Este martes, las universidades nacionales volverán a movilizarse en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria. La jornada tendrá réplicas en distintos puntos del país, pero su epicentro será la Plaza de Mayo. En ese contexto, El1 repasó los ejes centrales del conflicto que desde hace más de dos años mantiene enfrentado al sistema público de educación superior con el Gobierno nacional por la pérdida del poder adquisitivo de docentes y nodocentes, la falta de actualización presupuestaria y el freno a distintas políticas de financiamiento para las casas de estudio.
Lo cierto es que el principal foco del conflicto gira en torno a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N°27.795), aprobada y posteriormente ratificada por las dos cámaras legislativas ante el veto que dispuso el Presidente Javier Milei. Así, la norma no solo pasó cuatro veces por el Congreso, cumpliendo ampliamente con las disposiciones constitucionales, sino que además fue respaldada por la comunidad en tres marchas federales.
Efecto suspensivo
Sin embargo, la ley no se encuentra en aplicación porque la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario con efecto suspensivo al Gobierno nacional, lo que dejó en stand by la medida cautelar previa que obligaba al Poder Ejecutivo a ejecutar parte de la norma mientras avanzaba el proceso judicial.
En concreto, se supendieron las disposiciones que ordenaban recomponer los salarios de docentes y nodocentes de acuerdo con la inflación acumulada y actualizar las partidas destinadas a becas estudiantiles (artículos 5 y 6). De esta manera, aunque la ley se sancionó y el veto presidencial se rechazó, no se puede ejecutar hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emita un fallo definitivo sobre la validez y alcance de la normativa.
Recortes en educación
La justificación del Gobierno nacional es que la ley no puede aplicarse porque no establece de dónde provendrán los fondos necesarios para su ejecución y argumentan que su implementación pondría en riesgo el “equilibrio fiscal”.
No obstante, la cuarta Marcha Federal Universitaria se produce en medio de las nuevas medidas de ajuste sobre el área educativa. Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Ejecutivo modificó el Presupuesto 2026 con un recorte cercano a los 2,5 billones de pesos, incluyendo reducciones en programas educativos, infraestructura universitaria y fondos destinados a salarios y becas.
En ese marco, las universidades nacionales extendieron el llamado a movilizar a “trabajadores y trabajadoras que ven deteriorarse sus salarios, quienes están perdiendo derechos, quienes perdieron su empleo, jubilados y jubiladas, personas con discapacidad, trabajadores de la salud y todos los sectores perjudicados por las políticas del Gobierno nacional”.
Qué establece la ley
La norma tiene como objetivo fortalecer el sistema público de educación superior en múltiples dimensiones: desde el sostenimiento de las actividades académicas y científicas hasta la mejora de las condiciones laborales, el acceso y permanencia estudiantil, la ampliación de la oferta educativa, el mantenimiento y mejora del equipamiento y los edificios, la inversión en programas de ayuda económica y el desarrollo de la extensión y la investigación.
Uno de los puntos centrales es la actualización del presupuesto universitario en función de la inflación. La norma establece que el Poder Ejecutivo debe ajustar los gastos de funcionamiento según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, tanto de manera retroactiva como con actualizaciones bimestrales a lo largo de 2025. El objetivo es evitar el desfasaje presupuestario frente al aumento sostenido de precios que afecta directamente el funcionamiento cotidiano de las universidades.
En la misma línea, la ley dispone la recomposición salarial para docentes y nodocentes universitarios, obligando al Gobierno a convocar a paritarias y garantizar incrementos que, como mínimo, acompañen la inflación acumulada. Además, establece que estos aumentos deben ser remunerativos y bonificables.
