El Gobierno nacional presentó el Presupuesto 2027 y asignó $7,3 billones al sistema universitario. El CIN llevó al Congreso una propuesta de $11 billones. La diferencia es de 33,6% y contiene mucho más que una discusión contable: salarios, funcionamiento, infraestructura, investigación, becas, hospitales universitarios y el futuro de las universidades públicas.
La motosierra presupuestaria encontró nuevamente un límite: la universidad pública. Horas después de que el Gobierno nacional presentara su proyecto de Presupuesto 2027, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respondió con sus propios números.
$7,3 billones propone el oficialismo. $11 billones reclaman los rectores.
La diferencia es del 33,6%. Pero detrás de esos porcentajes aparece una discusión política que excede ampliamente una planilla de Excel: cuánto está dispuesto a financiar el Estado nacional para sostener el sistema universitario público y qué lugar ocupa el conocimiento en el proyecto de país de Javier Milei.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, evitó, según sus propias palabras, recurrir a expresiones dramáticas. Pero inmediatamente después formuló una advertencia que difícilmente pueda pasar inadvertida:
“Si no logramos modificaciones razonables, va a ser muy difícil que el año que viene las universidades abran sus puertas”.
El mensaje fue dirigido al Congreso. Bartolacci invitó a diputados y senadores a conocer las razones que están detrás de los números elaborados por las universidades y a respaldar las modificaciones durante el tratamiento parlamentario.
No es solamente salario
El proyecto elaborado por el CIN no se reduce a reclamar una recomposición salarial. Contempla los gastos correspondientes al personal docente y nodocente, funcionamiento, infraestructura, Ciencia y Tecnología, las becas Manuel Belgrano, el programa FUNDAR, los hospitales universitarios y el financiamiento del Sistema de Información Universitaria (SIU).
La construcción del presupuesto universitario partió de la Ley de Financiamiento Universitario y sumó las expectativas de mercado, tomando como referencia los datos del Banco Central y llevando los valores al mes de diciembre de 2026.
Pero hay una cifra que permite observar hasta dónde llegó el ajuste sobre el funcionamiento cotidiano de las universidades.
En algunas instituciones, la relación entre gastos de personal y gastos de funcionamiento llegó a 93% contra 7%.
Para Mónica Biasone, esa composición resulta dramática. El objetivo planteado por el CIN es llevarla a una relación de 85% para personal y 15% para funcionamiento.
Traducido: no alcanza con pagar salarios. Una universidad necesita edificios, laboratorios, investigación, becas, servicios, mantenimiento, tecnología y hospitales que funcionen.
