrativa oficial, a dar «tranquilidad al capital privado» y atraer inversiones. Sus tres ejes son claros:
- Expropiaciones más difíciles. Se establecen mayores obstáculos legales y procedimentales para que el Estado pueda expropiar terrenos privados, reduciendo el margen de maniobra del poder público en situaciones de utilidad colectiva.
- Desalojos más ágiles. Se incorporan mecanismos para facilitar y acelerar los procesos de desalojo, en línea con la política oficial de reducir la intervención estatal en las relaciones entre propietarios e inquilinos.
- Fin del tope a la tierra extranjera. Se deroga la normativa que establecía un límite del 15% del territorio de cada distrito disponible para la compra por parte de extranjeros. Este tope —que regulaba quién podía poseer suelo en Argentina y en qué proporción— quedaría eliminado sin reemplazo.
El argumento oficial: inversión sin regulaciones
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es el principal vocero del proyecto. Su argumento: existen compromisos concretos de fondos soberanos de países árabes dispuestos a realizar inversiones multimillonarias en el sector agropecuario argentino, pero esas inversiones estarían condicionadas a la remoción de los controles sobre la propiedad. La ecuación oficialista es directa: a menores regulaciones, mayor afluencia de capitales externos.
Lo que el argumento oficial no responde es quién evalúa si esas inversiones son convenientes para el país, ni qué mecanismos quedan disponibles para regularlas o revertirlas una vez que el tope sea eliminado por ley.
Lo que está en juego: la Patagonia, el agua y la soberanía
Desde la oposición y el campo crítico, la advertencia es directa: sin regulación sobre la compra de tierras, Argentina queda expuesta a la adquisición masiva de suelo estratégico —especialmente en la Patagonia— por parte de multimillonarios globales y fondos de inversión extranjeros, sin posibilidad de intervención estatal.
El caso emblemático es el del Grupo Benetton, señalado como uno de los principales interesados en la caída del límite. El conglomerado italiano ya opera en Argentina como uno de los mayores productores de lana de oveja del país, con extensas propiedades en la Patagonia que lo convirtieron en un actor central del territorio. La eliminación del tope legal habilitaría a Benetton y a otros grandes capitales extranjeros a ampliar esas posiciones sin ningún techo normativo.
La preocupación no se limita a la tierra en sí misma. La Patagonia concentra una proporción significativa de los recursos hídricos de la Argentina: ríos, lagos, glaciares y acuíferos que en las próximas décadas serán tan estratégicos como el petróleo lo fue en el siglo XX. La posibilidad de que esos recursos queden bajo dominio privado extranjero sin regulación es el punto que la oposición y los especialistas en soberanía identifican como el riesgo más profundo de esta reforma.
La maniobra política: Adorni salió, Santilli negoció
El proyecto no llegó al Senado de forma directa. Estaba trabado en el Congreso: la oposición había condicionado el tratamiento de varios proyectos oficialistas a la impugnación de Manuel Adorni como vocero presidencial. La salida de Adorni —parte de la misma reconfiguración interna de poder que desplazó a Santiago Caputo de organismos clave mediante el Decreto 581— fue el detonante que desbloqueó las negociaciones.
Con Adorni fuera de escena, Diego Santilli obtuvo luz verde para negociar directamente con los gobernadores. Ese movimiento —que consolida a Santilli como el gran operador parlamentario del oficialismo en este ciclo— permitió destrabar el tratamiento en el Senado y allanar el camino hacia la Cámara de Diputados. La misma dinámica que le quitó a Santiago Caputo el control de Arsat, el Correo y Enacom le está dando a Santilli el manejo de las negociaciones legislativas más sensibles del año, en una reconfiguración de poder que ya analizamos en detalle cuando revelamos el pacto secreto entre Milei y Santilli que entierra la farsa anticasta.
La «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» es, en ese sentido, mucho más que una reforma económica. Es una pieza del nuevo tablero de poder dentro del oficialismo, una señal hacia los capitales extranjeros y, al mismo tiempo, una decisión sobre qué tipo de soberanía el Gobierno está dispuesto a resignar. Cuando el Senado vote, estará respondiendo una pregunta concreta: ¿la tierra argentina tiene dueño, o empieza a tenerlo afuera?
