La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires le dio media sanción al proyecto denominado “Ley Joaquín“, que busca establecer medidas obligatorias de seguridad para la instalación y mantenimiento de arcos deportivos y juegos recreativos en espacios públicos y privados con el objetivo de prevenir accidentes.
El proyecto, impulsado por el presidente del bloque Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, surgió tras la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un menor de La Matanza, que falleció luego de que un arco lo golpeara en el tórax. El suceso hecho ocurrió mientras el chico estaba de viaje con exploradores en Junín de los Andes.
Desde ese momento, su familia lucha por una regulación que obligue a que todos los arcos de clubes, escuelas y campamentos se encuentren debidamente sujetos al suelo y tengan controles de seguridad estrictos. Actualmente, no hay ninguna ley nacional ni provincial al respecto.
En los fundamentos, la iniciativa advierte que el caso de Joaquín “no es un hecho aislado” y reconstruye una cronología de tragedias ocurridas en distintos puntos del país desde 2007 hasta la actualidad, con al menos nueve menores fallecidos por la caída de arcos deportivos sin fijación adecuada. En ese contexto, establece la obligatoriedad de sistemas de anclaje, contrapesos y sujeción para arcos y estructuras deportivas, además de protectores acolchonados y certificaciones técnicas realizadas por profesionales matriculados.
La «Ley Joaquín» otorga un plazo de un año para adecuar las instalaciones una vez reglamentada la norma. Además, establece que las compañías aseguradoras deberán exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad para otorgar cobertura a las instituciones.
«Ley Joaquín» para proteger a víctimas de delitos en Córdoba
La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la Ley Joaquín, un régimen provincial de protección para víctimas de delitos que modifica el Código Procesal Penal y garantiza derechos exigibles desde el primer contacto con la autoridad. La sanción se dio tras un reclamo que cobró fuerza después del asesinato de Joaquín Sperani, ocurrido el 29 de junio de 2023, en la ciudad de Laboulaye.
La nueva norma permite que la víctima o sus familiares tengan un papel más activo en el proceso penal. La figura de querellante habilita a proponer medidas de prueba, apelar decisiones del juez y ejercer un control más directo sobre la investigación fiscal. El proyecto también contempla que familiares de víctimas de delitos cometidos por menores inimputables pudieran constituirse como querellantes.
La respuesta central que incorpora la ley es concreta: en Córdoba, una víctima de delito deberá ser tratada con dignidad, respeto y sensibilidad, contará con medidas para evitar su revictimización, recibirá atención y protección especial si se encuentra en situación de vulnerabilidad y deberá acceder a ayuda y asistencia con la mayor rapidez posible, según la normativa.
