El espacio político La Libertad Avanza emitió un duro comunicado para expresar su más enérgico repudio a la resolución de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, que dispuso el archivo de la denuncia penal por contaminación ambiental y mala gestión de residuos en el predio de disposición final de Bragado.
La resolución judicial desestimó la existencia de un delito ambiental bajo el argumento de que no se acreditó un peligro concreto para la salud pública. Ante esto, la fuerza política calificó la medida como un grave retroceso institucional y advirtió sobre una alarmante desconexión judicial con la realidad que enfrentan los vecinos.
Desde el espacio sostienen que los constantes incendios, las columnas de humo tóxico y la acumulación de desechos a cielo abierto son evidencias claras del daño ambiental que no pueden ignorarse por tecnicismos legales. Asimismo, remarcaron que la Ley General del Ambiente (N° 25.675) contempla los principios de prevención y precaución para actuar antes de que los daños sean irreversibles, evitando esperar cuadros masivos de intoxicación o la contaminación total de las napas para intervenir.
El comunicado también cuestiona la exoneración de responsabilidad a la gestión municipal mediante la justificación de los siniestros como hechos aislados o no dolosos, lo que a su criterio perpetúa un modelo de gestión de residuos obsoleto y peligroso.
El documento lleva las firmas de Daniela Monzon, Paola Alsina y Andres Drunday, quienes exigieron la revisión del fallo, la realización de pericias técnicas independientes y la implementación urgente de un plan definitivo de saneamiento y reconversión del predio.
COMUNICADO PÚBLICO: REPUDIO AL ARCHIVO DE LA CAUSA POR EL BASURAL DE BRAGADO
Por medio de la presente, manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la reciente decisión de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial de Mercedes de archivar la denuncia penal por contaminación ambiental y mala gestión de residuos en el predio de disposición final de Bragado.
Consideramos que dictaminar la inexistencia de un delito ambiental bajo el argumento de que «no se acreditó un peligro concreto para la salud pública» representa un grave retroceso institucional y una alarmante desconexión con la realidad diaria que padecen los vecinos de nuestra comunidad. Los reiterados incendios, la humareda tóxica constante y la acumulación descontrolada de desechos a cielo abierto son evidencias empíricas de un daño que no puede ser invisibilizado por tecnicismos legales.
El principio de prevención y el principio precautorio, pilares fundamentales del derecho ambiental argentino (Ley General del Ambiente N° 25.675), exigen actuar antes de que los daños a la salud sean irreversibles. Esperar a que existan casos masivos de intoxicación o una contaminación total de las napas para tipificar el delito penal es una muestra de desamparo judicial hacia la ciudadanía.
Exonerar de responsabilidad penal a la gestión municipal, justificando los siniestros como hechos aislados o no dolosos, perpetúa un modelo de gestión de residuos obsoleto, insalubre y peligroso. La salud de la población y el derecho a un ambiente sano no pueden quedar supeditados a la complacencia judicial.
Exigimos que las autoridades competentes revisen esta medida, se profundicen las pericias técnicas de manera independiente y se implemente de forma urgente un plan definitivo de saneamiento y reconversión del basural. No aceptamos el archivo del expediente como el punto final de una problemática que sigue afectando nuestro aire, nuestra tierra y nuestra vida..Firma: Daniela Monzon, Paola Alsina, Andres Drunday
