La asociación civil «Será Justicia» denunció al juez federal Ariel Lijo ante el Consejo de la Magistratura y pidió la apertura de un proceso de remoción por presunto mal desempeño de sus funciones, a raíz de un viaje al exterior que realizó junto al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mientras tiene a su cargo una causa penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La presentación fue firmada por las autoridades de la entidad Inés Arias, Diego Germán Calvo Suárez, Mercedes Gozaini, María Eugenia Talerico, Raúl Aguirre Saravia y Valeria Biagioni Parrella. Y entregada al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.
En el escrito, la organización sostuvo que el titular del Juzgado Federal N° 4 incurrió en un “grave desvío funcional” y en infracciones éticas al participar de un viaje al exterior en el que se alojó en el mismo hotel que el ministro de Justicia y mantuvo reuniones en ese contexto, situación que, según los denunciantes, afecta la imagen de imparcialidad e independencia que debe preservar un magistrado.
La denuncia señala que Lijo justificó públicamente su presencia en el viaje alegando que integraba una comitiva institucional destinada a representar al país en reuniones técnicas ante un organismo internacional. Sin embargo, Será Justicia afirmó que esa explicación no alcanza para disipar las dudas sobre la conducta del magistrado.
Según la entidad, el episodio adquiere especial gravedad porque Lijo tiene bajo su exclusiva jurisdicción una causa penal “de altísima relevancia institucional” dirigida contra el actual jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.
“Dicho comportamiento lesiona severamente los deberes de ética, decoro, imparcialidad objetiva e independencia judicial exigibles a todo juez de la República”, sostiene la presentación.
La asociación reclamó la intervención del Consejo de la Magistratura al considerar que la conducta denunciada “vulnera de modo flagrante las normas básicas de ética aplicables al ejercicio de la judicatura” y afecta la confianza pública en la administración de justicia.
Además, advirtió sobre lo que calificó como una “preocupante promiscuidad de relaciones y cercanía” entre un juez federal y funcionarios políticos del gobierno nacional, circunstancia que, a su criterio, resulta incompatible con el deber de independencia de los magistrados.
En el escrito, Será Justicia rechazó de manera anticipada cualquier intento de encuadrar el viaje dentro de actividades de representación institucional o de relaciones públicas permitidas para un magistrado.
Los denunciantes sostuvieron que el Consejo de la Magistratura tiene una “oportunidad histórica” para avanzar con un proceso disciplinario que contribuya a fortalecer la transparencia judicial y la confianza ciudadana en los jueces que investigan casos de corrupción pública.
Como fundamento de la denuncia citaron los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, el Código Iberoamericano de Ética Judicial y el Código de Ética para los Jueces aprobado por el propio Consejo de la Magistratura.
La presentación quedó radicada ante el organismo encargado de controlar la conducta de los magistrados y de impulsar, en los casos que corresponda, los procedimientos disciplinarios y de remoción previstos en la Constitución Nacional.
