La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles la expulsión de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. La medida responde a la participación ilícita de estos efectivos en un operativo antidrogas ejecutado el pasado 19 de abril en el estado de Chihuahua, el cual se realizó sin la autorización ni el conocimiento del gobierno federal mexicano.
La mandataria enfatizó que la soberanía nacional es innegociable y que cualquier labor de inteligencia extranjera requiere un protocolo estricto que en esta ocasión fue vulnerado.
Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum reveló que el despliegue contó con la presencia de cuatro agentes, y no dos como se reportó inicialmente. El caso cobró notoriedad tras un accidente automovilístico donde dos de los funcionarios fallecieron, obligando a las autoridades locales de Chihuahua y a la embajada estadounidense a reconocer su estancia en el país.
La presidenta subrayó que, si bien ingresaron al territorio con pasaportes válidos, carecían de las acreditaciones necesarias para realizar tareas de espionaje o intervenciones tácticas en el terreno.
Irregularidades y colusión local bajo investigación
El operativo ha generado un conflicto bilateral significativo, ya que la presencia de los agentes extranjeros recibió una autorización ilegal por parte del Gobierno de Chihuahua, encabezado por la opositora Maru Campos.
Esta actuación al margen de las leyes federales ha derivado en una investigación judicial contra la gobernadora chihuahuense, al quedar en evidencia la falta de coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gabinete de Seguridad. La mandataria federal reiteró que no existe espacio para la permisividad cuando se compromete el marco jurídico mexicano.
El procedimiento para la estancia de agentes extranjeros en México exige un registro formal y la aprobación de licencias específicas para labores de inteligencia, pasos que fueron omitidos deliberadamente en este caso. Ante la gravedad de la falta, el gobierno mexicano exigió el registro inmediato o la salida del personal involucrado.
Tras un diálogo entre la embajada de Estados Unidos y la cancillería mexicana, se concretó el retiro definitivo de los dos agentes sobrevivientes, poniendo fin a una incursión que desafió las normas diplomáticas y de seguridad vigentes.
