La crisis de endeudamiento de las familias argentinas se ha convertido en un tema de primer orden de la agenda pública. Las máximas autoridades de la iglesia católica reclamaron este martes una solución al gobierno nacional, mientras la oposición tomo el tema como eje de la campaña electoral e impulsa más de 50 proyectos en la Cámara baja. Al mismo tiempo, la consultora 1816 reveló que los índices de irregularidad en los créditos de las entidades financieras volvieron a pegar un salto en julio pasado, luego de una leve reducción de junio, al pasar del 7,63% a 7,73% del total. Lo grave es que, dentro de ese porcentaje, la mora de las familias aumentó al 12,94%, mientras que en el sector informal trepó al 33,69%.
Ante este panorama, desde Hoy Día Córdoba dialogamos con el director de la Licenciatura en Finanzas de la Universidad Siglo 21, Nicolás Quaglia, para entender el origen y la dimensión de esta verdadera crisis social, que complica cada vez más la vida de miles de ciudadanos.
El origen del problema
“La explicación más común que se suele escuchar reduce el problema del crecimiento de la mora en las familias argentinas a la idea de que ‘se endeudaron demasiado’. Pero esa interpretación omite la pregunta más importante: ¿Por qué lo hicieron?”, explica Quaglia en diálogo con este diario, donde advierte que “las familias argentinas no toman decisiones sobre muchos factores claves que las condicionan, como la política macroeconómica, las tasas de interés, los niveles de las paritarias, que suben por debajo de la inflación”.
A la hora de buscar explicaciones, el directivo de la Siglo 21 propone, en primer lugar, “mirar el cambio de régimen económico iniciado en 2024”, al explicar que las familias y las empresas argentinas “se encontraron con una crisis no tradicional”, que implicó “un cambio profundo en la estructura de la economía argentina, que inicialmente interpretaron como un fenómeno transitorio”.
Quaglia explica que el gobierno de Javier Milei aplicó durante su primer año de gestión un cambio de modelo profundo en la economía que “modificó abruptamente los precios relativos, donde los llamados ‘gastos fijos’ comenzaron a absorber una proporción mucho mayor del ingreso familiar: electricidad, gas, expensas, alquileres, medicina prepaga, colegios, entre otros servicios, aumentaron muy por encima de la capacidad de adaptación de muchos hogares. Al mismo tiempo, el salario real perdió poder adquisitivo y numerosos sectores sufrieron una reducción del empleo o de las horas trabajadas”.
“Las familias se encontraron, en poco tiempo, con un presupuesto completamente distinto. Sin embargo, la mayoría no modificó inmediatamente su estilo de vida, pero esa decisión fue completamente racional”, destaca Quaglia en diálogo con HDC, donde argumenta que “nadie cambia de colegio a sus hijos, rescinde un contrato de alquiler, abandona una cobertura médica o altera profundamente su forma de vivir por un problema que supone pasajero. Vale recordar que en ese momento imperaba la idea de que el ‘ajuste lo iba a pagar la casta’, entonces los ciudadanos pensaron que no iba a recaer en ellos. La expectativa mayoritaria era que el esfuerzo iba a ser intenso, pero por un tiempo breve”.
La iglesia reclamó una solución para las familias endeudadas
Las expectativas ciudadanas
“Esa expectativa definió las decisiones financieras de miles de hogares. Primero liquidaron los ahorros y las familias utilizaron sus reservas acumuladas durante años para sostener su nivel de consumo. Pero cuando esos recursos comenzaron a agotarse, recurrieron a las tarjetas de crédito para financiar los gastos corrientes. Luego aparecieron los préstamos personales. Más tarde comenzaron las refinanciaciones y el pago del mínimo de la tarjeta. Finalmente, cuando el desequilibrio entre ingresos y gastos siguió durante demasiado tiempo, apareció la morosidad”, completó el economista, quien remite a “un concepto de Milton Friedman, que se ubica en las antípodas del pensamiento keynesiano, llamado ‘teoría de ingreso permanente’ que establece que las familias definen el consumo no sólo en base a su ingreso presente sino también a futuro, a los ingresos esperados. Si tienen un shock transitorio, tratan de sostener el consumo con diferentes estrategias como el crédito. El problema es que ese shock inicial de la gestión de Milei no fue transitorio, el ajuste recayó en las familias y lo que hoy estamos viviendo es una situación complicada porque estamos en el final de la película, donde las familias ya no tienen capacidad de adaptación: no tienen ahorro, están endeudadas y no pueden recurrir al pago del mínimo de las tarjetas”.
