Hace seis décadas, la Argentina era una tierra de ajetreos violentos, que no distinguía personas ni circunstancias: el país era una coctelera que se agitaba todo el tiempo. La política, el sindicalismo, el asedio de la corporación militar a la democracia, el nacionalismo rabioso a partir del Mundial de fútbol de 1966 en Inglaterra y el avasallamiento de la autonomía universitaria fueron episodios de un mismo paisaje antidemocrático.
Todo lo que sucedía danzaba la misma música, ejecutada por una orquesta de titiriteros mayores, compuesta por militares insurrectos y elencos civiles sumisos: el 28 de junio de 1966, el mandamás del Ejército, general Juan Carlos Onganía, un católico ultramontano y preconciliar, después de una estudiada maniobra de haber amagado un retiro en el que nunca había pensado, desalojaba del poder al presidente constitucional Arturo Illia y daba comienzo el primer capítulo de la llamada Revolución Argentina (1966-1973).
Apenas se había cumplido el primer mes del golpe de Estado cuando sobrevendría el mazazo más grande sufrido hasta entonces por el país, considerando las consecuencias devastadoras que se manifestarían a través de las décadas. Mediante el decreto ley 16.912, Onganía, ya presidente, pulverizaba la autoridad de rectores y decanos universitarios, al ubicar a las casas de estudios superiores del país en un rango institucional menor, bajo el control del ministerio de Educación, es decir del Poder Ejecutivo.
Lisa y llanamente, la Academia debería tributar al poder político. El pétreo anticomunismo de Onganía conjeturaba que los claustros eran nidos peligrosos de las ideas “de izquierda” que a su juicio infectaban al país, bajo el conjuro de la Guerra Fría entre Washington y Moscú.
Fue tal el desconcierto que causó la decisión que el rector de la Universidad de Buenos Aires, Hilario Fernández Long, hombre de ciencia y formado en valores cristianos, rector de esa casa y decano de Ingeniería, con jurisdicción sobre 70 mil alumnos, debió enviar a un ordenanza a la Casa Rosada para obtener una copia de la norma. No había existido ninguna transmisión ni anuncio oficial sobre la misma. Poco después, convocaba a los periodistas, y les dejaría un lacónico mensaje: “El Gobierno me ha echado”, diría a modo de despedida.
La mayoría de los decanos decidiría no acatar la Ley de la dictadura, que en los hechos ponía fin a la histórica autonomía universitaria, una lucha que se libraba desde la modernizadora reforma de 1918; eliminaba el gobierno tripartito de docentes, graduados y alumnos, prohibía la actividad política y los centros de estudiantes y ordenaba la intervención directa del Poder Ejecutivo en las altas casas de estudio. Un bombazo al renombre de la educación argentina, entonces de fuerte liderazgo y ascendencia en el continente y respetada en todo el mundo por su excelencia y prestigio.
Se están cumpliendo sesenta años desde que cinco facultades (Ciencias Exactas y Naturales, Filosofía y Letras, Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería y Medicina) fueron ocupadas por sus alumnos y docentes el 29 de julio al anochecer, en repudio a los alcances de la decisión estatal. Días antes, anticipo de su carácter despótico, Onganía clausuraba un semanario de sátira política que anunciaba en tapa la llegada de “la era de la morsa”, en alusión a los tupidos bigotes del dictador de turno al mando de la Rosada.
La revista “Primera Plana”, un semanario entonces muy influyente en los factores de poder, que había tratado con dureza y algún sarcasmo al gobierno del derrocado Illia, diría en su edición Número 188 del 2 de agosto que “… en una de las facultades, la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el barrio sur de Buenos Aires, imperó una violencia inusitada.
Tres carros de asalto de la Policía Federal se estacionaron a las once, y sus efectivos se ensañaron con los estudiantes de manera reprobable… estudiantes que abandonaban la facultad con las manos en alto, muchos de ellos ensangrentados. De la violencia no se salvó el profesor Warren Ambrosse, de la Universidad de Massachucetts, que dictaba su curso en Exactas…”
El decano de Exactas, Rolando García, junto al vicedecano Manual Sadosky, recibiría a los primeros infantes de la Federal que profanaban suelo universitario con una pregunta que los interpelaba:
–¿Quién está a cargo de este operativo, cómo se atreven? Estoy al frente de esta casa de estudios, que tiene autonomía de todo poder político…
La respuesta de un guardián pretoriano insubordinado fueron dos bastonazos en la frente, que dejaron la cara de García bañada en sangre. Fue más que eso. Desde esa jornada la educación argentina quedaría herida para siempre: lo que seguiría a esa barbarie sería una sangría incesante de las mejores y más creativas inteligencias argentinas, tributarias de la Ley 1.420 de educación pública gratuita y obligatoria (1884) y de las reformas que jerarquizarían la Universidad (1918) como usina de la inteligencia nacional y modelo de autonomía del conocimiento. Daba comienzo un exilio gradual y forzoso de docentes, profesores, jefes de cátedra, entre otros, que vaciaría al país de su cultura y su acervo educativo ancestrales.
