Privatización de AySA: cómo sigue el proceso y qué pasa con la cautelar

Por Pedro Bussetti

Cuando volvimos de La Plata de hablar sobre la posibilidad de que la Cámara se expidiera sobre la cautelar que dictó la jueza en primera instancia por la privatización de AySA, nos encontramos con que el Ministerio de Economía iba a abrir los sobres para la licitación de AySA. Ahora, parece que hay tres o cuatro oferentes.

Desde el colectivo de organizaciones de usuarios y consumidores decimos que, si el Poder Ejecutivo abre los sobres para la licitación, estaría incumpliendo esta medida cautelar que dictó la Justicia. Sería legitimar que el proceso continúa como si nada.

Ante esta posibilidad de que el Poder Ejecutivo realice la apertura de los sobres, conversamos con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires sobre las acciones que se pueden hacer. Nos adelantaron que, en este caso, la Defensoría impugnará esta acción ante la Justicia.

Hay que aclarar que esta medida cautelar no es contra la privatización de AySA, sino contra las consecuencias de la privatización. Porque el Estado nacional vende el 90 por ciento de las acciones de la empresa sin haber hecho un informe sobre el impacto ambiental derivado de las 440 obras inconclusas.

El concesionario nuevo no está obligado a continuar estas obras de inmediato. Con la concesión, se deja un pasivo ambiental que preocupa. Hay muchas obras que estaban en vías de ejecución sobre la Cuenca Matanza – Riachuelo.

Falta de estudio y de tasación

El Estado debería haber hecho un estudio de impacto socioambiental para ver las consecuencias que generaría la no continuidad de estas obras. También tendría que haber habido una intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación para valuar el 90 por ciento de las acciones de AySA. Por lo tanto, no hay una tasación oficial del Estado nacional.

El Ministerio de Economía dijo que espera recaudar entre 450 y 500 millones de dólares. Esto quiere decir que ya le pone un tope al valor. Si hubiera un concesionario que visite a la empresa, como se hizo, y hubiera querido tasar más, el Gobierno ya puso un precio.

Redacción

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