En medio de la polémica por el fallo de la Corte, la Justicia le ordenó a Nación que informe y preserve todo tipo de información sobre tierras rurales bonaerenses recopiladas durante la vigencia de la Ley de Tierras.
Tras una decisión del Máximo Tribunal, la Ley de Tierras perdió su vigencia. Parte del acervo que se había originado durante su aplicación está vinculado a la información sobre los propietarios extranjeros de grandes extensiones de campos.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia presentó una cautelar para que el gobierno «informe y preserve todo tipo de información sobre tierras rurales bonaerenses recopiladas durante la vigencia de la Ley de Tierras».
Desde el organismo tienen especial interés en poder reconstruir el mapa dominial y datos vinculados a la propiedad de tierras recolectados durante los últimos 15 años.
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El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata le dio cinco días a Nación para informar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales de los últimos cinco lustros.
«Proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones», aseguró Guido Lorenzino, defensor del Pueblo.
