En un segundo fallo, en el que resolvió otro amparo, la Corte Suprema repuso la Ley de Tierras. Si bien la oposición sostiene la sesión pedida para este jueves con el fin de voltear el mega DNU 70 -el cual contiene un artículo que deroga la norma que limita la venta de tierras a extranjeros- esto los aleja aún más de la posibilidad de tener quórum.
La sesión fue pedida de urgencia a fines de septiembre, luego del primer fallo del Máximo Tribunal que resolvió en contra del amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Si bien no determinaron sobre la cuestión de fondo ( si era constitucional o no) definieron que el CECIM no tenía legitimación suficiente para hacerlo. Y al levantarse la cautelar quedó vigente el artículo 154 del decreto que deroga la Ley de Tierras
Ahora, ocurrió lo contrario: la Corte aceptó la nueva cautelar interina de una ONG ambientalista y en la práctica la derogación de la Ley quedó suspendida.
La oposición decidió sostener igual la sesión del jueves 15 en Diputados para rechazar de raíz el decreto de Milei, firmado en 2023, que dio origen a estos conflictos.
Desde Unión por la Patria sentenciaron que «las tierras de los argentinos no pueden depender del humor de la Corte» y confirmaron la convocatoria: «por eso el próximo jueves estaremos en la Sesión Especial para defender nuestras tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias».
En la misma sintonía se manifestó Pablo Juliano de Provincias Unidas: «Diez días después del fallo contra el CECIM, la Corte vuelve a frenar de manera provisoria la derogación de la Ley de Tierras. La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial. El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso«.
Lo cierto es que la oposición aún no tenía garantizado el número para conseguir abrir la sesión y la decisión del Tribunal le quita presión a los aliados del oficialismo que ahora tienen un argumento más fuerte para justificar que no dan quórum.
Hasta el momento lo que señalaban era que había que buscar otra alternativa, porque los DNU se deben rechazar o avalar en conjunto, no por capítulos y si el mega decreto 70 (que tiene más de 300 artículos) se va a generar un caos procesal. Volverían normas como la Ley de Góndolas o la de Alquileres y otras quedarían repentinamente sin efecto.
