Una nueva discusión se planteó sobre dónde se deben investigar las causas penales contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino. Se trata de un expediente por lavado de dinero que en los últimos días llegó a los tribunales de Comodoro Py.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante -que procesó a los dirigentes por retención indebida de impuestos- remitió a la justicia federal una denuncia por un presunto esquema de lavado de activos que llegaban del exterior y terminaban en financieras del microcentro.
El magistrado entendió que el delito de lavado de dinero correspondía a la justicia federal y que por dónde ocurrieron los hechos denunciados debían intervenir los tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Por sorteo, la causa recayó en la jueza federal María Servini que ahora debe decidir si acepta el caso.
El nuevo caso bajo disputa
El empresario Guillermo Tofoni denunció que en base a lo publicado por medios de comunicación existiría en la AFA un esquema de lavado de dinero de fondos de la entidad que provienen de Estados Unidos y España y que eran desviados a empresas a través de financieras del microcentro porteño y que terminaban en estudios jurídicos y en un domicilio de Toviggino.
La causa se presentó en el juzgado de Amarante. Allí se generó una discusión sobre dónde debía investigarse el caso. La Fiscalía entendió que debía pasar al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, donde tenía el caso de la mansión de Pilar, también por lavado de dinero y que se le atribuye a Toviggino.
El magistrado lo rechazó y le ordenó a la Fiscalía que investigue. En junio pasado, el fiscal insistió en que la causa de Tofoni y de la mansión de Pilar debían acumularse y volvió a pedir que estén juntas ahora en otro juzgado Penal Económico donde había recaído la causa de la propiedad.
El tribunal sostuvo que el delito de lavado de dinero es de competencia de la justicia federal y no del fuero penal económico. Esa era la discusión central. La decisión será apelada por el fiscal de Casación Mario Villar para que sea revocada por la Corte Suprema de Justicia.
«Cabe concluir que la doctrina sentada por Cámara Federal de Casación Penal importa -de manera inequívoca- que respecto del delito de lavado de activos y en ausencia de un delito adicional sometido a la competencia especial de este fuero penal económico, en el ámbito de la Capital Federal resulta incontrovertible la competencia material de la justicia Criminal y Correccional Federal», sostuvo Amarante para remarcar que la denuncia no correspondía a su juzgado.
Y dentro de la justicia federal debía ser la de la ciudad de Buenos Aires la que intervenga porque, en base a la denuncia, los hechos ocurrieron en esa jurisdicción. «En efecto, la hipótesis delictiva describe un circuito donde los fondos habrían ingresado a través de financieras situadas en el microcentro porteño», sostuvo el magistrado y agregó que el resto de los domicilios están en «ámbitos geográficos sujetos a la jurisdicción territorial de la Capital Federal».
En Comodoro Py, la causa quedó por sorteo en el juzgado de Servini. La magistrada deberá resolver si la acepta o no.
