Empecemos por “la República”, o mejor dicho, por lo que supuestamente nos enseñaron sobre ella y sus instituciones burguesas. Según el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo tiene prohibido dictar disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable, salvo que circunstancias excepcionales hagan imposible seguir el trámite ordinario de las leyes. En criollo: el Presidente no puede prescindir del Congreso y sacar leyes por su cuenta. Solo podría hacerlo si pasara algo excepcional que impidiera el trámite normal. Si no se cumple esa condición, el decreto es nulo. Con una Cámara de Diputados que sesionó efectivamente 36 veces durante el gobierno de Milei, nadie puede sostener que el Congreso no puede actuar con normalidad. Todos los gobiernos recurrieron a los DNU, pero con este hay un salto notable.
El DNU 70/2023 modifica, sustituye o deroga más de cien leyes o decretos y rige desde el 29 de diciembre de 2023. El Senado lo rechazó, y fue la primera vez que una cámara rechazaba un DNU. Sin embargo, la ley 26.122, de autoría de Cristina Fernández y sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, exige que lo rechacen ambas cámaras y no fija plazo para resolverlo. Casi tres años después, el decreto sigue vigente. El jueves 15 de octubre faltaron ocho diputados, y fue decisiva la ausencia de legisladores vinculados a gobernadores aliados al Gobierno. La falta de quórum no significa que el Congreso haya ratificado el decreto. Lo que ocurre es que un Ejecutivo que gobierna por decreto necesita muy poco para sostenerse: le basta con que ocho diputados no se sienten.
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Por otra parte, la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada, vetada y ratificada con más de dos tercios. El Ejecutivo la promulgó con un decreto que suspendió su aplicación, y la Justicia declaró inaplicable ese decreto en una cautelar que confirmó la Corte. El 6 de octubre un juez lo declaró inconstitucional y ordenó cumplir de inmediato. El Gobierno apeló, sostiene que ya cumplió y vio suspendida a las 24 horas la multa por desobedecer. El Gobierno no cumple la ley.
El escenario es claro:lo que el Ejecutivo dictó solo, sin el Congreso, rige desde el primer día (DNU 70/2023). Lo que el Congreso sancionó contra la voluntad del Ejecutivo, con la mayoría más exigente que prevé la Constitución, se suspende. A esto se suma la negociación de votos con los gobernadores, una Justicia que falla pero no logra que se cumpla lo que ordena, y represiones cada vez más violentas.
Tomemos en serio, por unos instantes, el canon liberal que suele invocarse en los discursos de los defensores de la República. Montesquieu advirtió que, para que no se abuse del poder, hace falta que el poder detenga al poder. Madison escribió en El Federalista que reunir los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en las mismas manos es la definición misma de la tiranía. Locke resumió el límite: donde termina la ley, comienza la tiranía. No se trata de suscribir todo ese canon, ni de ubicarse en el terreno de la defensa de instituciones burguesas profundamente antidemocráticas como el Senado (ni hablar de la Justicia), sino de medir con su propia vara a quienes lo invocan. ¿Dónde están quienes se rasgan las vestiduras por la “división de poderes”? ¿Y quienes repiten que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”, como dice la Constitución? Su “republicanismo” termina donde empiezan los intereses de su clase: defienden la división de poderes hasta donde lo permiten el Fondo Monetario Internacional, los Estados Unidos y los grandes empresarios (Galperín, Rocca, Manzano, etc.)
Nada de esto es la violación excepcional de un sistema neutral. Es la ley de un orden que sostiene sus formas mientras le sirven y las deja de lado cuando dejan de servirle, y esa es la cuestión de fondo. Antonio Negri distingue entre el poder constituyente, esa fuerza colectiva que crea el orden desde abajo, y el poder constituido, que lo administra. Su lectura de la Revolución Americana sostiene que el diseño de contrapesos entre las instituciones fue una operación para encerrar la potencia democrática que había hecho la revolución. En nuestro caso, un movimiento que, con marchas masivas, arrancó una ley con la mayoría más exigente del sistema parlamentario vio cómo el Ejecutivo la reabsorbía con un decreto. No se trata de restaurar una república que nunca nos perteneció, sino de que la voluntad que ya se expresó no dependa de quien debe acatarla, de no depositar ninguna confianza en un laberinto institucional en el que estamos destinados a perder. Pretender destronar al rey y derrotar sus planes jugando en su corte, con su etiqueta y ante su tribunal, es aceptar de antemano que se pierde.
