Nadie lo esperaba, ni él mismo, pero llegó. Triunfante en un ballotage por diez puntos sobre su competidor, su ascenso a la presidencia le puso fin al proyecto político que encarnó el ciclo de la “marea rosa” en el país. Erigido sobre las ruinas de una economía caótica (alta inflación, bajas reservas internacionales, además de elevado déficit fiscal) y emergente de entre el “valle de los huesos secos” de partidos tradicionales deslegitimados, se hizo cargo de una vociferación ciudadana de transformación profunda que penetró los cimientos del poder. Eso fue Bolivia 2025, aunque la ansiedad de los paralelismos pudo habernos hecho encontrar reminiscencias de Argentina 2023.
A poco más de seis meses de haberse hecho cargo del Gobierno, Rodrigo Paz se enfrenta a una ola de protestas violentas, junto con bloqueos que generan desabastecimiento de alimentos básicos, combustible y medicamentos. El pedido de renuncia presidencial por parte de ciertos manifestantes, entre los que se encuentran la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos, indígenas y organizaciones vinculadas a Evo Morales, resuena de manera peligrosa en un país que, desde la recuperación de su democracia en 1982, experimentó las salidas anticipadas de Hernán Siles Suazo (1982-1985), Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y Carlos Mesa (2003-2005).
La gravedad de la situación, que compromete la estabilidad regional en términos de seguridad (por la ramificación de grupos narcocriminales) y migración (por la potencial dinamización de flujos migratorios descontrolados), despertó las reacciones de países con administraciones ideológicamente opuestas. Javier Milei respondió a los pedidos de ayuda humanitaria del presidente boliviano, gesto que fue replicado recientemente por su par brasileño, Lula Da Silva, que acompañó su auxilio con una exhortación a la pacificación y al respeto por el orden democrático.
El comienzo sin respiro de Paz, en medio de un colapso económico heredado y de una gobernanza lesionada que exhibe un poder estatal estéril, nos ayuda a poner en perspectiva tanto el carácter como la magnitud de los problemas argentinos. Quizás en la disección de las razones de por qué Argentina no es (¿ni será?) Bolivia terminemos revalorizando ciertos logros institucionales, democráticos y de convivencia social amasados colectivamente en estas más de cuatro décadas de prevalencia del orden constitucional.
Por un lado, Bolivia tiene una crisis de gobernabilidad muy profunda con una sociedad civil que no termina de conformar una masa crítica de aceptación de las reglas más básicas del juego político y económico. Interactúan allí una serie de problemas culturales de resistencia a la forma occidental capitalista de organización, con un peso muy relevante de la economía informal, entre la que se encuentran actividades ilegales asociadas a la economía de la droga.
La penetración del narcotráfico fue decisiva y las redes globales de crimen organizado fueron acaparando recursos a expensas de la pérdida del monopolio de la violencia por parte del Estado. De aquí la presencia de muchos actores no estatales poderosos que hoy son parte del paisaje boliviano cotidiano. Con este telón de fondo, los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) optaron por un acercamiento peligroso con actores violentos del sistema internacional, ligados al régimen de Irán y a Hezbollah, con protagonismo en la logística del negocio narco.
A la luz de estas configuraciones, emerge muy claramente que Argentina está lejos de tener una crisis de gobernabilidad. Puede experimentar conflictos al interior de la clase política por desacuerdos sobre aspectos más periféricos alrededor de temas de la economía, la sociedad y la política, pero no existen actores que pongan en tensión las reglas mismas que organizan el sistema. Más aún, los problemas que ocurren en el corazón del poder responden a disputas faccionales palaciegas, pero esto no se traslada a sectores organizados de la sociedad que representan intereses totalmente contrapuestos y que están dispuestos a ir al choque en las calles para buscar imponerse sobre el grupo contrario.
Por otro lado, carecemos de una división regional tan marcada como la que se vive en Bolivia entre el Oriente y el Occidente, que proyecta identidades nacionales muy divergentes. Si bien contamos con un territorio igualmente diverso, nos hemos dotado de mecanismos de agregación e interrelación que sostienen un relativo orden, a pesar de los históricos conflictos entre el centro y la periferia, que se traduce en la puja entre el Estado nacional y los estados provinciales por recursos fiscales y administrativos.
En definitiva, el caso del país vecino nos ayuda a seleccionar el tamaño de marco adecuado para encuadrar nuestro collage de cuentas pendientes, conquistas alcanzadas y aspiraciones perseguidas. Bolivia nos alerta acerca de los problemas de gobernabilidad en los que se puede caer ante la ausencia de un proyecto nacional integrador de las diferentes realidades regionales y sociales y ante el avance de un “Estado fallido”. Al mismo tiempo, nos obliga a ser prudentes respecto de las críticas vertidas sobre la trayectoria argentina en las últimas décadas. Aun en nuestra dinámica de crisis económicas recurrentes y de discurso polarizado, las reglas del sistema son aceptadas por todos. Hay razones para creer que somos un juego posible.
