La administración Trump emitió tres documentos oficiales y veinte congresistas bipartidistas firmaron una carta al Representante Comercial de Estados Unidos pidiendo investigar, especialmente, al sector pesquero de diecisiete países. Argentina figura en el listado. La primera sanción visible recayó sobre un exfuncionario argentino. El acuerdo militar firmado el 20 de mayo se inscribe en la misma secuencia.
La política pesquera del gobierno de Donald Trump tiene una construcción documental precisa que conviene reconstruir antes de mirar el caso argentino. Lo que aparece como gestos sueltos —la sanción a un exfuncionario, la firma de un acuerdo militar, el pedido de una investigación comercial— es en realidad una cadena de decisiones articuladas en tres documentos oficiales y una carta legislativa.
El punto de partida es la Orden Ejecutiva del 6 de febrero, titulada «Desatar oportunidades en el Atlántico». El comunicado oficial de la Casa Blanca presenta la firma de «una Orden Ejecutiva para restablecer la competitividad de los productos del mar estadounidenses mediante la reducción de las cargas regulatorias, la lucha contra las prácticas comerciales extranjeras desleales y el fomento de la producción y las exportaciones nacionales de productos del mar».
El 17 de abril, un memorando complementario titulado «Recuperando la competitividad de los productores del mar estadounidenses» puso en marcha la Orden Ejecutiva. El texto instruye que «el Representante Comercial de los Estados Unidos examinará las prácticas comerciales pertinentes de las principales naciones productoras de productos del mar, incluso con respecto a la pesca INDNR y el uso de trabajo forzoso en la cadena de suministro de productos del mar, y considerará respuestas apropiadas, entre ellas la búsqueda de medidas correctivas mediante negociaciones o el uso de mecanismos de represalia comercial, como los previstos en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 (19 USC 2411)».
La Sección 301 es la herramienta unilateral de represalia comercial que la administración Trump utilizó durante su primer mandato para imponer aranceles a China en 2018. Permite al Representante Comercial (USTR) investigar prácticas que considere desleales y aplicar aranceles u otras medidas sin pasar por organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio.
El mismo memorando del 17 de abril establece que «el Secretario de Comercio, en consulta con el Secretario de Salud y Servicios Humanos, el Secretario de Seguridad Nacional y otros organismos pertinentes, deberá considerar de inmediato la revisión o revocación de las recientes ampliaciones innecesarias del Programa de Monitoreo de Importaciones de Productos del Mar, y mejorar el programa para identificar con mayor eficacia los envíos de alto riesgo procedentes de naciones que infringen sistemáticamente las normas internacionales de pesca”.
Primera acción del plan
El 20 de mayo, la nota de prensa de la Oficina del Portavoz titulada «Restablecer la competitividad de los productos del mar estadounidenses con una nueva herramienta global» anunció la primera aplicación concreta de esa política: «El subsecretario de Estado Christopher Landau anunció la primera aplicación de una nueva herramienta en el marco del enfoque global más firme del Departamento para proteger la industria pesquera estadounidense y los recursos pesqueros mundiales. El Departamento está tomando medidas para imponer restricciones de visado a 26 ciudadanos extranjeros responsables, cómplices, facilitadores o beneficiarios de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y actividades relacionadas con ella». De los 26 sancionados, sólo dos nombres fueron hechos públicos: el del mexicano José Alí Amador y el del exfuncionario argentino Pablo Ferrara.
La sanción a Ferrara
Quinientos barcos pescan calamar, merluza negra, abadejo y merluza hubbsi en la milla 201 y la primera medida que toman se aplica sobre 26 personas, entre las que figura un argentino cuya vinculación con la pesca INDNR figura solo en los medios, sin expediente que lo vincule con la pesca ilegal de merluza negra realizada por el buque Tai An, que sí fue sancionado por la Argentina, dado que el hecho ocurrió en aguas de nuestra jurisdicción.
A Ferrara le quitaron la visa de Estados Unidos por “actividades corruptas que facilitaron la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y socavaron el acceso justo al mercado para los pescadores estadounidenses», indicó Landau. Lo que podría ser cierto, de hecho nosotros publicamos esa versión, pero no existe ningún fallo judicial que lo condene y ahí reviste la gravedad del caso Ferrara.
Recordemos que lo que se está castigando es a «naciones que infringen sistemáticamente las normas internacionales de pesca». A Ferrara sólo se le puede denegar la visa porque no tiene vinculación con el sector, pero qué pasaría si fuera un exportador que infringió una norma dentro del Mar Argentino. Probablemente la especie exportada comenzaría a tener problemas en el mercado estadounidense.
