Por Redacción Vive CABA
11 de junio de 2026
Un fuerte clima de tensión se vivió en las últimas horas dentro del predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos (exESMA), ubicado en el barrio porteño de Núñez. Agrupaciones de derechos humanos denunciaron penalmente la irrupción de efectivos militares uniformados portando armas largas y el ingreso de vehículos del Ejército al playón interior del predio, en el marco de las actividades oficiales por el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas.
El escenario del conflicto fue el Museo Malvinas, que funciona dentro del predio de la Avenida del Libertador al 8150. Las alertas comenzaron a encenderse pasado el mediodía del miércoles 10 de junio, cuando visitantes y trabajadores del lugar advirtieron la presencia de los uniformados armados y el despliegue de camiones tácticos.
Las normativas vigentes que regulan el funcionamiento del Espacio Memoria prohíben explícitamente el ingreso con armamento al predio, debido al impacto simbólico y de revictimización que implica en un lugar donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención y exterminio más grandes de la última dictadura militar.
La denuncia judicial y el rechazo de los organismos
Frente a esta situación, referentes históricos de los derechos humanos como Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) y Carlos Pisoni (H.I.J.O.S.) acudieron de urgencia a la Justicia federal. La presentación fue radicada ante el juez Julián Ercolini —a cargo de la megacausa ESMA—, el Tribunal Oral Federal 5 y la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad.
«A 50 años del golpe genocida, este acto innecesario de exhibicionismo militar en un espacio de memoria, en el contexto de negacionismo y hasta de apología del terrorismo de Estado por parte del Gobierno, nos alerta y preocupa», expresaron a través de un comunicado conjunto difundido en redes sociales, donde exigieron explicaciones urgentes a las autoridades nacionales.
Por su parte, Graciela Lois, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, se sumó al repudio: «La causa Malvinas es una causa sentida por todos nosotros. De ninguna manera eso habilita a traer personas armadas a la exESMA. Es una afrenta a la memoria y una nueva forma de victimizarnos».
Cambios de nombre y fricciones previas
El clima en el Museo Malvinas ya venía sumando fricciones debido a la impronta de su actual director, Esteban Vilgré La Madrid, un militar retirado y veterano de guerra alineado con el área de Defensa del oficialismo.
En la misma jornada del 10 de junio, se oficializó el cambio de nombre del auditorio del museo. Hasta ahora, la sala homenajeaba a Orlando Gustavo Pascua, un excombatiente clave en impulsar las denuncias por torturas sufridas por los conscriptos en las islas. La nueva gestión decidió rebautizar el espacio con el nombre de «Maestro Julio Cao», una medida que desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata criticaron con dureza, catalogando a los funcionarios gubernamentales como «verdugos canceladores de historias».
La respuesta oficial: «Recreación histórica»
Ante la escalada del escándalo y la presentación judicial, las explicaciones desde el Palacio de Hacienda y el Ministerio de Defensa no tardaron en llegar. Guillermo Madero, jefe de gabinete del jefe del Ejército, Carlos Presti, cruzó fuertemente las acusaciones a través de sus canales oficiales.
Según la versión del Ministerio de Defensa, no se trató de un operativo militar real ni de una demostración de fuerzas, sino de una «recreación histórica con participantes caracterizados como combatientes y utilizando réplicas» de los fusiles utilizados durante el conflicto bélico de 1982.
“Repudio esta operación miserable basada en el odio, el resentimiento y la mentira. Hay que caer muy bajo para atacar un homenaje a nuestros héroes de Malvinas con falsedades deliberadas”, replicó Madero, desestimando la denuncia de los organismos civiles.
Mientras la disputa discursiva continúa escalando, la presentación legal sigue su curso en los tribunales de Comodoro Py, abriendo un nuevo capítulo de debate sobre los límites institucionales, el uso del espacio público y las políticas de memoria en la Ciudad de Buenos Aires.