Se trató de la peor fuga de cerebros jamás vista: de un total de 675 docentes en Exactas renunciarían 330 (66 profesores, 87 jefes de Trabajos Prácticos, 105 ayudantes y 72 técnicos). En todo el país se estima que las renuncias en la educación universitaria superarían las 1.500 y que muchos de los virtuales expulsados seguirían sus carreras en el exterior, alcanzando altas responsabilidades académicas allí donde fuera que hayan ido. Además, se desmantelarían institutos como los de Biología Marina, Cálculo, Meteorología y Televisión Educativa, entonces pionera, entre otros.
¿Cómo se gestó semejante brutalidad? Con los años se supo que los servicios de la dictadura, en base al supuesto de una conspiración contra el poder alimentada por “usinas comunistas”, habría detectado que en Exactas se incubaba una “resistencia pacífica” al cumplimiento del decreto presidencial. Lo que daría lugar a una cumbre entre el propio jefe de Estado y los generales Eduardo Señorans, jefe de la SIDE, y Mario Fonseca, jefe de la Federal, quienes lanzaron la Operación Escarmiento. Un saldo de las primeras horas registraba un centenar de lesionados y de unos 200 detenidos, quienes por varios días estarían en esa condición en comisarías de la ciudad.
Las escenas de la barbarie impresionan aún hoy: estudiantes y docentes, manos en alto, absolutamente desarmados, marchaban hacia sus detenciones y escuadrones policiales descargaba sobre ellos una lluvia de bastonazos y palos, mientras otros lanzaban gases lacrimógenos para encerrar a quienes pretendían escapar La dictadura lo llamó “escarmiento” y adjudicaría la violencia sin freno “a la actitud de grupos de activistas”.
La orden se cumplió al pie de la letra: la golpiza fue salvaje y llegó a asombrar a muchos cuadros civiles de la flamante administración del onganiato. Sin embargo, en público, y por años, nadie objetaría la represión y su magnitud. Se destruyeron laboratorios, bibliotecas y material científico y hasta arruinaron a “Clementina”, la primera computadora del país, instalada en 1961, orgullo del Instituto del Cálculo.
Aquellos fueron días frenéticos. El 28 de junio, los militares insurrectos tomaban la Casa Rosada; el 29, sindicalistas colaboracionistas, como el poderoso Augusto Timoteo “El Lobo” Vandor, se pondrían saco y corbata para celebrar en Gobierno la llegada de un nuevo mesías de uniforme; desde Madrid, Perón, distanciado de esos gremialistas, pedía “desensillar hasta que aclare”; el 17 de julio Onganía ordenaba la clausura y cierre de “Tía Vicenta”, un semanario cáustico sobre el poder; el 23 de julio, con escándalo y la expulsión de Antonio Rattin, un plebeyo que desatendió normas del protocolo real, Argentina era eliminada en cuartos de final del Mundial de fútbol de Inglaterra por el conjunto local: aquella gesta menor de un equipo que apostaba al cero y sólo quería llegar a los penales, se transformó en una ola triunfalista que etiquetó a aquella Selección, dirigida por Juan Carlos Lorenzo, como “campeones morales”; el 26 de julio, en Nueva York, el embajador argentino, Alvaro Alsogaray, hablaba ante 160 personalidades del comercio, la banca y la industria norteamericanas: “En la Argentina hay un gobierno civil encabezado por un militar. No se trata de un régimen militar…”, les aseguraba; el 27 de julio, celebrada por una multitud, llegaba a Ezeiza la delegación argentina que había caído en Wembley 1-0 ante el local, luego campeón del mundo y en apenas horas sería recibida en la Quinta de Olivos por el dictador Onganía: “El Gobierno de la Revolución se complace y les agradece esto que han hecho. Ustedes pusieron el nombre de la Argentina en el lugar donde debía estar y la República se regocija”, piropeaba al plantel.
Cuarenta y cinco días antes, al partir, había sido despedido por el profesor Ricardo Illia, hermano del presidente constitucional. Se fueron en democracia, casi ignorados, volvieron en dictadura. Onganía le pediría al capitán Rattín que entonara una tradición anglosajona, británica en particular, y diera las tres hurras, precedidas por el “hip, hip…”, ya entonces una antigüedad. El 29 de julio, las hordas del onganiato arrasaban los claustros, a palos y gases. El 13 de agosto, el general Onganía, como jefe de Estado, ingresaba con aires imperiales al predio de La Rural para la muestra agro ganadera, una tradición nacional, como pasajero de una carroza real usada por la Infanta Isabel de Borbón durante los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo, en 1910. Los bastonazos y la noche más negra de la cultura hasta entonces, ya habían dejado su huella maligna que marcaría a generaciones y generaciones. Sesenta años después, sus consecuencias aún perduran.
