Este jueves, finalizó la jornada federal de 24 horas que impulsaron las universidades públicas de todo el país para visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema de educación superior en Argentina. Durante la actividad, que comenzó el miércoles, se desarrollaron clases públicas, intervenciones culturales, charlas abiertas y vigilias en distintos puntos del país, con el objetivo de acercar la problemática a la sociedad y reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Cabe destacar que la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) se plegó a la jornada con distintas actividades: radio abierta, clases públicas y, cerca de las 18, en la explanada del Teatro Universidad, se realizó una actividad simbólica con teléfonos celulares, velas y carteles.
En ese marco, El1 repasó de qué se trata la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N° 27.795), que se sancionó definitivamente el 2 de octubre de 2025 pero, 18 días después, el Gobierno nacional decidió suspender su aplicación, profundizando el conflicto con la comunidad educativa.
Qué establece la ley
La norma tiene como objetivo fortalecer el sistema público de educación superior en múltiples dimensiones: desde el sostenimiento de las actividades académicas y científicas hasta la mejora de las condiciones laborales, el acceso y permanencia estudiantil, la ampliación de la oferta educativa, el mantenimiento y mejora del equipamiento y los edificios, la inversión en programas de ayuda económica y el desarrollo de la extensión y la investigación.
Uno de los puntos centrales es la actualización del presupuesto universitario en función de la inflación. La norma establece que el Poder Ejecutivo debe ajustar los gastos de funcionamiento según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, tanto de manera retroactiva como con actualizaciones bimestrales a lo largo de 2025. El objetivo es evitar el desfasaje presupuestario frente al aumento sostenido de precios que afecta directamente el funcionamiento cotidiano de las universidades.
En la misma línea, la ley dispone la recomposición salarial para docentes y nodocentes universitarios, obligando al Gobierno a convocar a paritarias y garantizar incrementos que, como mínimo, acompañen la inflación acumulada. Además, establece que estos aumentos deben ser remunerativos y bonificables.
Becas e investigación
Otro eje clave es el financiamiento estudiantil. La norma ordena la actualización automática de las becas, como el Progresar y Manuel Belgrano, también en base al IPC. El objetivo es sostener el acceso y la permanencia en el sistema universitario, especialmente en los sectores más vulnerables.
Finalmente, la ley contempla el fortalecimiento de la investigación científica, mediante la asignación de partidas específicas para regularizar el ingreso a la carrera de investigador y garantizar becas para nuevos y posdoctorales, un aspecto considerado estratégico para el desarrollo del país.
