El presidente editor del medio de comunicación de ultraderecha de Guatemala República GT, Rodrigo Arenas, denunció públicamente la existencia de un plan para atentar contra su vida y la de su equipo editorial.
Según el propio Arenas, la amenaza proviene de “políticos y financistas vinculados a la narcopolítica”, personajes que han sido objeto de investigaciones y reportajes publicados por este medio digital.
La denuncia fue difundida mediante un comunicado en el que enfatizó: “Me quieren matar. Soy Rodrigo Arenas, presidente editor de República. Con preocupación, pero con determinación, denuncio la planificación de un atentado en contra de mi vida y la de mi equipo editorial. La intención es firme y el plan es real. Está confirmado, sabemos quiénes son”.
Arenas señaló que la amenaza se relaciona directamente con las investigaciones del portal sobre estructuras criminales y narcotráfico que han penetrado sectores del poder político en Guatemala.
Narcopolíticos nos quieren callar, pero no retrocederemos.
La narcopolítica amenaza de muerte a @rodrigoarenas, presidente editor de República.
Denunciamos, con preocupación pero con determinación, la planificación de un atentado contra su vida y contra el equipo editorial. La… pic.twitter.com/KZsgREuysY
— República. (@republicagt) August 13, 2026
Según el directivo de República GT, la información sobre el complot incluye detalles sobre una reciente reunión de líderes criminales “organizada precisamente para ese fin”, donde se habrían definido los objetivos contra el medio y su equipo.
La información, aseguró, fue entregada a autoridades locales y gobiernos aliados.
Desde el exterior, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala reaccionó ante las denuncias. En un post publicado en sus redes sociales, la misión diplomática calificó de “alarmantes” los reportes sobre políticos ligados al narcotráfico que buscarían mantener “actividades ilícitas en la sombra”.
El mensaje, dirigido en particular a los actores políticos de cara a las elecciones de 2027, subrayó: “Estados Unidos tiene cero tolerancia con los narcotraficantes y quienes les dan cobertura política. Nos mantendremos firmes contra quienes utilicen el poder político para proteger intereses delictivos”.
La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), de la que Rodrigo Arenas fue presidente, expresó su “más profunda preocupación por las amenazas y la operación criminal denunciada”. La organización destacó que no se trata solo de intimidaciones, sino de “la planificación y articulación de una operación concreta orientada a atentar contra la vida e integridad de un periodista y su equipo”, como consecuencia de investigaciones sobre redes del crimen organizado.
En un comunicado dirigido a la población, a la comunidad internacional y especialmente a las autoridades de Guatemala, la Cámara exigió la apertura de una “investigación seria, independiente y exhaustiva” para identificar y sancionar a todos los responsables, incluidos autores intelectuales, financistas y cualquier estructura criminal implicada.
La Cámara Guatemalteca de Periodismo solicitó al Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y demás entidades estatales la adopción de medidas urgentes de protección a favor de Arenas y su equipo, en particular de Alejandro Palmieri (editor de política) y José Fernando Orellana (director editorial). El objetivo es garantizar “su vida, integridad y libertad de ejercer el periodismo”.
Mientras que en su mensaje, Arenas hizo un llamado a los “genuinos líderes” de Guatemala para que asuman su responsabilidad en defensa de la libertad de expresión. Recordó el sacrificio de generaciones pasadas que enfrentaron amenazas similares en el contexto del conflicto armado.
Antes de construir el medio de ultra derecha República GT, Rodrigo Arenas estuvo vinculado a un caso de financiamiento electoral ilícito, investigado por el Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad de la que más tarde, Arenas se convirtió en un gran opositor.
Según las investigaciones de las fases del caso FCN-Nación, Arenas participó en la coordinación y en mecanismos de aportación a través de entidades como Novaservicios S.A. para cubrir gastos de fiscalización y logística del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) durante el proceso electoral de 2015 donde resultó ganador Jimmy Morales.
Estos fondos que no fueron reportados ni fiscalizados debidamente ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), manteniéndose en el anonimato. En mayo de 2018, la entonces jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, que ahora se encuentra en el exilio, ligó a proceso a Arenas y a José Andrés Botrán por el delito de financiamiento electoral ilícito.
Sin embargo, tras modificaciones del delito por el que era señalado, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un fallo a favor de los empresarios procesados (Arenas y Botrán), con el cual anuló la resolución original que los había enviado a tribunal de debate.