Una salida en tres niveles
A la hora de pensar soluciones al atolladero, Quaglia sostiene que “se necesita un abordaje en tres niveles distintos para superar esta situación de sobreendeudamiento de las familias, que involucre soluciones a un nivel macroeconómico, a un nivel sectorial y a un nivel microeconómico. En otras palabras, la solución requiere que la política macroeconómica del Gobierno, el sistema financiero y los hogares actúen de manera coordinada”.
“A nivel de la política macroeconómica, la solución requiere que los responsables de idear las políticas vean cómo reenfocan el modelo para aumentar los ingresos de las familias, porque una familia no puede salir de un endeudamiento estructural solamente administrando mejor sus gastos si sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades y sus obligaciones financieras. La recuperación requiere crecimiento, empleo, ingresos reales, capacidad de ahorro y previsibilidad. Si las paritarias siguen por debajo de la inflación, si sigue sin reactivarse el consumo, la situación va a seguir complicada en este plano”, explicó Quaglia.
“Por el lado sectorial, a nivel financiero, también requiere la intervención del Estado”, agregó el director de la carrera de Finanzas de la Universidad Siglo 21, al entender que “la falta de regulaciones del sector bancario y financiero estimula a que las entidades puedan cobrar cualquier tasa. Hay que construir un mercado de crédito sostenible, dentro de un marco regulatorio que contemple tanto a la competencia como la capacidad de repago. Hay que discutir tasas, spreads, criterios de otorgamiento, información disponible y mecanismos de refinanciación, entre otros ítems, fijando límites cuando el costo financiero resulta incompatible con la capacidad de pago”.
“Hay que entender que las fintech no son ni buenas ni malas: son como las dejan ser. En un sistema capitalista, las empresas buscan maximizar sus beneficios, por lo que subirán sus tasas a niveles lo más alto posible si pueden hacerlo. Entonces, el problema es de regulaciones, donde la autoridad monetaria debe tomar cartas en el asunto”, agregó Quaglia.
“Por último, a nivel familiar, hay que volver a planificar. La educación financiera es indispensable, ya que permite comprender los riesgos del endeudamiento, administrar mejor el presupuesto y utilizar el crédito de manera responsable. Pero no es suficiente. Las familias también tienen que actuar porque no alcanza con saber qué es una tasa de interés o cuánto hay que pagar el mes próximo. Hay que mirar los próximos doce meses para planificar: cuánto ingresa, cuánto se gasta, cuánto se debe y qué ocurriría si los ingresos no aumentan. Si los números no cierran, cada familia tendrá que tomar decisiones comobuscar ingresos adicionales, reducir gastos, reorganizar la deuda o revisar decisiones patrimoniales”, agregó.
La expansión de las herramientas financieras
El economista agrega otra complejidad al análisis del fenómeno. “La complejidad de este momento es que la posibilidad de acceder a herramientas financieras se expandió muy rápidamente en los últimos cinco años entre la población: de repente, todo el mundo tiene acceso a distintas herramientas del sistema financiero con las billeteras virtuales, pero la educación no acompañó el avance tecnológico. Hay todo un trabajo fuerte a realizar allí que ayude a las familias a realizar una planificación financiera consciente y responsable”, explica Quaglia, que al mismo tiempo aclara que “la educación financiera no reemplaza al crecimiento económico: no puede compensar una pérdida persistente del poder adquisitivo ni sustituir ingresos que dejaron de existir. Administrar mejor ayuda, pero no alcanza cuando el desequilibrio entre ingresos y gastos se vuelve estructural”.
“Por eso, estos tres niveles tienen que actuar de forma coordinada, porque ninguno puede sustituir a los otros. Una familia puede administrar bien sus finanzas y, aun así, sufrir una caída de sus ingresos. Un banco puede diseñar correctamente sus productos y, aun así, enfrentar una cartera deteriorada si sus clientes pierden capacidad de pago”, ejemplifica.
La situación de las empresas
Por último, Quaglia advierte que “el fenómeno no es exclusivo de los hogares. Las empresas, especialmente las Pymes, atravesaron una secuencia muy similar, donde la tasa de irregularidad pasó de 0,7% a 3,5% en dos años, según datos del Banco Central de la República Argentina”.
“Frente a la caída de las ventas y al aumento de los costos fijos, muchas empresas optaron por sostener su estructura esperando una recuperación relativamente rápida. Al principio, la mayoría evitó despedir personal: las empresas utilizaron liquidez, consumieron reservas y postergaron inversiones confiando en que la situación mejoraría en el corto plazo. Cuando esa recuperación no llegó, comenzaron a financiar capital de trabajo con deuda. Más tarde aparecieron los recortes de inversiones. Después, los despidos. Y finalmente, en numerosos casos, el cierre definitivo”, completó Quaglia en diálogo con Hoy Día Córdoba.
La morosidad volvió a subir y alcanzó un nuevo récord en julio
