El proyecto de ley que comenzó a circular en el Senado impulsa la creación de un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo y vuelve a instalar un debate que combina urgencia ambiental con herramientas jurídicas más severas.
La iniciativa propone tipificar delitos específicos vinculados a la tala, el desmonte y la degradación de estos ecosistemas, con penas que van desde los 3 hasta 10 años de prisión para los casos intencionales más graves.
Según datos citados en el proyecto, en la última década Argentina perdió cerca de 2,1 millones de hectáreas de bosques nativos. A esto se suma el impacto reciente de los incendios forestales en la Patagonia.
Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se quemaron más de 32.000 hectáreas en la región, afectando áreas protegidas y parques nacionales. Los fundamentos describen este escenario como un “antecedente ineludible” que evidencia el aumento de daños ambientales y la necesidad de respuestas más contundentes.
Proteger los bosques nativos: endurece penas y apuntan también a funcionarios
Uno de los ejes centrales del proyecto encabezado por el diputado rionegrino Martín Soria, acompañado por Carlos Linares, Ana Marks, Alicia Kirchner, Cándida López y Adán Bahl, es la ampliación de responsabilidades. No solo se penaliza a quienes ejecutan materialmente los desmontes, sino también a funcionarios públicos que participen o habiliten estas prácticas de manera irregular. En esos casos, las penas se incrementan y se suma la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El articulado también contempla situaciones agravantes. Entre ellas, cuando las acciones se realizan con fines económicos, generan riesgo para la vida humana o afectan gravemente la salud pública. Incluso se prevé un aumento de la pena si el daño ambiental deriva en consecuencias como la erosión del suelo o la alteración del régimen hídrico.
Además, se establece que será sancionado quien “intencionalmente tale, desmonte, destruya o degrade por cualquier medio, en forma total o parcial, un bosque nativo”, incluso cuando se exceda una autorización previa o se violen normativas vigentes. La incorporación de este tipo penal busca cubrir un vacío que, según los autores, persiste pese a la vigencia de la Ley 26.331.
Entre recortes y delitos ambientales, el proyecto busca un efecto disuasivo
El proyecto pone el foco en las limitaciones del Estado para prevenir estos episodios. Señala recortes presupuestarios, menor capacidad operativa y dificultades en la coordinación con las provincias, factores que agravan el problema.
En ese marco, la iniciativa plantea que la protección ambiental requiere “un sistema instrumental inhibitorio idóneo que impida que el daño suceda”. Además, retoma antecedentes legislativos previos que no lograron avanzar y se apoya en modelos de otros países de la región.
En los fundamentos, los autores advierten que el esquema actual resulta insuficiente: “aplicadas las multas de rigor, los responsables las pagan y la tala ilegal continúa”. Desde esa mirada, el derecho penal aparece como una herramienta complementaria para frenar conductas reiteradas.
