A través de Fiscalía de Estado, la Provincia apeló el embargo por más de $157 mil millones de pesos que estableció la Justicia Federal con el objetivo de resguardar fondos que permitan la realización de obras vinculadas al tratamiento de efluentes cloacales que afectan las costas de Berisso y Ensenada. La falta de tratamiento de los desechos que la Región Capital vuelca al río, cabe mencionar, genera una situación preocupante en cuanto a los riesgos de contaminación, tal como se advirtió en sendos estudios del CONICET y otras instituciones que entienden en la materia.
En la apelación a la disposición firmada por el juez Alberto Recondo, los representantes de la administración provincial consideraron que el embargo dictado representa una “gravedad institucional inusitada y consolida un avasallamiento a la autonomía de la Provincia de Buenos Aires”.
Del mismo modo, advirtieron que el embargo provocaría la paralización de las actividades de la Provincia, generando riesgos para la continuidad de servicios públicos esenciales y obligaciones críticas del Estado, alterando además la asignación de recursos definida por los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Será por lo tanto la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la encargada de evaluar la presentación de las autoridades provinciales.
