El asunto se remonta a las políticas salariales aplicadas durante la década de 1990, cuando se generalizó la utilización de sumas fijas no remunerativas para otorgar mejoras salariales sin incorporarlas plenamente al haber.
Aquella práctica, iniciada por Domingo Cavallo, terminó generando durante años un complejo escenario judicial.
Los suplementos que originalmente habían sido concebidos como mecanismos transitorios terminaron formando parte de los reclamos de personal militar en actividad y retirado.
La controversia se profundizó con el Decreto 1305/2012 de la gestión Kirchner, que estableció suplementos denominados “Responsabilidad Jerárquica” y “Administración de Material”.
Con el paso de los años, militares en actividad acudieron al Fuero Contencioso Administrativo Federal, mientras que personal retirado promovió acciones ante el Fuero Federal de la Seguridad Social, reclamando que aquellas sumas fueran consideradas remunerativas y bonificables.
La Justicia terminó reconociendo en numerosos casos el derecho a incorporar esos conceptos al haber. Como consecuencia, las Fuerzas Armadas debieron recalcular los salarios y liquidar diferencias retroactivas, incluyendo los períodos alcanzados por las sentencias.
La incógnita que busca responder la PIA
El punto que intenta esclarecer la investigación administrativa es qué ocurrió con los aportes personales y las contribuciones patronales vinculados con esas nuevas liquidaciones.
Por ese motivo, el 18 de agosto, la PIA tomó intervención formal y solicitó información directamente al administrador del cierre de IOSFA, coronel mayor (R) Ariel Guzmán.
En la nota, la Procuraduría pidió que IOSFA informe si el Estado Mayor General del Ejército, el Estado Mayor General de la Armada y el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea transfirieron al organismo los aportes personales y las contribuciones patronales derivados de las liquidaciones judiciales practicadas como consecuencia del reconocimiento del carácter remunerativo y bonificable de los suplementos establecidos por el Decreto 1305/2012 y sus modificatorios.
La PIA reclamó además que, en caso afirmativo, se acompañen las correspondientes constancias documentales.
Pero el requerimiento va más allá y apunta a presuntas inconductas administrativas; pide aclaración sobre lo ocurrido en aquellos casos en los que alguna de las Fuerzas no hubiera efectuado los pagos.
En particular, el organismo del Ministerio Público Fiscal solicitó conocer si el entonces IOSFA promovió los correspondientes reclamos interadministrativos (a las FFAA), de acuerdo con lo establecido por la Ley 19.983 y su Decreto Reglamentario 2481/1993.
La PIA también pidió que se acompañen los antecedentes de esas actuaciones y, si no hubiera existido ningún reclamo, que IOSFA explique cuáles fueron los fundamentos que llevaron a no iniciar acciones.
La respuesta que produzca IOSFA podría determinar si existieron reclamos formales por fondos que debían ingresar a la obra social y, eventualmente, qué tratamiento recibieron dentro de la administración pública.
La intervención de la PIA puso el ojo en el trámite de documentos: determinar si los conceptos calculados en las liquidaciones judiciales se tradujeron efectivamente en transferencias de dinero a IOSFA.
IOSFA ya había pedido revisar once años de liquidaciones
La intervención de la PIA se produce después de que IOSFA comenzara a reclamar información al Ejército.
El 3 de junio pasado, el administrador Guzmán, envió una nota al jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Oscar Zarich, solicitando las liquidaciones correspondientes a los pagos judiciales realizados entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2026.
El sitio Realpolitik publicó una investigación documentada de la respuesta del Ejército.
El 10 de junio, Zarich respondió y sostuvo que las liquidaciones habían sido confeccionadas conforme a las pautas establecidas por el Ministerio de Defensa, actualmente conducido por el teniente general Carlos Presti.
El jefe militar señaló además que las decisiones judiciales se habían referido al dinero que correspondía percibir a cada demandante y que ello no implicaba, según la interpretación del Ejército, el reconocimiento automático de una deuda a favor de terceros.
En el punto de controversia referido a la cuota social de IOSFA, el Ejército sostuvo que los conceptos denominados “Contribución a la Obra Social” y “Contribución a la Obra Social Ajustada” no constituían créditos que IOSFA pudiera reclamar.
Según la respuesta, se trataba de “referencias contables necesarias para reconstruir el haber del actor”.
La interpretación planteada por el Ejército implica que esos conceptos podían formar parte de la reconstrucción matemática del haber judicialmente reconocido sin que ello significara necesariamente que existiera un importe exigible por parte de IOSFA.
La Fuerza agregó que las partidas presupuestarias recibidas habían sido destinadas al pago de retroactivos, intereses, honorarios y otros conceptos reconocidos judicialmente a favor de los demandantes.
Datos no oficiales arrimados en la denuncia que dio lugar a la intervención de la PIA arrojan que la proyección económica sobre el eventual perjuicio es de 149.465.494.400 pesos, a partir de un caso testigo de cinco beneficiarios proyectado sobre un universo estimado de 80.000 personas y sumando una estimación correspondiente a otras fuerzas.
