Teresa es una persona jubilada de Sabadell que pagaba una residencia con el alquiler de su piso. El inquilino ahora es un ocupa y ella se ha visto obligada a acudir a los servicios sociales porque su pensión no es suficiente. Este fue uno de los casos que hizo público la nueva asociación de propietarios de Catalunya.
Con el nombre de Som Habitatge. Unió de Propietaris de Catalunya, la entidad se ha presentado hoy en sociedad en un concurrido auditorio del Ateneu Barcelonès con más de 200 personas.
Su objetivo es claro: alzar la voz y proteger los intereses de los dueños que alquilan sus pisos. “Ya es suficiente. Hoy en Catalunya invertir en vivienda se ha convertido en una temeridad. Ser propietario lamentablemente es un estigma. Nos han deshumanizado y criminalizado”, lamentó su presidenta, Núria Garrido.
A nadie se le escapa que la vivienda preocupa y su acceso supone el problema más importante en Catalunya, según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), publicado en marzo de este año. Ante esta realidad, la asociación quiere erigirse en un interlocutor válido con la administración para lograr un mercado de alquiler “equilibrado, justo y de calidad”.
El acto se ha celebrado en el Ateneu Barcelonès
Llibert Teixidó / Propias
Precisamente, uno de los principales puntos criticados por la nueva entidad son los “excesos normativos”, como el reciente pacto del Govern presidido por Salvador Illa con los Comuns, ERC y la CUP para aplicar también un tope a los alquileres de temporada -a excepción de los de uso turístico o vacacional – o la limitación generalizada del precio del alquiler en 271 municipios catalanes con áreas consideradas tensionadas. “Catalunya se ha convertido en una especie de laboratorio de una política de vivienda que no funciona”, aseguró Garrido.
Además de sentirse desamparados por la lentitud de la justicia para hacer frente a casos de ocupación, también denuncian “inseguridad jurídica”. En este sentido, exigieron a la administración que asuma la responsabilidad de la vulnerabilidad de los inquilinos para que no recaiga sobre los arrendadores, con el “consecuente impacto negativo en la oferta de vivienda disponible”.
Entre sus propuestas, una fiscalidad más justa, eliminar las políticas restrictivas y sancionadoras, facilitar la primera adquisición de vivienda habitual a cualquier persona independientemente de su edad, promover la colaboración público privada para construir pisos asequibles e impulsar un pacto de Estado por la vivienda en el que se tenga en cuenta a los propietarios.
Asistentes a la presentación de la nueva entidad ‘Som Habitatge. Unió de Propietaris de Catalunya’
Llibert Teixidó / Propias
A la presentación de la nueva asociación asistieron representantes de diferentes partidos políticos, agentes económicos y distintos colegios profesionales. En su intervención, el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera, señaló que uno de los retos en materia de vivienda es superar la “confrontación” por la “concertación” entre los actores implicados. Por su parte, Lídia Guillén, la secretaria de Habitatge de la Generalitat, celebró de forma positiva la creación de la entidad y destacó que para el Govern la colaboración público privada es “imprescindible”.
El acto también contó con dos conferencias de expertos en la materia. Una de ellas por parte del director jurídico del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, Carles Sala, quien en su explicación defendió que los caseros son los que pueden proveer vivienda a la ciudadanía a corto y medio plazo, y no la administración. El otro ponente fue el doctor en derecho civil y director de la cátedra Unesco de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, quien realizó un pormenorizado repaso histórico de la propiedad privada y su función social.
