La voracidad fiscal de las intendencias departamentales

De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), “entre 2005 y 2025, la presión fiscal en Uruguay aumentó 3,3 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), pasando de 23,8% a 27,1%, mientras que los egresos primarios del gobierno central y el Banco de Previsión Social escalaron de 21,3% a 28,9% del PBI en el mismo período. (…) Uruguay ocupa un lugar singular en el contexto latinoamericano. Es el segundo país de la región con mayor efectividad gubernamental según el Índice de Gobernanza del Banco Mundial (puntaje 0,69 en 2024, sólo por detrás de Chile), tiene instituciones relativamente sólidas, baja corrupción y estabilidad democrática consolidada. Sin embargo, esta fortaleza institucional coexiste con una paradoja fiscal: el país gasta más de lo que puede sostener y lo hace de manera crecientemente ineficiente”. (…) “Los últimos datos de estadísticas tributarias de la OCDE muestran que para el 2024 la presión fiscal de Uruguay se ubicó en 27,3% del PBI, Uruguay supera en casi seis puntos el promedio de América Latina y el Caribe (21,7%). Aunque aún se ubica por debajo del promedio OCDE (34,1%), la diferencia es que los países desarrollados obtienen, a cambio de esa carga tributaria, niveles de capital humano, infraestructura y servicios públicos cualitativamente superiores”.

Según el CED, “el problema no es solo el tamaño del Estado sino su composición. El 83% del gasto primario uruguayo está comprometido en tres rubros prácticamente inmodificables en el corto plazo: pasividades, remuneraciones al personal y transferencias corrientes. (…) La expansión del empleo público es uno de los vectores más visibles del crecimiento del Estado. Entre 2005 y 2024, el número de funcionarios públicos pasó de 231.270 a 301.893, un incremento de 30,5% que prácticamente duplicó el ritmo de crecimiento de la economía en el mismo período. (…) Con el inicio del primer gobierno del Frente Amplio bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, y favorecido por un ciclo externo excepcionalmente favorable –el superciclo de precios de materias primas que impulsó a toda América Latina–, Uruguay inició una expansión sostenida del gasto público que no se detuvo con el fin de ese ciclo externo”.

Los orígenes de esa voracidad fiscal se encuentran, entre otras razones, en la necesidad de financiar y sostener un Estado ineficiente, que gasta mucho y mal y que, a pesar de los discursos políticos de autocomplacencia, no logra atacar, y mucho menos solucionar, los grandes problemas que el país mantiene: pobreza infantil, inseguridad, educación y tantos otros que un día sí y otro también golpean el relato de la “penillanura suavemente ondulada”, autocomplaciente y orgullosa de sí misma. Es un país que tiene uno de los impuestos al valor agregado (IVA) más altos del mundo y una carga tributaria paralizante, que impide cualquier impulso emprendedor y destroza la iniciativa privada y la creación de puestos de trabajo genuinos, reales, sustentables y sostenibles. Lamentablemente, la voracidad fiscal uruguaya no se limita a la Administración Central, las empresas o las personas públicas no estatales, sino que también afecta a las intendencias departamentales, que un día sí y otro también buscan la forma de exprimir un poco más al contribuyente para poder financiar sus sueños mesiánicos, consecuencia de un culto a la personalidad marcado por la falta de diálogo con el resto de las fuerzas políticas en cada departamento. De esa forma, los intendentes departamentales se transforman en “capataces de estancia” que no son proclives a los acuerdos políticos y sí a la imposición unilateral de sus puntos de vista, todo ello por la mayoría automática de ediles que la Constitución de la República les concede en la Junta Departamental.

El reciente “acuerdo” del Congreso Nacional de Intendentes sobre los valores de los vehículos a efectos del cálculo del pago de las patentes es una clara muestra de esa “ansiedad tributaria” que afecta a los intendentes de todo el país. Tratar de presentar el mantenimiento del valor de las patentes como una buena noticia para los contribuyentes es una verdadera tomadura de pelo. Lo único que se mantiene es el robo descarado que las intendencias les hacen a los propietarios de vehículos al tomar en cuenta valores que no reflejan el mercado y que jamás se obtendrían en condiciones normales de una operación de compraventa. Por algo existe la broma según la cual “el negocio es comprar un vehículo por el valor de mercado y vendérselo al Sucive por el valor que ese mismo organismo ha fijado”. Si nos referimos a Paysandú, esa voracidad fiscal se refuerza con la supuesta “actualización” satelital de la información sobre los inmuebles (en realidad, una caza de brujas seguido de un aumento puro y duro), que tendrá como consecuencia un aumento de la contribución inmobiliaria. A esto debe sumarse el proyectado “Impuesto para la Gestión del Medio Ambiente y de los Espacios Públicos”, que formaba parte del Presupuesto Quinquenal 2026-2030 pero que, afortunadamente, no fue aprobado por la Junta Departamental. Todo ello disfrazado de buenas intenciones, obviamente, que suenan muy bien en el discurso político pero que no logra disimular su real esencia, que es meterle la mano un poco más adentro del bolsillo del contribuyente.

Ante este panorama, resulta alentadora la iniciativa presentada por el edil nacionalista Marcelo Tortorella, que propone “como modificación estructural al régimen del Sucive la sustitución del actual sistema privado de determinación de aforos por los valores de tasación oficial que establece el Banco de Seguros del Estado (BSE) para vehículos nuevos y usados, con el doble objetivo de generar una economía sustancial en los costos operativos del sistema y asegurar aforos ajustados a la realidad del mercado”. Entre otros objetivos, el proyecto de Tortorella denuncia que el modelo del Sucive “se ha desdibujado en su aplicación práctica, convirtiéndose en un entramado administrativo rígido y opaco para el ejercicio de las funciones de contralor de las Juntas Departamentales que afecta a los contribuyentes”. Asimismo, se destaca que “el importe final de la patente de rodados que abonan los ciudadanos resulta de mecanismos de determinación que carecen de la debida transparencia pública, habiéndose privatizado en los hechos la fijación de los valores de aforo mediante la contratación y uso de bases de datos privadas, lo que encarece innecesariamente la gestión del sistema para incrementar el valor de las patentes de rodados”. Precisamente, para evitar esos efectos negativos, el proyecto busca recurrir al BSE en la forma antes señalada.
Por supuesto que la propuesta tiene pocas chances de hacerse realidad, por lo que en si termina siendo un saludo a la bandera. El Congreso de Intendentes sabe bien que el sistema actual es injusto y arbitrario, pero de seguro ningún intendente votaría una propuesta que pudiera significar una reducción de los ingresos a las arcas municipales sólo porque la realidad del mercado demuestra que el artículo “suntuoso” por el cual pretenden recaudar miles de dólares anuales, actualmente no es diferente a un electrodoméstico cualquiera en un hogar promedio uruguayo.

Ya es hora de que el Estado uruguayo y las intendencias departamentales dejen de seguir “exprimiendo la vaca para ver si da más leche”. El contribuyente no da más. Si al senador Sergio Botana no le da el sueldo para vivir y salió a quejarse de ello a la prensa, imagínense cómo la están pasando los uruguayos “de a pie” con esta voracidad fiscal incontenible.

Redacción

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