Luego de realizar un análisis del estado de situación de los subsidios a la energía eléctrica y los alcances de los mismos que impactaban positivamente en sectores sociales de alto poder adquisitivo, el Gobierno nacional dio a conocer dos números que ahora afectarán de manera negativa a un grupo de buen pasar económico para beneficiar a quienes menos recursos tienen en Argentina.
Con el objetivo de avanzar en el orden fiscal, la medida forma parte del nuevo esquema de segmentación tarifaria y busca reorientar el beneficio a sectores de la población de bajos recursos e ingresos económicos, excluyendo a quienes no necesitan el subsidio. En este punto, desde el Gobierno dijeron que “la medida representa el fin de los privilegios que algunos políticos gozaban por el sólo hecho de vivir en Puerto Madero o barrios privados, ya sean dueños de la propiedad o vivan de prestado, como le pasaba a algún que otro político en la Argentina”.
Traducido en números, el alcance de la medida representa al 44% de la población de tales lugares, quienes se habían categorizado como de ingresos bajos y al 56% que se consideraba de ingresos medios, pero que, por su estilo de vida y consumo mensual del servicio el resultado fue el contrario, ya que, en muchos casos, se equiparaban con los de una pyme promedio en la República Argentina.
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La decisión alcanza a más de 15.500 usuarios del servicio de electricidad residentes en el exclusivo barrio de Puerto Madero, como así también a quienes lo hacen los barrios cerrados del AMBA y serán excluidos del régimen de subsidios energéticos.
En este sentido, la Nación comenzó con el proceso de recategorización de forma automática, lo cual le va a permitir al Gobierno el ingreso de más de $3.000 millones al año y, en consecuencia, la medida va a robustecer la labor gubernamental camino al orden fiscal.
“Además, es un paso importante para sanar un esquema tarifario devastado por el despilfarro de 150.000 millones de dólares en subsidios que se han otorgado durante los últimos 20 años”, sostuvieron desde el Gobierno y dejaron en claro que “la energía cuesta y quien pueda pagarla debe hacerlo” excediendo a más de 15.550 usuarios.