La pesca argentina le preocupa a demócratas y republicanos
En una carta enviada el 12 de mayo al Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, veinte congresistas bipartidistas expresaron su reconocimiento al USTR por el enfoque comercial sobre el sector pesquero y solicitaron formalmente la apertura de una investigación amplia bajo la Sección 301 sobre prácticas desleales en el comercio de productos del mar.
La carta, encabezada por los representantes Clay Higgins (republicano por Louisiana) y Troy Carter (demócrata por Louisiana), pide al USTR no limitarse a los enfoques históricos —subsidios pesqueros y pesca INDNR— sino abarcar un espectro más amplio: etiquetado falso y denominaciones engañosas de especies, uso abusivo de antibióticos y fungicidas prohibidos en acuicultura, subsidios a la exportación y a la producción, daño ambiental, exceso estructural de capacidad, abusos laborales y normas permisivas con respecto al uso de artes de pesca.
El texto identifica diecisiete países sobre los cuales solicita examinar prácticas comerciales pesqueras. Argentina aparece en primer lugar del listado alfabético, junto a Canadá, Chile, China, Ecuador, Egipto, Islandia, India, Indonesia, Japón, México, Países Bajos, Noruega, Perú, España, Tailandia y Vietnam. La inclusión en el listado no implica una imputación específica al sector pesquero argentino, sino una solicitud de que la investigación lo cubra.
Pero deja explícito el lugar que la pesca argentina ocupa en la agenda comercial estadounidense bajo la administración Trump.
El acuerdo con la Armada
Volviendo al documento en el que se determinó que se perseguiría a los facilitadores de pesca ilegal en el mundo por el bien de Estados Unidos y de la humanidad, se anunció que «el Secretario de Comercio, el Secretario de Salud y Servicios Humanos y el Secretario de Seguridad Nacional utilizarán los ahorros generados para reforzar los controles exhaustivos en los puertos de los Estados Unidos y evitar que los productos del mar provenientes de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ingresen al mercado».
Agregando que «el Secretario de Comercio considerará, asimismo, opciones para emplear tecnología mejorada que permita identificar infracciones relacionadas con la pesca en el extranjero». Movimiento que se concretó también en nuestro país con el acuerdo entre la Cuarta Flota y la Armada Argentina, que sumó tecnología de punta en aviones y drones.
Lo curioso es que esa tecnología que tan generosamente nos ha donado la administración de Estados Unidos no se necesita para la vigilancia de la flota extranjera que pesca en la milla 201 y que eventualmente transgrede los límites, y mucho menos para vigilar a nuestra propia flota. La Prefectura no solo ha desarrollado sistemas de vigilancia complejos y eficientes, sino que lo sigue haciendo con la incorporación de IA, y además contamos con herramientas jurídicas para ni siquiera tener que gastar combustibles para librar sanciones de alcance internacional.
Si el problema es China y la invasión de productos chinos del mar en el mercado estadounidense, se podría comenzar por la revisión de los importadores de Illex argentinus que llegan especialmente desde China. Cruzando datos, para los servicios de inteligencia estadounidenses no será tan difícil encontrar. Esa sería una acción precisa para atacar la competencia desleal, el trabajo forzado y la pesca INDNR, todo lo que tanto las órdenes emitidas por el Departamento de Estado como los acuerdos con las Fuerzas Armadas dicen perseguir.
La hipótesis que trasciende lo comercial es la geopolítica, y en ese terreno la vía libre que el gobierno argentino le ha dado a los Estados Unidos en su disputa con China por el control mundial no es menos preocupante y requiere una explicación de las autoridades nacionales. Según se rumorea en Cancillería, llegará esta semana cuando se anuncien varias acciones conjuntas con la Embajada norteamericana.
Ocho días después de que la carta bipartidista llegara al despacho del Representante Comercial, el Departamento de Estado anunció la sanción a Ferrara. El mismo día, la Armada Argentina firmó el acuerdo con la Cuarta Flota. La cooperación militar se firmó por cinco años. Estados Unidos sanciona a ciudadanos argentinos sin pasar por la justicia local y el gobierno argentino le entrega, en simultáneo, presencia tecnológica permanente sobre el Atlántico Sur. La Cancillería no da explicaciones, la Armada festeja las donaciones y el sector pesquero, sumido en su propia crisis y con las defensas bajas, observa sin reflejos las estocadas diplomáticas.
