La Universidad de Buenos Aires realizará el jueves 12 de noviembre, a las 20 H, en la Facultad de Derecho, la 1° Noche a Beneficio de la UBA, con el objetivo de «acompañar, cada año, una causa diferente«. Este año le toca al Hospital Clínicas, un lugar donde el ajuste presupuestario del Gobierno Javier Milei provocó la reducción drástica de la actividad al 30% o 50% de su capacidad en los comienzos del gobierno, forzando la suspensión de cirugías programadas, reduciendo turnos y provocando una severa falta de insumos médicos básicos (sumado a la pulverización de los salarios de sus trabajadores).
Ni en la página oficial del evento ni en sus publicaciones a través de las redes sociales aparece referencia alguna al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional, tampoco se menciona el nombre del presidente Javier Milei. ¿Será que la ley no se cumple sola?, ¿o que el Gobierno es un fenómeno meteorológico?. O tal vez no se menciona para no ofender a algunos de los sponsors… El evento la UBA es auspiciado por varios bancos. Dificil encontrar una foto de la época más clara.
Los sponsors: la lista de invitados del ajuste
El sponsor principal es Santander. La acompañan Banco Macro, Banco Ciudad, Edenor, Szersa, Nucleo Farma, Elea, Grupo Petersen, Grupo GPS, DESA y BASAA Constructora, entre otros, además de sindicatos como SUTERH y La Bancaria, y la Legislatura porteña junto al Municipio de Escobar. Veamos algunos casos.
Banco Santander. La presentadora de la noche es uno de los bancos que sostuvieron el financiamiento de corto plazo del Gobierno. Participó en los préstamos tipo REPO del Banco Central y, en el de enero de 2026, por US$3.000 millones para pagar vencimientos de deuda. Ganaron miles de millones de manera fácil y segura prestándole al Estado, con la nuestra. Su presidenta, Ana Botín, se reunió con el ministro Luis Caputo en Washington y elogió sus políticas monetarias y fiscales. El CEO global del Banco, Héctor Grisi, también respaldo el rumbo de Javier Milei el 6 de octubre pasado.
Banco Macro. El Banco Macro también logró márgenes de ganancia sumamente elevados durante la gestión de Javier Milei, compartiendo el mismo modelo de intermediación financiera que el Santander. Los informes sectoriales mostraron que registró un incremento del 425,5% en su resultado operativo. Duplicó su ganancia del primer trimestre de 2026 respecto del año anterior (139.758 millones de pesos contra 60.601 millones) y ganó unos 206.000 millones en el segundo trimestre.
Edenor. Con el aumento de tarifas que comenzó en febrero de 2024, un 319,2% de golpe seguido de subas mensuales, la empresa mejoró sus resultados, y su propia dirección lo atribuye a la “normalización tarifaria” (sic): en el primer trimestre de 2026 informó un alza del 127% en su EBITDA, y en el primer semestre su resultado operativo pasó de unos 45.649 a unos 190.654 millones de pesos. Mientras tanto salió a emitir deuda en dólares por cientos de millones. Lo que para un docente universitario o una familia es una boleta imposible, para la empresa es una recomposición de márgenes celebrada por la City.
Grupo GPS. Tercerizada de Aerolíneas Argentinas, vienen de despedir a un delegado, el trabajador Luciano Corradi. Diversas investigaciones periodísticas expusieron que el Grupo GPS ha funcionado como una suerte de firma continuadora en licitaciones públicas de contratos que antes pertenecían a Tech Security. Sumó adjudicaciones por miles de millones de pesos en organismos como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS por más de $1.453 millones), el ENARGAS ($289 millones), el INCUCAI y el Teatro Nacional Cervantes. En paralelo a la expansión del negocio, la empresa (que cuenta con más de 1.400 empleados brindando seguridad tercerizada para Aerolíneas Argentinas en Aeroparque y Ezeiza) despide y persigue a trabajadores.
No los quiero aburrir con el resto del núcleo empresarial (hay mucha más tela para cortar ahí), pero, ¿qué tienen en común?. Un banco que le presta al Gobierno, otro que duplica ganancias mientras recorta personal, una distribuidora energética que celebra sus tarifas y una tercerizada acusada de despidos. Son los beneficiarios, los acreedores o los socios de un modelo que se beneficia directamente del vaciamiento y desguace de lo público. Ahora se muestran como mecenas de la universidad que ese mismo modelo asfixia. ¿Un intento de comprar legitimidad social y de «lavarse la cara»? Definitivamente, pero además hay otros intereses.
El sueño neoliberal del auto-financiamiento
Las fundaciones, los posgrados pagos y los servicios a terceros son desde hace décadas la vía privilegiada para el “sueño neoliberal” del Banco Mundial y el FMI: el autofinanciamiento de la educación superior. Las facultades producen «recursos propios» frente al desfinanciamiento estatal. No es una tendencia nueva. Entre 1998 y 2015 los “recursos propios” de las universidades nacionales crecieron un 246% y llegaron a representar el 19% del presupuesto (con enormes desigualdades entre instituciones).
En 2025, la Facultad de Agronomía de la UBA sostuvo el 65% de sus ingresos con recursos propios. ¿De dónde salen esos recursos? Según el informe del Decanato, el 27% proviene del Centro de Idiomas, el 20% de servicios de áreas académicas y el 23% de convenios: un 18% con entidades privadas y un 5% con organismos públicos. El listado de empresas con las que la Facultad aprobó convenios durante el segundo semestre de 2025 figura Monsanto, junto a otras compañías del agronegocio.