Los infiltrados
Como no podía ser de otra forma bajo este régimen, la movilización masiva que se reunió en el Congreso por la universidad pública, la emergencia en discapacidad y contra el DNU 70/2023 fue reprimida.
Cuando los gases comenzaron a llegar al escenario donde transcurría el acto N° 5, conducido por las autoridades, las direcciones de los sindicatos y la Federación Universitaria Argentina, los discursos tuvieron que terminar abruptamente. El presidente de la FUA, Joaquín Carvalho, tomó el micrófono y dijo: “Vamos a terminar este acto, con los gases, con la represión, pero le vamos a decir al Presidente de la Nación que él va a terminar su mandato y se va a ir de la Casa Rosada, pero la universidad pública va a seguir existiendo”. Es decir, en un escenario represivo, frente a un gobierno que no cumple la ley, el presidente de la mayor federación universitaria del país no perdió la oportunidad para dejar en claro su defensa de la investidura presidencial, la misma que lo está gaseando y que no cumple las leyes…
«Terminamos este acto con represión»
Los gases lacrimógenos arrojados por las fuerzas de seguridad obligaron a adelantar el cierre del acto central de la Marcha Federal Universitaria en Plaza del Congreso. https://t.co/fXyE7NKXpF
— Corta (@somoscorta) October 15, 2026
Desatada la represión, varios miles decidimos hacer valer nuestro derecho a la protesta, apagando decenas de gases lacrimógenos junto al PTS y los Comités por un Partido de la Nueva Clase Trabajadora y defendiendo nuestra permanencia en la plaza. De forma coordinada, y junto a la Posta de Salud y Cuidados, resistimos unas tres horas. Las autoridades, las direcciones de los sindicatos y las conducciones de los centros de estudiantes, encabezadas por la Franja Morada y sectores del peronismo, se retiraron.
Todavía seguíamos en la plaza cuando ya había comenzado el operativo mediático para deslegitimar la resistencia de quienes se quedaron: serían “infiltrados” o “violentos sueltos”. “Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos”, dijo Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA y miembro de la Unión Cívica Radical. Claro: en la concentración había otros sectores que no son parte del sistema universitario, como el colectivo de personas con discapacidad, los jubilados y quienes se quedaron sin trabajo. Ninguno de esos sectores parece importarle al monje negro de la casta universitaria. Pero, además de eso, le pide al mismo régimen policial que no cumple las leyes, que identifique a aquellos que resistieron. ¿Quién es, entonces, el infiltrado?
En Córdoba, ese mismo día, el régimen universitario también mostró su verdadero rostro. El rector radical Boretto con sus matones empujó, golpeó y corrió a compañeras de las asambleas que querían leer un pronunciamiento propio en el cierre de la Marcha Federal Universitaria.
Si nos interesa identificar infiltrado en el movimiento habría que empezar por aquellos que dicen defender la Universidad Pública pero se tiran en contra de los paros de los trabajadores universitarios y el movimiento estudiantil organizado de forma independiente, los que piden que se identifique a los que no queremos quedarnos de brazos cruzados viendo como venden el presente, los que se dicen opositores y luego votan con el Gobierno, no dan quórum y dejan en pie el DNU 70/23. Ellos, cuando dicen “defendamos la Universidad Pública”, en realidad están diciendo “defendamos nuestro statu quo”.
La rebelión
Durante tres años se les dijo a las universidades, y a tantos otros sectores, que no hay alternativa, que los decretos están firmes y que hay que confiar en los tiempos del Poder Judicial o, a lo sumo, esperar a las próximas elecciones presidenciales. Y cuando el Gobierno reprime, lo único que quedaría es agachar la cabeza y dividir a los manifestantes «legitimos» de los «ilegitimos».
