Denuncian que la pérdida del poder adquisitivo supera el 30% y se profundiza el éxodo de docentes e investigadores.
El conflicto educativo suma un nuevo capítulo de tensión. La comunidad universitaria ratificó que continuará en pie de lucha frente a la falta de respuesta del Poder Ejecutivo. Tras una semana de huelga impulsada por Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUBA) y la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmaron un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto. La medida apunta a exigir la aplicación inmediata de la ley N° 27.795 de financiamiento universitario, promulgada en el Boletín Oficial hace más de diez meses pero cuyo presupuesto continúa paralizado por parte del Gobierno.
Dirigentes sindicales advirtieron que la situación presupuestaria e institucional es crítica. Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, remarcó que las medidas buscan articular las fuerzas de sindicatos docentes, nodocentes y agrupaciones estudiantiles nucleadas en la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para confluir en una nueva Marcha Federal Universitaria. «La cuestión salarial no se va a resolver si no se resuelve primero la cuestión política, y la cuestión política no se va a resolver sin movilización popular», remarcó.
Salarios en caída y fuga de cerebros
Las cifras presentadas por las federaciones gremiales reflejan un deterioro significativo del sector:
- Deterioro salarial: Estiman una pérdida superior al 30% del poder adquisitivo del personal académico y de gestión. Para recuperar los ingresos al nivel de diciembre de 2023, se requeriría una recomposición mayor al 50%.
- Renuncias en masa: Según el CIN, más de 10.000 docentes e investigadores han presentado su renuncia en instituciones nacionales. En unidades académicas clave como la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se registraron 438 dimisiones, mientras que en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) la cifra supera el millar.
- Presupuesto paralizado: La interrupción del envío de partidas afecta tanto a los sueldos como al financiamiento del funcionamiento diario y a las becas de los estudiantes.
Tensión institucional y paritarias en la mira
El conflicto escaló también en el ámbito judicial y discursivo. A pesar de los fallos judiciales —entre ellos audiencias encabezadas por el juez federal Martín Cormick— que respaldaron el reclamo presupuestario, la administración nacional no ha destrabado las transferencias. Por su parte, la Asociación Gremial Docente (AGD UBA) cruzó con dureza al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien catalogó las protestas de «ilegales» y con pretensiones «políticas». Desde el sindicato tildaron los dichos del funcionario como un «vulgar ataque» a la libertad sindical y ratificaron que continuarán los paros hasta obtener soluciones concretas.
Las miradas están puestas ahora en la convocatoria paritaria pactada para el próximo 1° de septiembre, aunque desde la dirigencia gremial insisten en que la única garantía para destrabar el reclamo descansará en la capacidad de movilización de la comunidad educativa y en el acompañamiento social.
