Integrantes locales de numerosos movimientos y organizaciones políticas y sociales expresaron su enérgico repudio a la decisión gubernamental de poner fin al programa “Volver al Trabajo”, poniendo de relieve que “lejos de constituir una asistencia pasiva” representaba en el caso de la ciudad “un ingreso vinculado al trabajo que miles de ciudadanos y ciudadanas de Berisso realizan diariamente en sus barrios”.
Al aludir a la medida dispuesta en los últimos días por la administración que encabeza el presidente Javier Milei, instrumentada a través del ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, referentes del sector expusieron que la propia instrumentación de dicho programa “ya significaba un claro retroceso” al reemplazar a programas como el Potenciar Trabajo, que “alcanzaba el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil y fortalecía la organización del trabajo en los barrios”. Pese a ello, afirmaron que aún en ese marco más limitado, el “Volver al Trabajo” constituía un paliativo que permitía sostener al límite tareas esenciales para la comunidad: reciclado, producción textil, construcción, agricultura familiar, comedores, merenderos y espacios de cuidado.
“Su eliminación es la gota que rebalsa el vaso: no sólo consolida el ajuste, sino que le quita a los barrios incluso ese mínimo sostén, afectando de lleno la economía local y las condiciones de vida de miles de familias”, expresaron a través de un comunicado emitido este martes por representantes locales de la UTEP, la CTA Autónoma, el Frente Barrial de CTA, Libres del Sur, el movimiento Justicia y Libertad, la CCC, el MTE, Somos Barrios de Pie y el Movimiento Evita.
En tal sentido, indicaron que la medida deja sin ingresos a alrededor de 900.000 trabajadores y trabajadoras, lo que implica el corte de una masa de recursos que se volcaba directamente al consumo popular.
En Berisso, evaluaron, el impacto es concreto y cuantificable. “Se registran aproximadamente 4.000 beneficiarios del programa, lo que representa una inyección mensual cercana a los $312 millones en la economía local (considerando un ingreso promedio de $78.000 por persona)”, describieron, añadiendo que en términos anuales, eso equivale a más de $3.744 millones que circulaban directamente en los barrios de la ciudad.
“Estos recursos no se acumulan: se gastan en el día a día, en alimentos, transporte, servicios y compras en comercios de cercanía como almacenes, verdulerías y ferias populares. Su eliminación implica una retracción inmediata del consumo que afecta a toda la economía barrial”, alertaron, subrayando que si se considera que cada beneficiario forma parte de un hogar tipo de aproximadamente 4 personas, el programa impacta de manera directa en alrededor de 16.000 vecinos y vecinas de Berisso, lo que representa cerca de un 15% de la población total de la ciudad.
“Además, estos miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular ya ven afectada su capacidad de sostener actividades que hoy resultan fundamentales para la vida en los barrios, debilitando redes comunitarias que el Estado no reemplaza”, se lee también en el Comunicado conjunto.
Del mismo modo, se apunta que en un contexto de aumento del costo de vida, caída del empleo y de la actividad productiva, “esta medida no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política de ajuste” que el sector viene denunciando “por la profundización del deterioro social, el recorte de derechos y la descarga el peso de la crisis sobre los sectores más vulnerables, sin generar respuestas ni alternativas reales que garanticen condiciones dignas de vida, mientras se priorizan intereses individuales, alejados de las necesidades del pueblo”.
Para los integrantes de los citados movimientos sociales locales, en lugar de suspenderlas, políticas como las de los planes hoy interrumpidos deberían ser fortalecidas “para reconocer el valor del trabajo comunitario y de la economía popular como pilares fundamentales del desarrollo local”.
Tras compartir su análisis y exponer su posición, integrantes de dichos movimientos exigieron públicamente la revisión de la medida y la ejecución de políticas reales y concretas que garanticen ingresos vinculados al trabajo y fortalezcan la economía de los barrios.