El documento leído en el acto central cumple con el libreto: quienes están en el escenario hablan, quienes están en la plaza escuchan, y el reclamo queda donde estaba. Cinco marchas multitudinarias muestran la fuerza del movimiento, pero también el límite de una dirigencia muy cómoda con rituales y desfiles que no modifican ni un centímetro de la realidad. Un gobierno que no cumple una ley votada con dos tercios no cambia por la lectura de uno, dos o cinco textos.
Y cuando la dirección del movimiento responde a la represión repartiendo culpas entre manifestantes “buenos” e “infiltrados”, “legítimos” e “ilegítimos”, adopta el marco ideológico que le propone el poder. Es un intento de instalar que los dominados se miren con los ojos de quienes los dominan y desconfíen de su propia rabia, abandonando incluso a quienes quedaron del otro lado de la línea (entre los detenidos hubo dos menores, de 14 y 17 años) y tratando la bronca como algo ajeno, casi vergonzante, en lugar de un dato político, un elemento constitutivo esencial para dejar de ser un objeto y pasar, de una vez por todas, a ser un sujeto.
Esto no obliga a negar que existan infiltrados de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones; todo lo contrario. Que las organizaciones obreras, estudiantiles y populares los identifiquen es parte esencial para que la resistencia sea en nuestros propios términos y no en los de ellos. Obliga también a no dejar solos a los detenidos, a pedir pruebas antes de poner etiquetas y a exigir cuentas por la represión, en lugar de aceptar el reparto de legitimidades que decide, como siempre, el poder, y que muchos, como vimos estos días, reproducen con gusto.
Estamos frente a un momento bisagra y, del otro lado del Atlántico, la juventud junto a los trabajadores se está levantando. En Francia, un movimiento estudiantil radicalizado bloquea institutos, marcha por cientos de miles y enfrenta la represión. El movimiento sacude a la V República, y el sábado 17 de octubre su determinación, a pesar de la represión de las últimas semanas, abrió nuevas perspectivas. Nuestra organización hermana, Révolution Permanente, pelea para transformar el ímpetu juvenil en una contraofensiva que involucre a todo el movimiento obrero mediante huelgas, autoorganización y reuniones interprofesionales.
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El movimiento que comenzó con los secundarios discute en estos días quién decide: las organizaciones que negocian con el Gobierno sin consultar a las escuelas movilizadas, o las asambleas que eligen delegaciones propias. Le Poing Levé, la juventud de Révolution Permanente, sostiene que reunirse en asambleas es la condición fundamental para ampliar la movilización y que no se disperse. No es una discusión ajena. Cuando un documento se lee desde un escenario y la negociación queda en manos de unos pocos, el reclamo depende de la voluntad de quienes lo administran. La experiencia francesa puede mostrar otro camino es posible: que las propias comunidades decidan sus demandas, sus acciones y sus representantes, y los revoquen si no cumplen. Y ahí también se abre un debate estratégico con aquellos que apoyan la movilización pero son enemigos de la construcción de una verdadera autoorganización y de elementos de un auténtico «poder constituyente» de las masas, en pos de defender las instituciones y la investidura presidencial (como hace La Francia Insumisa).
La pelea por la autoorganización, el vínculo con otros sectores de trabajadores despreciados por la conducción universitaria y la relación entre el movimiento universitario y los estudiantes secundarios, que muestran signos de radicalidad en Francia y en el Estado español, son una hoja de ruta obligatoria para que la potencialidad del movimiento no quede en manos de los Emiliano Yacobitti y de un peronismo concentrado en administrar la resignación y la miseria.
Nuestra generación, en distintas partes del mundo, ya está haciendo uso del derecho a la rebelión. Es hora de organizarla y prepararla, poniendo en el centro nuestro horizonte: la Revolución para terminar con la barbarie, no solo porque la clase dominante no puede ser derrocada de otra manera, sino porque la clase que la derroca se libra, en esa lucha, de toda la inmundicia de la vieja sociedad, como escribieron Marx y Engels en La ideología alemana. Cada generación debe descubrir su misión y cumplirla o traicionarla. Esa es la nuestra.
