La controvertida decisión del Gobierno de España de pactar con Junts la cesión de determinados aspectos de la política migratoria a la Generalitat de Catalunya tiene por delante un panorama expectante de adhesiones e indignaciones, casi a partes iguales. A la espera de conocer todos los detalles de la delegación de funciones, el escaparate del asunto le ha servido a Junts para escenificar un poco de músculo con sus votantes ante el temor de una desbandada en determinados territorios hacia la revoltosa Alliança Catalana.
Vehículos de los Mossos d’Esquadra en el paseo de Gràcia
Llibert Teixidó
El acuerdo, salvo enajenación del Estado, sólo puede incorporar tareas de servicio, delegación de funciones, y en ningún caso alteración de criterios normativos. Junts, ni una Generalitat en la que los independentistas no gobiernan, podrá alterar las directrices que marque España respecto a la inmigración. Por tanto, la voluntad independentista de que la lengua sea un efecto de regulación no será posible.
El bienestar del ciudadano no pasa porque la revisión de pasaportes la realice un agente en catalán
Hay políticas de Estado, y me atrevería a decir de continente, con las que no se pueden hacer bromas. La inmigración es una de ellas y sólo admite, si queremos hacer las cosas bien, directrices únicas y sensatas. Sin buenismos, con exigencia, pero con sentido común. No tendría sentido que para ser inmigrante en Badajoz se requiriesen cosas diferentes que para asentarse en Ripoll. Quizás tenga más importancia que quien venga lo haga por la necesidad del país, que tenga la obligación de adaptarse a los usos y costumbres, que cumpla con las obligaciones y goce de los derechos. En definitiva, que se le pida cumplir aspectos importantes y no ensoñaciones que sólo sirven para alentar al correligionario.
De todos modos, uno de los grandes problemas que tendrá el acuerdo de delegación de funciones de inmigración será el volumen de agentes de Mossos d’Esquadra que habrá que poner a disposición para cumplir con las funciones delegadas. Tenemos un ejemplo con el servicio de tráfico. Catalunya obtuvo el traspaso de las competencias para velar por el cumplimiento de las normas que sigue dictando Madrid, al igual que ocurrirá en las fronteras, y la Generalitat tuvo que dedicar una cantidad ingente de Mossos para el servicio. Con la frontera la cifra no será tan escandalosa pero la policía autonómica no está para despistarse. Con las necesidades de seguir apretando para rebajar las cifras delincuenciales, ampliar las tareas de los agentes sólo servirá para desatender flancos esenciales que afectan a la seguridad, y a su percepción, que son los que la ciudadanía entiende y sufre.
Una tarea que hasta ahora no cubrían los Mossos afectará al cumplimiento de otros servicios, salvo que la plantilla aumente y se gestione mejor. La política marca a veces el paso de determinados compromisos pero sería bueno no olvidar el bienestar del ciudadano y eso no pasa porque la revisión de pasaportes la realice un agente en catalán.
