La Fiscalía de Paraguay imputó formalmente al expresidente Santiago Peña por presunta «lesión de confianza» y «administración en provecho propio», solicitando ante la Justicia su prisión preventiva tras el escándalo financiero de ueno bank.
El pedido fue presentado este sábado ante el Ministerio Público e implica un nuevo avance judicial luego de que Peña fuera destituido mediante un juicio político impulsado en el Congreso.
La fiscal interviniente, Silvia González, imputó al expresidente del vecino país y solicitó la prisión preventiva junto con la inhibición general de bienes, en tanto que el exmandatario se abstuvo de declarar durante su comparecencia.
El extitular del Banco Central paraguayo también fue imputado
Por su parte, el extitular del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, también fue imputado por lesión de confianza y adicionalmente por producción de documentos públicos de contenido falso.
Tras su detención inicial bajo arresto domiciliario el viernes, Peña fue llevado a declarar y posteriormente trasladado de regreso al Regimiento Escolta Presidencial. Corresponderá ahora al juez penal de la causa determinar si ratifica la prisión.
El proceso judicial se detonó de forma acelerada debido al repentino cierre de ueno bank, una entidad digital cuya caída congeló los fondos de cerca de tres millones de clientes y afectó recursos jubilatorios del Estado, provocando que el partido gobernante le retirara el respaldo político.
En tanto, el vicepresidente Pedro Alliana ya asumió la presidencia de la República para completar el mandato constitucional hasta el año 2028.
Devaluación, baja de ventas y suba del riesgo país: las consecuencias de la crisis política en Paraguay
La destitución de Santiago Peña desencadenó efectos financieros inmediatos en Paraguay. El guaraní cerró el jueves 5 de noviembre como la moneda de peor rendimiento global frente al dólar, con una caída diaria del 4,68% y una depreciación semanal del 9,2%, al pasar de 5.950 a 6.500 guaraníes por dólar.
La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) calculó una contracción del 70% en las ventas comerciales durante la semana, atribuida a la incertidumbre por el desfalco de ueno bank, la paralización de entregas de dinero y el bloqueo de la aplicación de la entidad financiera. Con una inflación acumulada de apenas 1,8% entre enero y octubre, el golpe resultó sensible para el cotidiano paraguayo.
El riesgo país trepó a 144 puntos básicos (5,1%), tras tocar un techo de 157 puntos. A fines de octubre, JP Morgan asignaba 119 puntos a Paraguay. Los bonos soberanos con vencimiento al 2050 sufrieron una caída promedio de u$s1,5 centavos el jueves.
Moody’s es una de las principales agencias globales de calificación de riesgo crediticio, encargada de evaluar la solvencia y la probabilidad de impago de deudores, empresas y gobiernos. Moody’s sostuvo que «no espera que haya un impacto inmediato en el perfil crediticio soberano de Paraguay», respaldado por un fuerte crecimiento económico y una carga de deuda pública relativamente baja (alrededor del 38% del PIB). No obstante, los acontecimientos evidencian «persistentes debilidades institucionales y de gobernanza relacionadas con un largo historial de muy débil control de la corrupción».
La calificadora prevé que «los riesgos sistémicos se mantengan contenidos mediante un proceso de resolución rápido y ordenado». Señaló que el BCP indicó que cerca del 97% de los depositantes estaría totalmente cubierto por el fondo de garantía de depósitos, que a septiembre de 2026 contaba con u$s1.600 millones, aproximadamente el doble de los depósitos asegurados de Ueno.
Moody’s anticipó que un gobierno encabezado por Alliana probablemente mantendría el marco de política económica actual, que respalda la disciplina fiscal, la independencia del BCP y la estabilidad de precios mediante metas de inflación. «Esperamos una transición ordenada que facilite la adopción oportuna de decisiones sobre la resolución y asegure la continuidad de las políticas», concluyó.
