En el marco de un gigantesco operativo internacional denominado «Aliados por la Infancia VI», que investiga hechos de explotación sexual infantil con fines de distribución, se realizaron más de 266 allanamientos en 18 provincias y otros 17 países para lograr la detención de 26 personas en el país y más de 80 en el mundo, además del secuestro de material digital importante para la causa. Además, la pesquisa derivó en la desvinculación de una funcionaria de Río Gallegos debido a que es investigada en el caso y uno de los procedimientos se hizo en su domicilio.
Los operativos se llevaron a cabo a partir de un trabajo en conjunto de la embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad estadounidense y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo la articulación de Daniela Dupuy, la fiscal especializada en cibercrimen.
En las 17 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aries donde se hicieron los procedimientos se secuestraron armas de fuego, dispositivos electrónicos y elementos de almacenamiento digital.
Fue en Santa Cruz donde el gobierno tomó la decisión de apartar a Ivana Álvarez, quien se desempeñaba como directora del Centro Integrador Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social provincial y su domicilio fue allanada por estar involucrada en la causa.
La operación se hizo de manera simultánea en 18 provincias argentinas (Buenos Aires, Chaco, Catamarca, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán) y también en Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Colombia, México, España, Francia, El Salvador y Perú.
En los objetivos fueron detenidas 84 personas por tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil, discriminados de esta manera: 26 en Argentina (14 en Ciudad de Buenos Aires, tres en Córdoba, en Misiones y en Santa Cruz; dos en la provincia de Buenos Aires y uno en Formosa) y 58 en el resto del mundo (44 en Brasil, siete en Panamá, tres en Uruguay y en Perú, y uno en Puerto Rico).
«Lo que viene ahora es analizar los dispositivos de almacenamiento secuestrados y llevar los casos a juicios. Y que estas personas tengan las penas que se merecen. Esto recién empieza», dijo la fiscal Dupuy por DNews.
Aliados por la Infancia VI surge de las investigaciones dispuestas por la fiscal Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, quien encomendó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) el uso de las herramientas digitales para identificar usuarios de redes que distribuyen material de abuso sexual, así como el análisis de los reportes remitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).
Como resultado de los procedimientos, la Unidad de Cibercrimen del CIJ identificó en Ciudad de Buenos Aires 15 domicilios, 11 en Santa Cruz, ocho en la provincia de Buenos Aires, cuatro en Córdoba, en Jujuy y en Misiones, tres en Entre Ríos, en Santa Fe, en Mendoza y en Chubut, dos en Catamarca y en Salta, y uno en Chaco, en Formosa, en Neuquén, en Tucumán, en San Luis, en Santiago del Estero y en Santa Cruz.
Allanamiento en el penal de Olmos
La Unidad Número 1 de Lisandro Olmos, en el partido bonaerense de La Plata, fue allanada en búsqueda de un usuario de Google reportado por tenencia y distribución de 16 archivos de material sexual de niños y adolescentes.
El mismo se encontraba preso desde hace cuatro años por el delito de abuso sexual contra una menor. Fueron secuestrados ocho teléfonos celulares de todos los integrantes de la celda.
Quién es la funcionaria involucrada en la causa por explotación sexual
Ivana Álvarez fue apartada de su cargo de directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Nuestra Señora del Carmen”, en Río Gallegos, luego de que se tomara conocimiento de un procedimiento judicial realizado en su domicilio particular, en el contexto del operativo internacional Aliados.
Desde el Gobierno de Santa Cruz destacaron que se actuó con rapidez, priorizando el resguardo institucional y la confianza de la comunidad en los espacios públicos.
La funcionaria era reconocida como una de las primeras mujeres trans de la provincia en acceder a un cargo de ese tipo, quedó a disposición del juzgado interviniente.
SMB
