A 30 años del plebiscito que rechazó la construcción de la represa de Corpus, el ambientalista Eduardo Luján cuestionó con dureza la posibilidad de volver a instalar el debate sobre el proyecto hidroeléctrico y advirtió que cualquier intento de avanzar en ese sentido choca directamente con la legislación vigente en Misiones.
“Lo de la Comip (Comisión Mixta del Río Paraná) es ilegal, porque están destinando dinero público para promover algo que está prohibido por una ley vigente. Para hablar de un nuevo plebiscito, primero hay que declarar inconstitucional la ley actual”, sostuvo en diálogo con La Voz de Misiones.
Luján remarcó que el rechazo expresado por la ciudadanía misionera en el plebiscito de 1996 continúa plenamente vigente y consideró que volver a discutir la represa implica desconocer la voluntad popular.
“Eso no tendría que estar en debate. Si hablamos de respeto a la democracia, tenemos que empezar por respetar las leyes respaldadas por la voluntad popular. Más en un momento donde vemos una profunda crisis institucional, política y gremial en el país”, señaló.
El referente ambientalista apuntó además contra funcionarios nacionales y provinciales que impulsan estudios o actividades vinculadas al proyecto hidroeléctrico.
“Ya están faltando a la ley por el solo hecho de gastar y disponer de fondos públicos para investigaciones y proyectos que están prohibidos. Tendrían que empezar explicando por qué están haciendo esos gastos”, afirmó.
En ese sentido, recordó que la Ley Rama XI – Nº 5 del Digesto Jurídico Provincial establece que el resultado del plebiscito es aplicable a cualquier emplazamiento sobre el río Paraná.
“La ley es clara: no importa que le cambien el nombre o la ubicación, Corpus está prohibido. Incluso uno de sus artículos establece que el gobierno provincial tiene la obligación de advertir a los funcionarios nacionales cuando intentan avanzar sobre esa voluntad popular”, explicó.
Luján también cuestionó que recientemente se haya desarrollado una actividad vinculada al tema dentro del Ministerio de Cambio Climático de Misiones.
“Nosotros estuvimos presentes, aunque no participamos. Le pedimos al ministro que antes de comenzar aclararan que existe una ley que prohíbe avanzar con este proyecto, pero no lo hicieron. Y ocurrió dentro de un ámbito público, lo cual es gravísimo”, denunció.
El ambientalista sostuvo, además, que la legislación provincial encuentra respaldo en la Constitución Nacional, particularmente en el artículo 124 incorporado en la reforma de 1994, que reconoce la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales.
“Los misioneros tenemos el derecho de decidir sobre nuestros bienes naturales y en función de eso se hizo el plebiscito. Por eso sostenemos ese no rotundo a Corpus”, expresó.
Para Luján, los cambios ambientales ocurridos en las últimas décadas profundizan aún más los riesgos de proyectos de este tipo.
“Desde entonces hubo cambio climático, desmontes, mayor contaminación y expansión de actividades extractivas en toda la región. Todo eso agrava la peligrosidad de seguir avanzando con mega represas”, afirmó.
Consultado sobre dirigentes políticos que volvieron a poner el tema en agenda, el ambientalista sostuvo que cualquier funcionario tiene la obligación de respetar la decisión popular.
“No es una ley que salió del capricho de una mayoría legislativa. Surge de una expresión popular contundente. Ningún político debería darle la espalda a eso”, dijo.
Como ejemplo, mencionó el caso de Loncopué, en Neuquén, donde un plebiscito ratificó una ordenanza que prohibía la megaminería.
“La ciudadanía votó a favor de esa prohibición y hoy no hay ningún funcionario que se anime a cuestionarla”, comparó.
Además, mencionó que en estas tres décadas el proyecto Corpus volvió a aparecer en distintas ocasiones impulsado por dirigentes políticos y sectores empresariales: en 2025, el ex diputado provincial del PRO Misiones Horacio Loreiro volvió a plantear el tema públicamente; un año antes, Humberto Schiavoni escribió una columna de opinión en el diario La Nación defendiendo la necesidad de retomar el debate energético; y hasta Mauricio Macri, durante su presidencia, sostuvo en diciembre de 2016 que la represa formaba parte de la agenda nacional.
Factibilidad técnica
Luján también respondió a LVM sobre las posiciones de ingenieros y sectores técnicos que defienden la posibilidad de construir nuevas represas en la provincia.
“Tienen una mirada exclusivamente economicista. Hablan de crecimiento sin límites, pero nunca discuten el uso racional de la energía o del agua. Privilegian la renta de unos pocos y desconocen los daños ambientales”, sostuvo.
Además, vinculó esos posicionamientos con intereses empresariales y constructoras.
“Responden a los lobbies de grandes capitales y empresas constructoras. Pero es muy difícil que algún inversor serio quiera avanzar en un territorio donde existe una ley que lo prohíbe y donde la ciudadanía ya demostró que va a resistir”, afirmó.
La voz de la sociedad
El ambientalista recordó las movilizaciones realizadas contra otros proyectos hidroeléctricos como Garabí-Panambí y aseguró que el rechazo social sigue vigente.
“No los van a expulsar los políticos ni las fuerzas de seguridad. Los va a expulsar la gente. Lo vimos en el plebiscito del 96, en la consulta popular de 2014 y en la marcha de Panambí a Posadas en 2013, donde miles de personas acompañaron”, relató.
También sostuvo que el rol de vecinos y organizaciones ambientales de distintas localidades de la provincia está muy presente.
“Cuando en Montecarlo se supo que podía desaparecer una especie de orquídea por cambios en el ecosistema, la gente salió masivamente a defenderla. Contra eso no van a poder”, finalizó.
