Tras la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral, la Secretaría de Trabajo presentó este jueves un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que levante la medida que el juez Raúl Ojeda dictó en respuesta a una acción judicial de la CGT. La legitimidad de la central obrera como representante de los trabajadores y la competencia del magistrado sostienen el per saltum.
La presentación, respaldada por la Procuración del Tesoro de la Nación con el objetivo de revertir la sentencia del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, plantea que en la decisión del magistrado existen “cuestiones de notoria gravedad institucional dado que la decisión recurrida compromete instituciones básicas del sistema republicano” ya que la medida cautelar “suspende con efectos generales una ley dictada por el Congreso de la Nación”.
Cuestionan, al ordenar la suspensión de los artículos de la Ley de Modernización Laboral, el juez «se atribuyó facultades legislativas que pertenecen al Congreso».
Según sostiene, la disposición que frenó 82 artículos de la ley 27.802 “excede el interés de las partes” porque afecta el régimen republicano de gobierno a partir de “un notorio avance que el Poder Judicial lleva a cabo sobre el Poder Legislativo.
En este sentido, el escrito alude a la necesidad de “una resolución pronta y expedita” que permita la plena vigencia de una norma aprobada por ambas cámaras legislativas pero que luego fue suspendida “por un juez nacional que se arrogó la facultad que no posee de suspender una ley con efectos generales”.
Por otro lado, desde el Gobierno cuestionan que en el caso debió haber intervenido un juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal debido a que la demanda de la CGT fue en contra del Estado Nacional y porque el objetivo era que se declare la inconstitucionalidad de una ley. No obstante, el recurso quedó en manos de un juez del fuero laboral, que fue el que inicialmente ordenó que se suspenda la aplicación de la Ley.
En tanto, remarcan que la continuidad de la cautelar a favor de la central obrera “torna absolutamente irreparable el daño que se genera a nivel nacional”.
«Esto resulta en una ruptura en la organización republicana de gobierno, ya que el Juez excedió su competencia -la que tampoco ostentaba- y pretendió convertirse rápidamente en legislador. V.E. ya ha señalado que ningún Juez posee competencia para anular con carácter general una norma emitida por el Congreso y, menos aún, tiene facultades para suspender cautelarmente con igual alcance», señala la presentación.
La sentencia de Ojeda, dice el Gobierno como argumento central, pone en tela de juicio una ley sancionada por el Congreso de la Nación; suspende una ley en contradicción con el modelo de control de constitucionalidad y la forma republicana de gobierno”.
Además, afirman que la decisión judicial tuvo componentes arbitrarios ya que el fallo contiene “afirmaciones meramente dogmáticas, basadas en la opinión del magistrado y sin dar motivo ni razón suficiente para ella”.
Más allá de los cuestionamientos a la resolución de Ojeda, la secretaría a cargo de Julio Cordero deslizó en su presentación que la CGT no tiene la suficiente legitimación para arrogarse la representación del sector al que dice defender. Entre otras cosas, argumentan que “en la sentencia no se delimitó el colectivo afectado; no se demostró homogeneidad y no se justificó la imposibilidad de acciones individuales”.
“Conforme se expuso en el informe oportunamente presentado por esta parte, la CGT no representa directamente a los trabajadores y no demuestra afectación concreta”, señala el texto.
