El Gobierno insiste con eliminar el precio único de los libros y lo vende como una victoria para el bolsillo del lector. Pero el sector editorial, con las librerías platenses adentro, advierte que el verdadero ganador de la desregulación tiene nombre y no es precisamente el lector de a pie.
El Gobierno anticipó que prepara un paquete de desregulación económica para llevar al Congreso en donde, nuevamente, apuntan contra la Ley 25.446, conocida como “Ley del Libro”. El gobierno de Javier Milei ya había intentado eliminar esta Ley durante el tratamiento del DNU 70/2023 y de la Ley Bases. Aunque el proyecto aún no ingresó en el Congreso, desde el Gobierno ya adelantaron que planean avanzar con la derogación durante el segundo semestre de 2026.
La Ley del Libro es una norma que rige desde el 2001 y obliga a que editoriales, importadores y representantes establezcan un mismo precio para todos los puntos de venta. Es decir que un libro cueste lo mismo en una librería barrial de CABA o La Plata, que en una de las grandes cadenas presentes en todo el país, o inclusive que en una plataforma comercial.
La medida abre una discusión que se parte en dos y no tiene una zona gris entre ambas lecturas. Por un lado, el argumento oficial es previsible: más competencia, precios más bajos, beneficio para el consumidor. Por otro lado, las pequeñas y medianas librerías y editoriales sostienen que la medida favorece a las grandes librerías, cadenas y plataformas de venta.
Desde el oficialismo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo un fuerte cruce con el periodista Luis Novaresio, por la red social “X”. El periodista había calificado a la medida como una “crueldad al pretender hacer desaparecer librerías y editoriales independientes, en cada barrio de cada ciudad o pueblo, es un modo sofisticado de la maldad”. Sturzenegger, le respondió que la única opinión relevante es la del consumidor y usó el propio libro de Novaresio para mostrar que ya se vende a precios distintos según el canal, papel, Kindle o Audible. A su vez, Victor Malumian, responsable de la editorial Godot y uno de los creadores de la FED (Feria de Editores), salió a cruzarlo: el editor consideró que el ejemplo confundía soportes con modelos de negocio, algo que atribuyó a un desconocimiento de fondo sobre cómo funciona la industria.
Gracias @luisnovaresio por mandarme la nota de la Cámara del Libro y otras. Veo que no fui persuasivo en la importancia de priorizar la libre elección de los individuos y participantes del mercado. Que no se vea que esta ley no es más que un cártel legal me sigue resultando… pic.twitter.com/mXeQTwHnvB
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 25, 2026
Desde las principales entidades del sector editorial hubo un comunicado unificado que rechaza la derogación, el mismo lo firman la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, Falpa, Capla, la Sociedad Argentina de Escritores y, entre muchas otras entidades, la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines de La Plata. En el comunicado, sostienen que el precio único constituye uno de los pilares que permitió el desarrollo de una extensa red de librerías en todo el país y que esa norma es la que inhabilita a los grandes jugadores del mercado a establecer precios irrisorios para desplazar a comercios pequeños. Ese dato no es menor para el lector platense: la discusión que parece de escritorio en Buenos Aires tiene representación directa en el circuito librero de la ciudad. Según ese texto conjunto, ningún actor de la cadena, ni autores, ni editores, ni distribuidores, pidió esta reforma, ni ahora ni en el intento anterior de 2023.
El otro frente de la discusión es qué pasó en los países que ya desregularon. El caso más citado por el sector es el de Reino Unido, donde la abolición del Net Book Agreement en 1995 prometía libros más baratos y terminó, según el relato que circula entre libreros, en un tercio de las librerías de barrio cerradas y un mercado donde los supermercados terminaron decidiendo qué se publicaba. Aunque los mercados y públicos sean distintos, no es un dato menor para pensar el caso argentino.
¿Es cierto que la ley encarece los libros? En parte, y ahí está el punto más incómodo para quienes la defienden. La norma no fija el precio de tapa, ese lo pone el editor según costos de papel, impresión e inflación. Lo que prohíbe es que ese mismo precio varíe según el vendedor. Derogarla no toca ninguna de las causas reales del precio, pero sí elimina, en el mismo paquete, el Fondo Nacional de Fomento y las compras estatales que hoy sostienen a las bibliotecas populares. Ahí aparece la primera duda seria sobre el argumento oficial: si el objetivo fuera realmente el bolsillo del lector, ¿por qué desarmar al mismo tiempo la única herramienta de acceso que sí funciona?
Lo que queda flotando después de esta segunda embestida es si el Gobierno está resolviendo un problema de precios o si está usando el argumento del consumidor para avanzar sobre una estructura que, más allá de sus límites, hoy sostiene a cientos de editoriales pequeñas y a una red de librerías que en otros países ya no existe. Sturzenegger tiene un diagnóstico sobre Amazon, Kindle y los nuevos hábitos de consumo que no es descabellado. El problema es que su respuesta a ese diagnóstico coincide, otra vez, con la fórmula de siempre: menos regulación, sin red de contención para lo que se pierda en el camino.
