Maltrato infantil en Salta: el 44% de las medidas de protección se debió a situaciones de violencia

Entre enero y julio de 2026 en la provincia de Salta, las situaciones de violencia motivaron el 44% de las medidas de protección integral y el 19% de las medidas excepcionales que requirieron el retiro de los menores de sus hogares. Esta problemática muestra un incremento alarmante en la demanda de asistencia estatal, donde las solicitudes pasaron de 4.500 en 2022 a superar las 12.000 al cierre de 2025.

El impacto geográfico se concentra principalmente en la jurisdicción Capital con el 65% de los casos, seguida por las delegaciones de Tartagal (17%) y Orán (12%). Un escenario crítico atravesado por factores determinantes como las adicciones, las afecciones en la salud mental, el uso de pautas de crianza violentas y un marcado debilitamiento en las redes de apoyo familiar.

Las situaciones de maltrato e intrafamiliares hacia niños, niñas y adolescentes ocupan un lugar crítico en la agenda del sistema de protección de derechos de la provincia de Salta. Entre enero y julio de 2026, el 44% de las medidas de protección integral tramitadas por la Secretaría de Niñez y Familia estuvo directamente relacionado con episodios de violencia, mientras que un 43% respondió a dificultades en el ejercicio de la responsabilidad parental y un 3% a casos de negligencia grave.

Asimismo, en los casos más severos donde se debió recurrir a medidas de protección excepcional —aquellas que exigen separar temporalmente al menor de su núcleo familiar para resguardar su integridad física o psíquica— el 19% de las decisiones se tomó a raíz de hechos violentos.

Demanda en aumento y la incidencia de la Ley Lucio

De acuerdo a lo señalado por funcionarios de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, la demanda de intervención estatal ha registrado un incremento sostenido en los últimos años: tras recibir 4.500 solicitudes en 2022 y 10.000 en 2024, el organismo cerró el año 2025 con más de 12.000 intervenciones efectivas.

Desde el Ministerio Público Fiscal, se sostiene que el alza en el flujo de denuncias no implica necesariamente un aumento en la cantidad absoluta de delitos, sino una mayor concientización y capacitación comunitaria e institucional para detectar las alertas tempranas. En este sentido, destacó el impacto de la Ley Nacional 27.709 (Ley Lucio), impulsora de la capacitación obligatoria para agentes públicos y la sociedad en la prevención del maltrato infantil.

Canales de alerta y corresponsabilidad comunitaria

A través de la Línea 102 —servicio de atención gratuita y anónima disponible las 24 horas—, el 11% de los llamados en 2026 obedeció a denuncias por maltrato físico o psicológico, un 17% a negligencia, un 8% a conflictos familiares y un 5% a posibles situaciones de abuso sexual infantil.

Desde los organismos oficiales enfatizan el principio de corresponsabilidad: la detección no recae únicamente en el ámbito familiar o en las fuerzas de seguridad, sino en el compromiso activo de escuelas, centros de salud, organizaciones sociales y vecinos para alertar a tiempo y activar los mecanismos de resguardo en toda la vecina provincia.

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