¿Qué sucede con la autonomía universitaria cuando una facultad y los conocimientos que produce dependen cada vez más de los recursos que obtiene mediante convenios con empresas privadas? ¿Quién define qué se investiga, qué conocimientos se producen y quién puede apropiarse de sus resultados?
La reglamentación de propiedad intelectual de la UBA establece distintas posibilidades sobre el conocimiento que pueda llegar a producirse a través de convenios con terceros: que los resultados pertenezcan exclusivamente a la Universidad, que sean de propiedad conjunta con una empresa o, incluso, que pertenezcan 100% a terceros cuando así lo establezca un convenio específico. Es decir, el conocimiento producido con recursos, instalaciones y trabajo de investigadores de una universidad pública puede terminar convertido en propiedad intelectual comercializable, con participación de empresas privadas. Y, cuando una facultad depende cada vez más de fondos privados para sostener sus actividades, la capacidad de orientar libremente sus prioridades de investigación y enseñanza queda sometida pura y exclusivamente a las necesidades del mercado. Quien financia proyectos, equipamiento, becas o cursos adquiere una posición privilegiada para definir qué actividades pueden realizarse y cuáles quedan relegadas. Bienvenidos a la Universidad de Javier Milei.
Entre los sponsors de la Noche sabemos que Edenor mantiene vínculos de asistencia técnica y pasantías con la Facultad de Derecho, y publicó convocatorias para incorporar estudiantes durante 2026. También sabemos que Laboratorio Elea también figura en los registros de convenios de pasantías de esa Facultad. Santander, por su parte, celebró acuerdos para financiar becas de estudio y prácticas profesionales. ¿Qué servicios, conocimientos y fuerza de trabajo obtienen de esos vínculos? ¿Y qué beneficios adicionales reciben por auspiciar el evento? No lo sabemos. La UBA debería publicar los convenios y las condiciones de patrocinio para que estas preguntas puedan responderse con documentación. La publicación de todos los convenios debería ser una demanda del movimiento estudiantil y científico.
Cuando se piensa en la privatización de la Universidad Pública, generalmente, se suele pensar como un evento que sucede de forma abrupta. Lo mismo con el cierre de algunas facultades. Llegás un día a cursar y está cerrada como sucede en la película Puán. Bueno, no es así y al gobierno le quedó claro desde la 1° Marcha Federal Universitaria el 23 de abril de 2024.
Ahora bien, un posgrado arancelado no es la privatización. Una fundación que factura servicios a empresas, tampoco. Un sponsor en un congreso, un convenio de investigación con una cláusula de propiedad, una gala anual con bancos, tampoco. Pero el efecto se acumula. La universidad puede decir que no se privatiza mientras se privatiza el entorno que la sostiene.
Cientos de comunicados, cinco marchas con escenario y decenas de presentaciones en la Justicia para que se cumpla la Ley, por un lado. Por el otro, el sabotaje abierto a varios paros de los trabajadores universitarios y el repudio a las tomas de facultades. Parece una conducta contradictoria por parte de las autoridades, pero no lo es. Los comunicados denuncian sin interrumpir nada. Las cinco marchas con escenario muestran fuerza sin costo, una multitud en la calle, un documento leído desde arriba y a casa. Las presentaciones en la Justicia trasladan el conflicto a un terreno de tiempos largos e institucionalizado, y mientras la causa avanza el ajuste y avance del mercado por goteo también avanza, pero cada trámite le permite a las autoridades radicales y peronistas decir que están peleando mientras se emocionan con la rosca electoral del año que viene.
¿Y las demás universidades? No hay lugar para ellas en la Noche de la UBA. Las universidades del conurbano y del interior no tienen una Facultad de Derecho en el centro de la Ciudad, ni camisetas de Ginóbili para rematar, ni una red de bancos para ser sponsoreadas. Yacobitti piensa: «Arreglensé, muchachos…»
Durante el mileismo se reforzó un mito que hay que derribar: la idea de que la Universidad pública es un terreno neutral donde se disputan, a lo sumo, buenas y malas gestiones. No es eso. Es un espacio donde chocan intereses sociales. Las autoridades hablan de “la comunidad universitaria”, como si el banco que presta al Gobierno, la distribuidora que cobra tarifas récord y la tercerizada que despide delegados tuvieran el mismo interés que la docente con el salario licuado o el nodocente que sostiene la facultad por una miseria. No lo tienen. Y cuando hay que elegir, las autoridades eligen, en todo sentido. Quienes dirigen la universidad y quienes la hacen funcionar, no tienen el mismo interés. Y la universidad que necesitamos, abierta, democrática y al servicio de la mayoría, solo puede construirse con la fuerza de los que hacen girar la sociedad, no con la «generosidad» de los que se benefician de su desfinanciamiento.
«Universidad de los trabajadores» no es solo un lema, es otra manera de decidir quién la sostiene y para qué. Los que enseñan, investigan, limpian, cocinan, curan y estudian ya la sostienen todos los días; lo que falta es que la dirijan. Solo de esa forma la UBA, la Universidad Pública y toda la sociedad, saldrá de su larga noche.
