El Consejo de la Magistratura de la Nación suspendió en sus cargos y envió a juicio político a dos jueces federales para que sean juzgados por presunto mal desempeño de sus funciones. Son Alfredo López, de Mar del Plata, y Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa.
El organismo aprobó las acusaciones en su plenario de este miércoles. En el caso de López por unanimidad y en el de Díaz Lacava por mayoría de votos.
Con esa decisión, los dos jueces quedaron suspendidos en sus cargos y serán juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación por presunto mal desempeño. Para eso, el Jurado tiene 180 días para hacer el proceso y la única decisión es si remueve de los cargos a los jueces o rechaza las acusaciones y vuelven a sus funciones.

López está acusado de publicar en sus redes sociales mensajes antisemitas y presentó su renuncia la semana pasada para evitar el juicio político. La causa contra Díaz Lacava por maltrato laboral y amenazas a los empleados y funcionarios de su tribunal, entre ellos tirarles una piedra. Por eso caso, el magistrado también tiene un expediente penal en el que fue enviado a juicio oral y tiene prohibido ingresar a su tribunal.
El juez de Mar del Plata presentó su renuncia al cargo y el gobierno nacional de Javier Milei no se la aceptó. Antes, el Ministerio de Justicia le pidió al Consejo un informe sobre las causas contra el juez. A pesar del envío a juicio político, el gobierno puede aceptarle la renuncia en cualquier momento o no tomarla y permitir que avance el juicio oral.
López y Díaz Lacava fueron investigados por la Comisión de Acusación del Consejo que aprobó los dictámenes para juzgar a los magistrados federales. El plenario ratificó esas acusaciones.

El dictamen en contra de López fue aprobado por unanimidad por 19 votos del plenario que encabezó el presidente del Consejo y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Por su parte, la acusación contra Díaz Lacava tuvo 15 votos para el juicio político, dos abstenciones (la del representante del Poder Ejecutivo, Santiago Viola, y del diputado nacional de la Libertad Avanza Gonzalo Roca) y el voto en contra del juez Alberto Lugones que propuso una sanción.
El ahora suspendido juez López López publicó en su cuenta de la red social «X» [email protected] mensajes considerados antisemitas en los que hacía referencia al sionismo, el estado de Israel y el conflicto en medio oriente. «Sí, raza de víboras, por el pueblo judío», «son cínicos», «estado ficticio» y «al que persiguen es a mí, pero yo soy argentino y ustedes extranjeros», fueron algunos de los mensajes que publicó.
La acusación es por “manifestaciones de contenido antisemita, discriminatorio y hostil hacia la comunidad judía, así como expresiones que atribuyen responsabilidad colectiva a dicho grupo por hechos vinculados al conflicto de medio oriente y que reproducen estereotipos y teorías conspirativas históricamente asociadas al antisemitismo».

En el caso de Díaz Lacava la acusación es por amenazar y hostigar a los empleados y secretarios de su tribunal, que fueron los que presentaron la denuncia y que debieron tomar licencia médica. Uno de los hechos más graves es que el juez les arrojó una piedra desde la calle que ingresó por la ventana de uno de los despachos.
«Nos encontramos ante un magistrado de la nación que ha ejercido actos de violencia y hostigamiento ante sus dependientes de manera sistemática con una actitud indigna e indecorosa”, dijo el diputado nacional Álvaro González cuando la Comisión de Acusación aprobó el juicio político.
Con Díaz Lacava se da una situación inédita: tiene una restricción perimetral que le impide ingresar a su tribunal oral para no estar en contacto con los empleados y funcionarios agredidos. La medida fue dictada en la causa penal en la que está procesado y que en febrero pasado fue enviado a juicio oral y público para ser juzgado por los delitos de de amenazas simples y agravadas, lesiones leves y graves en un contexto de violencia, maltrato laboral y para el caso de las mujeres en un contexto de violencia de género, desobediencia y retardo malicioso de justicia.

