La Justicia federal procesó al director del centro médico, a una empleada y a un abogado por una presunta maniobra de explotación reproductiva. La investigación apunta al aprovechamiento de víctimas en situación de vulnerabilidad económica.
Fecundart, la clínica de fertilización asistida de Córdoba que quedó bajo la mira de la Justicia. (Foto: Google Maps)
La Justicia federal de Córdoba procesó al dueño de una clínica de fertilidad acusado de captar mujeres vulnerables para realizar gestaciones por sustitución con fines comerciales. La causa también involucra a una empleada administrativa y a un abogado vinculados a la maniobra investigada.
La decisión fue tomada por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, en línea con lo solicitado por la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, junto al fiscal general Carlos Gonella y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Los tres acusados fueron procesados por trata de personas con fines de explotación, en la modalidad de reducción a la servidumbre y explotación reproductiva, agravada por el abuso de la situación de vulnerabilidad. Además, el abogado también fue acusado por falsedad ideológica.
Como parte de la resolución, el magistrado ordenó embargos por un total de $1.051.200.000 para garantizar eventuales reparaciones a las víctimas.
Según la investigación, los imputados habrían captado a mujeres con dificultades económicas y falta de empleo formal para utilizarlas como gestantes mediante técnicas de reproducción humana asistida.
Cómo era la presunta maniobra investigada
En la resolución judicial se indicó que la clínica Fecundart, ubicada en el barrio Nueva Córdoba, utilizaba su base de datos de donantes de óvulos para identificar mujeres con necesidades económicas urgentes.
De acuerdo con la causa, eran convocadas inicialmente para donar gametos a cambio de una compensación económica y luego eran “tentadas” para subrogar sus vientres por sumas cercanas a los 10 mil dólares.
La acusación indica que las víctimas eran mujeres en una situación de vulnerabilidad económica. (Foto: Adobe Stock)
Para el juez, tanto el dueño de la clínica como la empleada conocían el contexto de vulnerabilidad de las mujeres involucradas y aun así avanzaban con los tratamientos médicos. Incluso, en algunos casos, se realizaron transferencias embrionarias sin autorización judicial previa.
La investigación también señala que una de las víctimas sufrió complicaciones de salud después de una cesárea y que la clínica habría abandonado el seguimiento médico posterior al parto.
Los mensajes y el rol del abogado en la causa
En relación al abogado procesado, el expediente sostiene que administraba “como si fuera un supermercado” un “stock” de gestantes y personas interesadas en acceder a estos tratamientos.
Además, según el peritaje realizado sobre su teléfono, daba instrucciones a las mujeres para que afirmaran ante la Justicia que tenían una “amistad previa” con los padres intencionales.
Entre los mensajes incorporados a la causa, se encontraron indicaciones para que las mujeres memorizaran respuestas antes de las audiencias y pedidos para que “no hablen de más”.
En otro de los episodios incluidos en el expediente, el abogado le habría pedido a una mujer que cambiara su foto de perfil de WhatsApp y se quitara las uñas postizas antes de reunirse con una pareja interesada en el procedimiento para dar “una mejor impresión acerca del ‘producto’ que ofrecía”.
En el fallo, la Justicia remarcó el caso de una mujer que fue ofrecida como gestante apenas 45 días después de haber dado a luz. (Foto: Adobe Stock)
Uno de los casos mencionados en la resolución judicial involucra a una mujer de 33 años que fue ofrecida nuevamente como gestante apenas 45 días después de haber dado a luz mediante el mismo procedimiento.
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, ocultar esa información expuso a la víctima a riesgos graves para su salud.
En su fallo, Sánchez Freytes remarcó que la gestación por sustitución no está prohibida en la Argentina y que existen antecedentes judiciales que la admiten en casos solidarios y sin fines comerciales.
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Sin embargo, advirtió que este tipo de prácticas puede convertirse en un delito cuando existe explotación y aprovechamiento de la vulnerabilidad de las mujeres gestantes. Además, sostuvo que la falta de una ley específica “no autoriza el comercio o alquiler de vientres”.
