En diálogo con El Editor Platense, Puentes explicó que tomó conocimiento de la situación a través de las redes sociales y que, tras analizar el caso, lo que más le llamó la atención fue la posibilidad de que una persona hubiera desempeñado tareas dentro de una dependencia municipal sin figurar oficialmente en la estructura del Estado.
«Lo que me llamó poderosamente la atención fue el reclamo de una señora que manifestó haber trabajado durante seis meses con el secretario de Seguridad y Política Criminal y que nunca le pagaron. Más allá del reclamo laboral, lo preocupante es cómo una persona puede trabajar dentro del Municipio sin haber sido designada formalmente», sostuvo.
Según explicó el abogado, el eje del problema excede el eventual conflicto laboral y se traslada al plano institucional, cuando dijo: «Es una cuestión de responsabilidad institucional».
«Estamos hablando de una Secretaría municipal. No es un comercio privado donde alguien puede pedir ayuda de manera informal. Si una persona desarrolla tareas para el Estado debe existir un acto administrativo que respalde esa situación», afirmó.
En ese sentido, planteó interrogantes sobre la eventual responsabilidad del funcionario que habría convocado a la mujer.
«Si esa persona estaba trabajando dentro de oficinas municipales y sufría un accidente, ¿quién respondía? El Municipio tiene responsabilidades porque se trata de instalaciones públicas y de un funcionario que integra el Ejecutivo. No puede existir una relación laboral informal dentro del Estado«, cuestionó.
Miguel Puentes consideró que, de comprobarse la denuncia, se trataría de una situación de falta de oficio por parte de quienes tienen responsabilidades de gestión.
Migual Puentes, abogado denuunciante
La vía judicial que apuntan contra el gobierno de General Rodriguez
El abogado confirmó además que la mujer contactó con su estudio con la intención de evaluar una eventual demanda laboral, aunque explicó que hasta el momento no pudieron avanzar con la representación.
«Estaba prevista una reunión con ella, pero no pudo concretarse porque atraviesa una situación de mucho estrés. Según manifestó públicamente, tiene miedo porque asegura haber recibido amenazas desde el entorno del funcionario», indicó. No obstante, aclaró que todavía no asumió formalmente su patrocinio legal.
¿El Área de seguridad de General Rodriguez? Ausente
En exclusiva con este medio, Miguel Puentes también vinculó la polémica con los recientes episodios de violencia registrados en General Rodríguez tras los festejos por la participación de la Selección Argentina en el mundial de los Estados Unidos, México y Canadá , donde se produjeron robos y destrozos en distintos comercios.
A su entender, la prioridad del área de Seguridad debería estar puesta en la prevención del delito y no en conflictos políticos o personales.
«La gente espera que los funcionarios estén ocupados en resolver los problemas de seguridad. Cuando suceden hechos graves y al mismo tiempo aparecen este tipo de situaciones, se genera una enorme decepción», expresó.
Otra causa judicial en marcha
Finalmente, Miguel Puentes recordó que mantiene una causa judicial por presuntas expresiones difamatorias contra una integrante del entorno político de Rappazzo.
Según explicó, el próximo 4 de agosto está prevista una audiencia en el Juzgado Correccional N.º 1 de Moreno-General Rodríguez, donde la persona denunciada deberá ratificar o rectificar las manifestaciones que motivaron la presentación judicial.
Mientras tanto, el caso vinculado a la mujer que asegura haber trabajado sin designación formal continúa sin una definición y suma nuevos interrogantes sobre el funcionamiento administrativo del área de Seguridad municipal.
