La inmigración volvió a instalarse en el centro del debate político estadounidense. Pero, en algunos estados, la discusión ya no es abstracta: se traduce en normas, presupuestos y directivas específicas.
Nueva York es uno de los territorios donde esa tensión se expresa con más claridad. Allí, cada movimiento del gobierno federal genera respuestas inmediatas desde Albany.
En medio de ese escenario, Kathy Hochul decidió ampliar una propuesta que ya había presentado meses atrás. El mensaje apunta tanto a la Legislatura como a las comunidades migrantes.
La gobernadora dijo que quiere proteger a los neoyorquinos frente a lo que considera un exceso en la actuación de ICE.
Kathy Hochul anunció que está ampliando su propuesta para proteger a los neoyorquinos frente a la actuación de ICE, sobre la base de una iniciativa presentada el 30 de enero y conocida como “Local Cops, Local Crimes Act”.
La gobernadora explicó que, tras negociaciones con líderes legislativos, busca dejar más claro que la policía local debe concentrarse en delitos locales y no en hacer el trabajo de inmigración civil del gobierno federal.
La medida central consiste en prohibir que las agencias policiales celebren acuerdos 287(g) con ICE, es decir, convenios de colaboración que permiten a autoridades locales participar en tareas migratorias federales. Hochul sostuvo que quiere una política estatal uniforme que impida ese tipo de cooperación en materia de control migratorio civil.
Además, remarcó que, en materia de enforcement civil, ICE no podrá usar cárceles estatales, tecnología policial financiada por los contribuyentes ni personal policial local. Con esa frase, la gobernadora buscó trazar una línea clara entre la cooperación en delitos graves y el rechazo a participar en redadas o acciones contra personas que no enfrentan cargos penales violentos.
Hochul también insistió en que Nueva York seguirá cooperando con la ley federal cuando se trate de personas acusadas de crímenes violentos o delitos serios. Es decir, la propuesta no rompe toda relación con las autoridades federales, sino que distingue entre aplicación penal y aplicación migratoria civil. Ese matiz es central en su argumento político y legal.
Otro punto de la expansión anunciada es que se prohibirá a empleados civiles usar recursos estatales, locales o escolares, incluido su tiempo laboral, para actividades de enforcement migratorio. Según la gobernadora, el personal de escuelas y gobiernos locales debe concentrarse en las funciones para las que fue contratado y no convertirse en brazo operativo de ICE.
Hochul también cuestionó las operaciones que, a su juicio, generan miedo en comunidades enteras. En su discurso dijo que no quiere que las familias tengan miedo de mandar a sus hijos a la escuela, ir a rezar o vivir en sus barrios por temor a ser perseguidas por su origen o color de piel.
También propuso prohibir que agentes estatales, locales y federales usen coberturas faciales al hacer cumplir la ley, al argumentar que quien aplica la ley no debería ocultar su identidad.
El trasfondo es una ofensiva migratoria más dura de la administración Trump, frente a la cual Nueva York intenta reforzar sus límites institucionales. La gobernadora busca que el estado no sea obligado a usar sus recursos para políticas federales que considera excesivas.
